“A mis amigos del Grupo Unifica con todo mi afecto y mi cariño”. Así dedicó Mariano Rajoy la fotografía en la que aparece junto los responsables de la empresa encargada de hacer la reforma de su sede central entre 2005 y 2010 y que uno de ellos enmarcó y colocó en la mesa de su despacho. Once años después de que finalizaran los trabajos, el pago de parte de esas obras con dinero de la caja B centra el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Este martes, el sustituto de Mariano Rajoy en la presidencia del PP, Pablo Casado, ha anunciado que se marchan de la sede de Génova 13, tratando de borrar para siempre la huella del dinero negro que impregna seis de sus nueve plantas.
Para poder consumar la mudanza, Casado deberá contar con el aval de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, que se reunirá próximamente aunque la dirección popular aún no ha puesto una fecha concreta. Los estatutos del PP establecen en su artículo 1.4 que “la sede nacional del partido se fija en el número 13 de la calle de Génova, 28004 de Madrid, y podrá ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional, sin necesidad de modificar los presentes estatutos”.
Todavía consternado por la inesperada victoria del PSOE en las elecciones generales del año anterior, el Partido Popular decidió en 2005 que era el momento de lavar la cara a la sede que ocupaba desde 1983. La reforma del edificio no era simbólica. A fin de cuentas, el único cambio apreciable era la presidencia del partido, que Mariano Rajoy había estrenado con una derrota electoral, y su equipo de oposición estaba formado por las mismas caras que hasta hacía unos meses ocupaban los ministerios.
En la administración del partido también seguían los mismos: Álvaro Lapuerta como tesorero y Luis Bárcenas en la gerencia. Hasta ellos llegó la investigación de la caja B. Y solo hasta ellos. Escudados en unos estatutos donde el gerente y el tesorero aparecen como una suerte de entes autónomos del presidente y el secretario general, ni Rajoy, ni sus lugartenientes en la época investigada, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, estuvieron nunca imputados. Bárcenas señaló ante el juez Pablo Ruz a ambos como conocedores de la caja B y autores del visto bueno al pago de la reforma con dinero negro. En su declaración como testigo, Ruz mostró a Acebes una fotografía con Gonzalo Urquijo. El ex secretario general señaló que correspondía a una copa de Navidad del partido, celebración a la que acude mucha gente, dijo.
El año del Congreso de Valencia, en el que Rajoy confirma su puesto y nombra a Cospedal secretaria general, es el que centra la vista que se sigue en la Audiencia Nacional, el ejercicio fiscal correspondiente a 2008, el único de los 'papeles de Bárcenas' que acoge delitos no prescritos. En ese 2008 está fechada la fotografía de Rajoy con los responsables de Unifica. Y es ahí donde empieza el relato del auto con el que el juez José de la Mata abrió el juicio oral por el pago de las reformas de la sede con dinero negro que habían ingresado en la caja B grandes empresarios de la construcción desde los tiempos de Alianza Popular. En total, 1.552.000 euros que empresarios habían entregado al Partido Popular en secreto y con los que este dotó de una nueva y moderna imagen a su sede central. El PP daba salida al dinero negro, obtenía una una rebaja de entre el 8% y el 10% y Unifica no declaraba a Hacienda esas cantidades en 'b'.
La investigación considera probado que el partido encargó a la gerencia la ejecución de la reforma y que Luis Bárcenas acordó la trampa con el responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo de Córdoba, siempre “con el conocimiento y connivencia” de Álvaro Lapuerta, ya fallecido, y Cristóbal Páez, adjunto a la gerencia del partido. Al otro lado conocerían el chanchullo la socia de Urquijo, Belén García, y la arquitecta responsable de la reforma de Génova, Laura Montero. Todos ellos se sientan en el banquillo de los acusados. El Partido Popular se enfrenta a ser condenado como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales que se atribuyen a Bárcenas y Páez y por los que ya tuvo que abonar una fianza de 1,2 millones de euros.
Cada planta que aún ocupan los responsables del partido tiene sus peculiaridades en cuanto al pago irregular de su reforma. En las plantas tercera, cuarta y quinta, por ejemplo, se elaboró una factura menor al precio real de la obra. La rebaja responde a entre un 8-10% y a partir de ahí se produce un pago complementario de los trabajos no facturados con cargo a la caja B: 258.000 euros, planta quinta; 235.000 euros, planta tercera; 200.000 euros, planta cuarta.
En la remodelación de la planta segunda se constata la existencia de trabajos sin facturar por Unifica, tales como la escalera principal, la instalación de góndolas en la cubierta, la reforma de un despacho y la entreplanta, por un importe de 211.160,77, que salen de la caja B y que Unifica no declarará. Así aparece en el apunte de los 'papeles de Bárcenas correspondiente al 28 de enero de 2008: 195.000 euros, una vez realizado el descuento del 8%.
Y así hasta llegar a la planta que ocupó Mariano Rajoy y hoy es sede del despacho de Pablo Casado, la séptima. Aquí los investigadores detectaron una falta de correlación entre la factura de abono emitida por Unifica y la documentación que aportaron el PP y el Tribunal de Cuentas al juez Ruz. Además, se modificaron facturas para que pareciera que los trabajos se habían realizado en 2010 cuando databan del año anterior.
Un edificio que vale 36 millones
Una estimación del portal inmobiliario idealista cifra en 36 millones de euros el importe por el que el PP podría vender Génova, 30 por las nueve plantas de oficina y otros seis por las 93 plazas subterráneas de aparcamiento. Recuperaría así casi todo el desembolso de su adquisición del inmueble en 2007, un total de 37 millones de euros a su propietario, la aseguradora Mapfre.
La cifra se acerca igualmente a la deuda que acumulaba el Partido Popular en 2017, último ejercicio recogido en el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de los partidos y que se hizo público el pasado mes de agosto. Según dicho informe, el PP debía hace cuatro años un total de 36,21 millones de euros.
Para el equipo de Casado, el descalabro en las elecciones catalanas –el PP perdió un escaño, se quedó con solo tres, y no logró evitar el sorpasso de Vox, que triplicó a los populares en número de diputados al llegar a los 11– está directamente relacionado con los casos de corrupción que afectan al pasado reciente de su partido y que se están dirimiendo en los tribunales. La dirección del PP atribuye la debacle, en concreto, a la confesión de Bárcenas conocida el pasado día 3, el quinto día de la campaña catalana, y al inicio del juicio sobre la caja B.
La reflexión de Casado cuenta con un importante matiz: todo está agigantado por una estrategia de la izquierda. Es “juego sucio” del Gobierno, dijo Casado este martes, que el juicio arrancara en campaña, a pesar de que la fecha se decidió en febrero de 2020, cuando ni siquiera se habían convocado los comicios catalanes. “Lo que no sabíamos en esta campaña catalana es la tormenta perfecta que nos habían preparado nuestros adversarios. Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones, ni la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido”, aseguró en su discurso ante el Comité Ejecutivo del PP.
“El coste electoral ha sido y es tremendo, y el daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible. Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo para el nuestro. No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos, ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España, que costó la vida a 24 compañeros, y por el que otros miles han consagrado su vida al servicio público”, sentenció.