El consejero de Murcia que se coló en la vacunación y otras carreras políticas que arruinó la COVID-19

La lista de ceses y dimisiones relacionadas con la lucha contra el coronavirus se ha multiplicado en los últimos meses de la pandemia. El último caso se producía este mismo miércoles en Murcia. Allí, el hasta ahora consejero de Salud, Manuel Villegas, terminaba abandonando su cargo tras el escándalo desatado en la región al conocerse que se había puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 saltándose el protocolo establecido.

Por la mañana, en una primera comparecencia ante los medios tras conocerse su vacunación, Villegas se negó a dimitir y justificó el hecho de haberse vacunado por ser “sanitario”, ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS) aunque no ejerza como tal al tener dedicación exclusiva en el Gobierno de Murcia. Pero las presiones ejercidas principalmente por Ciudadanos, socio de coalición del PP en el Ejecutivo murciano, obligaron por la tarde al presidente regional, Fernando López Miras (PP), a anunciar en rueda de prensa finalmente su cese.

La postura inicial del PP, contraria a la dimisión de Villegas, contrastaba con la mantenida en los últimos días después de que se conociera que los alcaldes socialistas de los municipios alicantinos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, se habían vacunado porque sobraron dosis de las enviadas al centro de salud para el personal sanitario, y el de Rafelbunyol (Valencia), Fran López, también del PSOE, lo hizo el primer día de la campaña en la residencia de ancianos porque, según sostuvo, se lo ofrecieron y no lo pensó. Todos ellos fueron suspendidos de militancia por la dirección de los socialistas.

Este mismo mes, el 7 de enero, fue cesada la directora de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, por los retrasos en el proceso de vacunación en la comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla.

Con todo, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de cargos públicos que han decidido o se han visto obligados a dimitir por una causa vinculada a la pandemia. En la región, la gestión se ha caracterizado por las constantes disputas internas entre los socios de PP y Ciudadanos dentro del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. Poco después del inicio de la pandemia, Ayuso quitaba las competencias en la gestión de las residencias de mayores –uno de los principales focos de la epidemia con mayor número de fallecidos– al responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y se las asignaba a su consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, del PP.

Reyero tardó tan solo unos meses en abandonar el Gobierno regional y en octubre renunció a su cargo deseando “suerte y acierto” a la presidenta Díaz Ayuso y apelando a la “unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus”. La dimisión de Reyero ahondaba en la descoordinación que ya existía en el seno del equipo de Gobierno regional. Así, mientras Díaz Ayuso anunciaba la presentación en los tribunales de un recurso contra algunas de las restricciones aprobadas en ese momento por el Ministro de Sanidad, el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, como Reyero, pedía el fin de las “peleas en ruedas de prensa y tribunales”.

Los problemas de gestión en la Comunidad de Madrid

Se da la circunstancia de que en junio había abandonado su responsabliidad como jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno. Además, el entonces consejero había cesado poco antes –el 14 de mayo– al secretario general técnico del departamento, Miguel Ángel Jiménez, al considerarlo el “máximo responsable” del error que llevó a la publicación de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola, propietario de los apartahoteles de lujo en los que se alojó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a precio reducido durante los primeros meses de la crisis sanitaria.

También en mayo, la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, presentó su dimisión en plena gestión de la desescalada por la COVID-19 al estar disconforme con que la región pasara a la fase 1 –tal y como lo solicitó la Comunidad de Madrid–, que abrió la puerta a un cierto relajamiento en el confinamiento decretado durante el estado de alarma que regía en ese momento. En su carta de dimisión, Fuentes afirmó que no estaba de acuerdo con la petición a Sanidad porque no estaba basada en “criterios de salud”.

En septiembre dimitió el doctor y catedrático Emilio Bouza, que acababa de ser elegido por consenso entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, como portavoz oficial del grupo COVID-19, un órgano conjunto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para cogestionar la pandemia. El propio Bouza desveló en su carta de renuncia que “tras unas horas de reflexión”, y “al percibir las circunstancias” que había presenciado, junto con la contemplación de “dos ruedas de prensa simultáneas” de Gobierno y comunidad el viernes 25, no le dejaban otra salida.

Tan solo un mes después, en octubre, Ayuso afrontó otra nueva dimisión por su gestión de la pandemia. La responsable de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez-Celaya, dejaba su cargo “a petición propia”. Según dijeron entonces fuentes de la Consejería de Sanidad Sánchez-Celaya se iba “por razones personales”, debido al “cansancio” que habría acumulado la médico de familia. “No ha dimitido ni ha sido cesada”, insistieron esas fuentes. Pero poco después llegó la renuncia de la directora de la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Bárbara Fernández. La Comunidad de Madrid aprovechó para anunciar la renovación de las direcciones de tres de sus gerencias asistenciales: la de Hospitales, la de Atención Primaria y la de Planificación Estratégica.

