Desde que el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue nombrado rey de España y jefe del Estado en virtud de la ley de sucesión de 1947 promovida por el dictador Francisco Franco, han sido no pocos los empresarios que han buscado la manera de acercarse a la Corona para ganarse el favor del monarca y contar con un as en la manga si venían tiempos difíciles. Desde que el rey se reconcilió con su padre, que le reprochaba su decisión de convertirse en delfín de Franco, la amistad del patriarca de los Borbón también se convirtió en un activo importante para aquellos hombres de negocios que un día pudieran verse perseguidos por la Justicia.
Don Juan fue el primero en ser cortejado nada menos que por Mario Conde, a la sazón presidente de Banesto, uno de los iconos de la cultura del pelotazo y en aquel momento uno de los hombres más poderosos de España, en 1988. El antiguo banquero, hoy candidato a las próximas elecciones a la presidencia de la Xunta de Galicia por Sociedad Civil y Democracia, cultivó las relaciones con el entonces conde de Barcelona tanto como pudo, aprovechando la afición náutica de Don Juan, hasta que éste se convirtió en un asiduo del yate de Conde en Mallorca.
Según asegura el periodista Ernesto Ekaizer en su libro Banqueros de Rapiña, cuando Conde ya se había ganado la confianza de don Juan, le convenció para que mediara ante Torcuato Luca de Tena para que aceptara la entrada de Banesto en el capital de ABC, propiedad entonces de la familia Luca de Tena.
Don Juan se sorprendió cuando Luca de Tena rechazó la oferta de forma diplomática pero rotunda. Conde, sin embargo, siguió cultivando la amistad del padre del monarca. Hasta el punto de que, cuando el cáncer acabó con su vida el 1 de abril de 1993, el entonces presidente de Banesto se atribuyó haber sufragado parte de los gastos médicos de don Juan en el Hospital Universitario de Navarra. Sí logró administrar el escaso patrimonio de don Juan de Borbón y parece que logró arrebatar al Banco Central las cuentas del rey cuando Alfonso Escámez se jubiló como presidente del Banco Central en pleno proceso de fusión con el Banco Hispano Americano.
De nada le serviría cuando el día de los inocentes de 1993, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, anunció la intervención de Banesto. Las investigaciones a raíz de la intervención acabaron con un Mario Conde condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo a causa de su administración del banco. Cumplió casi 10 años de prisión.
El financiero corrupto Javier de la Rosa fue todavía más osado e intentó utilizar el flujo incesante de petrodólares de los kuwaitíes de KIO para acercarse directamente al monarca. Su interlocutor no era otro que el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del rey en aquel momento. El primer intento exitoso de De la Rosa se produjo en 1990 cuando, en el último momento, consiguió colarse entre el grupo de empresarios liderado por Pedro de Mir que decidió regalar al monarca un exclusivo prototipo de la alemana Porsche.
Pero De la Rosa, convencido de que Prado era el testaferro del monarca, decidió comprar su voluntad casi a cualquier precio. Si De la Rosa ha pasado los últimos 18 años entrando y saliendo en prisión ha sido entre otras cosas por la desaparición de 5.000 millones de pesetas de 1992 del Grupo Torras, el portaaviones del grupo KIO en España. Prado también fue condenado a prisión, concretamente a dos años de cárcel en 2004, por aquella operación. Cuatro años después, falleció víctima de un cáncer.
De la Rosa ha repetido en diversas circunstancias que el dinero era para reponer pérdidas generadas por Prado en el patrimonio del monarca.
Por razones humanitarias, se le concedió inmediatamente el tercer grado penitenciario. Lo cierto es que el dinero acabó en las cuentas de sociedades cuyo titular era Prado. Sin embargo, el juez británico de la Superior Commercial Court británica, Jonathan Mance, en la sentencia civil del caso no dudó en definir a Prado como “un hombre de negocios muy próximo al Palacio Real español”. Durante el juicio, además, quedó claro que Prado había actuado como representante del Estado español, cuando gobernba Felipe González, en una cumbre con la dirección de KIO en el Cairo para intentar encontrar una solución extrajudicial al conflicto.