El relato del procés volvió este martes a dar un giro inesperado con la orden del fiscal general del Estado a sus subordinados para que soliciten al Tribunal Supremo la excarcelación de Joaquim Forn, el exconseller de Interior y antiguo jefe político de los Mossos al que el propio Ministerio Público y el juez Pablo Llarena vienen colocando en la cúspide del plan independentista para el referéndum ilegal del 1-O y la “explosión violenta” ante la Consellería de Economía del 20 de septiembre. Al desconcierto del enunciado se sumaron las explicaciones de la Fiscalía General del Estado, que incluye entre sus argumentos complicaciones en el estado de salud de Forn, que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, desmiente categóricamente.
Sánchez Melgar había optado por un perfil bajo si se atiende al desarrollado por su predecesor en el cargo, el fallecido José Manuel Maza, en lo que respecta al proceso soberanista. Presentadas las querellas que dieron origen a los casos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, contra las que florecieron las críticas por la posible falta de competencia de esas instancias para investigar los hechos, han sido los fiscales en cada uno de esos tribunales los protagonistas de la actuación del Ministerio Público. Hasta el día de ayer, cuando el fiscal general que eligió el Gobierno para sustituir a Maza desconcertó al Tribunal Supremo y a la propia Fiscalía. Está por ver si ese desconcierto inicial desaparece con una decisión del tribunal favorable a la petición del Ministerio Público.
Forn llegaba a la cita de este martes en el Tribunal Supremo tras cinco meses en la prisión de Estremera. Sus reiterados intentos por salir de la cárcel habían chocado siempre con el juez Pablo Llarena y la Fiscalía, quienes le sitúan como una pieza fundamental en la estrategia para la celebración del referéndum de independencia. De él dependían los Mossos d’Esquadra, quienes facilitaron la celebración del 1-O, según el testimonio del mando único de Interior, Diego Pérez de los Cobos.
El exconseller lo había intentado todo. En distintos recursos había solicitado al Tribunal que le dejase en libertad rechazando la vía unilateral para la independencia y llegó a renunciar al escaño como gesto para alejar la posibilidad de reiteración delictiva. Aquello no sirvió ni a la Fiscalía ni a Llarena, que valoró “la todavía cercana determinación con la que el investigado condujo su grave actuación delictiva”. Ese auto tiene fecha de principios de febrero y con él se alejaba la posibilidad de que los que quedan presos por esta causa saliesen de prisión antes de que se celebrase el juicio.
Además, el pasado 12 de marzo la Fiscalía se pronunció en el mismo sentido que en sus anteriores escritos, tras el recurso presentado por Forn y Cuixart: “procede mantener la situación de prisión provisional de los solicitantes”. En la vista de este martes, sin embargo, la Fiscalía ha cambiado de criterio poco más de una semana después y ha pedido al juez que imponga a Forn una fianza de 100.000 euros para que pueda salir de prisión. Cadena, uno de los fiscales del caso, ha formulado esta petición dejando claro que lo hacía por orden expresa de Sánchez Melgar y por “imperativo legal”.
De hecho, ha llegado a mencionar el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que recoge la potestad del fiscal general del Estado para impartir a sus subordinados órdenes e instrucciones. Cadena ha dejado así claro en la sala que formulaba la petición de libertad bajo fianza pero no la compartía.
Fiscalía no ha pedido el informe médico de Forn
La Fiscalía General del Estado ha distribuido poco después un documento que desarrollaba los argumentos que Cadena no ha esgrimido dentro de la sala. Ese escrito recoge en primer lugar las “razones humanitarias” para excarcelar a Forn y hace referencia a que padece tuberculosis. Su propia defensa ya denunció públicamente que el exconseller había contraído esta enfermedad en prisión.
Interior lo negó entonces y lo ha vuelto a negar este martes. Según fuentes del Ministerio, a Forn se le realizó el test que detecta esta enfermedad y dio negativo. Apuntaron entonces a que podía haber estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis de niño, pero eso no significaba que ahora padeciese la enfermedad. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido ha reiterado este martes que el exconseller no padece tuberculosis y que nadie ha pedido informes al respecto.
“Ninguna institución ha solicitado a Instituciones Penitenciarias informes médicos relativos al exconsejero señor Forn”, ha añadido Zoido en el Senado, al ser preguntado por este asunto. Ha asegurado que debe ser la propia Fiscalía quien explique por qué ha solicitado la libertad para Forn apoyándose en su presunta tuberculosis.
Ahora serán los jueces Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que se ocupan de revisar la decisiones de Llarena, quienes decidirán si atienden a la petición de Fiscalía de dejar en libertad con fianza a Forn y mantener preso a Jordi Sánchez. Este último también ha anunciado que dejará su acta en los próximos días, sumándose así a la vía abierta por Forn y dejando claro que no se presentará a la investidura.
“Nerviosismo” del Gobierno
El entorno de Junts per Catalunya ve tras este cambio de criterio el temor del Gobierno a que se constate en el exterior la existencia de presos políticos, según informan fuentes de esta formación. Señalan que es de celebrar que este cambio abra una pequeña oportunidad para que Forn salga de prisión e insisten en que “como el resto de presos políticos, no ha cometido ningún delito y no debe pasar ni un minuto más en prisión preventiva”.
Esas mismas fuentes inciden en que las situación de Forn no ha cambiado desde los últimos escritos de la Fiscalía en los que se negaba a su salida de prisión. La conclusión que sacan es que el giro en el criterio de la Fiscalía confirma que los todavía encarcelados “son presos políticos”. Destacan, además, que se ha producido después de que la propia mujer de Forn acudiese a Ginebra para denunciar, junto a Carles Puigdemont y Anna Gabriel, “la situación de los presos políticos en España”.
“Es evidente que el Estado español se pone muy nervioso porque se pueda ir denunciando a nivel internacional la debilidad de la democracia y las prácticas antidemocráticas que está cometiendo”, añaden desde Junts per Catalunya.