El PP ya no cree que la gestación subrogada sea “mercantilizar la maternidad”

La portada de ¡Hola! con la imagen de Ana Obregón se había infiltrado en medios de comunicación y redes sociales y era cuestión de tiempo que los periodistas en el Congreso preguntaran a los políticos sobre su opinión. En periodismo, hay temas que desaparecen por completo de la dieta diaria, básicamente porque no hay muchas novedades, pero que reaparecen con una fuerza incontenible cuando surge una imagen o una noticia. Ayuda mucho si el origen es ese espécimen humano conocido como el famoso.

Cuca Gamarra convocó a los periodistas para hablar de otro asunto y le preguntaron por el empleo de la gestación subrogada por Obregón en Miami, básicamente para comprar un bebé previo pago de una considerable suma de dinero. La portavoz parlamentaria del Partido Popular no sólo no entró al trapo, sino que lo tiró por la ventana: “Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece debates profundos y serenos”. Esa es la clase de respuesta que dan los políticos cuando no les apetece hablar de un tema o sencillamente no cuentan con una respuesta clara. No es habitual que alguien diga lo contrario, que un tema requiere debates superficiales y enfurecidos.

Dado que no había respondido a la pregunta, una periodista le pidió la posición del PP sobre ese tipo de gestación, de la que los portavoces del partido han hablado en el Congreso en varias ocasiones en los últimos años. “En cualquier caso, hay que abordar este tema siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena”, respondió. Estaba claro que no le iban a sacar nada concreto ni bajo tortura.

No mucho tiempo después se supo por qué Gamarra se mostraba tan evasiva. Fuentes de la dirección del partido dijeron que tienen una nueva. Ahora no se oponen a legalizar la práctica de los vientres de alquiler bajo ciertas condiciones, aunque aplazan la discusión hasta después de las próximas elecciones generales.

El cambio podía intuirse en el último congreso del partido en el que hubo debate ideológico en una fecha tan lejana como 2017. La falta de consenso hizo que saliera adelante un compromiso muy vago. Sólo se pedía “un debate” que permitiera alcanzar “una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante”. Habían acordado no acordar nada.

Lo cierto es que Ciudadanos llevó al Congreso una propuesta para legalizar la gestación subrogada que sí obligó al PP a posicionarse. Y lo hizo en términos nada ambiguos. En 2017, Rafael Hernando dijo que el partido era “absolutamente contrario a que se pueda usar de forma mercantil el vientre de una mujer”. Después de que la era de Mariano Rajoy tocara a su fin, el PP no se movió de ese rechazo en el Parlamento.

Eso se pudo comprobar cuando Vox presentó una proposición no de ley en noviembre de 2020 con la que actuar contra las “agencias intermediarias de una práctica prohibida en España” y anular las vías que permitían en la práctica incluir en el Registro Civil a los niños adquiridos con ese método.

El PP se opuso, pero dejando claro que estaba en contra de aprobar los vientres de alquiler. “Porque de esto se trata al final, de un contrato que mercantiliza la maternidad y el cuerpo de una mujer, y que en muchas ocasiones es una explotación del estado de necesidad de muchas de estas mujeres”, dijo la diputada Marga Prohens en la Comisión de Igualdad.

Prohens citó las conclusiones del Comité de Bioética, que no eran menos críticas: “Existen sólidas razones para rechazar la maternidad subrogada. El deseo de una persona de tener un hijo no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas”.

El PP sabía entonces que la Iglesia católica rechaza sin ambages la existencia de los vientres de alquiler.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos no mostraron el miércoles la más mínima tolerancia con esta práctica por considerarla indigna. Irene Montero la calificó de “una forma de violencia contra las mujeres”. Para María Jesús Montero, es “una forma más de explotación del cuerpo de la mujer”.

En el debate sobre la gestación subrogada, se suele citar la realidad de que, aunque sea ilegal en España, los bebés resultado de la transacción producida en el extranjero terminan siendo inscritos como españoles e hijos de los que han desembolsado el dinero adecuado, que nunca es poco. Ahí no hay muchas alternativas decentes. Impedir su inscripción los situaría en un limbo jurídico y ellos, que no tienen la culpa de nada, cargarían con las consecuencias.

No hay discusión en el tema de fondo para el Tribunal Supremo, que ha dejado por escrito hasta qué punto considera que los vientres de alquiler son una táctica aborrecible. “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”, dijo una sentencia de 2022.

El Supremo tiene claro que en ese negocio la gestante y el bebé son tratados como objetos, “no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos”. Otra forma de decirlo es que consiste en comprar un ser humano.

Las fuentes del PP han precisado que nunca permitirán que haya una contraprestación económica a cambio de la gestación por encargo. En la proposición de Ciudadanos, que el PP votó en contra, ya se decía que era un modelo “altruista” y sin “carácter lucrativo o comercial”.

Pero sí había dinero de por medio. El término utilizado de “compensación resarcitoria” para la mujer embarazada que entregaría al bebé abarcaba cubrir los gastos derivados “de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro cesante inherentes a la gestación”.

La existencia de un concepto tan difuso como “lucro cesante” abría la puerta de forma genérica a compensaciones económicas que la proposición no concretaba dejándolo a criterio de las normas que pudiera adoptar el Ministerio de Sanidad en el futuro.

Los críticos con esta práctica han reiterado que su legalización terminaría permitiendo el pago de dinero, algo difícil de controlar, con la excusa de compensar el tiempo en que la embarazada no recibiera ingresos regulares.

Ciudadanos intentó responder a ese argumento imaginándose la figura de una estudiante que no tendría inconveniente en pasar por un embarazo con los correspondientes nueve meses y las molestias del parto gracias a su buen corazón e intenciones puramente altruistas.

Más parecía que estaban describiendo una figura mitológica.