Ceses en Canarias, Aragón, Euskadi, Andalucía y Catalunya

Otras comunidades tampoco se han librado de las crisis internas como consecuencia de la gestión de la pandemia. El 25 de marzo, cuando apenas habían transcurrido diez días desde la declaración del primer estado de alarma, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destituía a la que hasta entonces había sido consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por su trabajo durante la crisis del coronavirus. Su caída se producía tras una serie de deficiencias que habían desembocado en el nombramiento de un nuevo coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria distinto a la consejera, que quedó desautorizada.

Durante el mes de mayo se materializó la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, a raíz de unas declaraciones que indignaron a la comunidad sanitaria. Ventura dijo en una comparecencia en las Cortes autonómicas que era un “estímulo” para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección. Tras su dimisión explicó que había tomado esa decisión para evitar convertirse en un “estorbo” para la gestión de la lucha contra la pandemia en la comunidad.

Ese mismo mes, el director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Jon Sánchez, se vio obligado a presentar su dimisión por haberse saltado el confinamiento y haberse desplazado a su segunda residencia en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde fue localizado por una patrulla de la Policía Local. El Gobierno vasco comunicó el cese de este alto cargo, que antes fue concejal del PNV y apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia.

En el País Vasco, pero en diciembre, dimitió también el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Covid-19, el doctor Ignacio Garitano, para volver, según anunció, a su puesto en Osakidetza en el Hospital Universitario Araba. '“Ha sido una difícil decisión fundamentada en motivos personales y profesionales”, aseguró en la comparecencia que realizó para anunciar su marcha que se materializó poco antes de que el Gobierno de Urkullu revisara su plan de restricciones de cara a la Navidad. Garitano apenas estuvo en ese cargo nueve meses. Y su inesperada salida ahondó los problemas de comunicación que durante toda la pandemia ha mostrado la Consejería de Salud vasca.

Las renuncias más recientes datan de este mismo jueves. Dos altos cargos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), los gerentes de los hospitales bilbaínos de Basurto, Eduardo Maíz, y Santa Marina, José Luis Sabas, en ambos casos exconcejales del PNV en la ciudad, abandonaban sus cargos al destaparse que habían sido vacunados contra la COVID-19 cuando no formaban parte de los grupos prioritarios definidos para ello.

Falta de ejemplaridad

Andalucía tampoco ha sido ajena a las bajas en el sector sanitario durante la pandemia. El pasado mes de mayo dejó su cargo el director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Francisco Merino López. Lo hizo tras la oleada de críticas internas recibidas por el alto índice de contagios por coronavirus entre el personal sanitario. La Consejería de Salud había abierto una investigación interna y, tras confirmar que un mal diagnóstico a un paciente infectado había propagado el contagio entre médicos y enfermeros, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió aceptar la dimisión de Merino.

El suyo no fue el único caso en Andalucía, ya que meses después, en noviembre, dimitió en bloque la dirección médica, administrativa y enfermería, además de jefes de supervisión de esta especialidad, del hospital comarcar de Osuna (Sevilla) alegando “motivos personales”. La Junta de Personal consideró “inverosímil” que la dimisión del director médico se debiera a esos “motivos personales” como había alegado, ya que de ser así el resto de su equipo habría permanecido en el cargo.

En Catalunya, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, dejó su puesto en mayo de 2020 por “motivos de salud”. Guix dejaba tras de sí unas polémicas declaraciones antes de que estallara con toda su crudeza la pandemia. En febrero, sentenció en una en rueda de prensa: “Con las cifras en la mano, nos preocupa más la gripe estacional que el coronavirus”. En julio se fue, por su parte, Josep Ramon Morera Balada, que hasta entonces era el jefe del Gabinete Técnico Departament de Salut de la Generalitat. Él dimitió también por motivos personales. Un mes antes abandonó el equipo de Salut el que hasta el momento era el director de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el doctor César Velasco Muñoz, tras dos años en el cargo.

La falta de ejemplaridad de algunos representantes públicos durante la pandemia también se ha cobrado ceses y dimisiones. El 22 de abril del año pasado el entonces alcalde de Badalona, Álex Pastor, dimitió del cargo tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra mientras conducía por Barcelona saltándose el confinamiento y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Pastor fue arrestado de noche en el Eixample de la capital catalana después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. Su renuncia facilitó que Xavier García Albiol, del PP, recuperara la alcaldía de este municipio catalán.