La gestión del viaje de Felipe VI a Barcelona desata tensiones entre la Casa Real y el Gobierno

Tras varios días de reproches al Gobierno por parte de la carrera judicial —principalmente del mayoritario sector conservador— por la decisión de no refrendar la asistencia de Felipe VI a un acto del Poder Judicial en Barcelona, la gestión de la ausencia del monarca acabó tensando este viernes la relación entre la Casa Real y el Ejecutivo. Especialmente, después de que el presidente del funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cargara contra el Gobierno en su discurso y desvelara que el rey le había dicho por teléfono que le “hubiera gustado estar” en la ceremonia.

La Casa Real, tras horas sin desmentir una información publicada ampliamente en los medios, aclaró hacia la noche que Felipe VI no había hecho ningún tipo de consideración institucional sobre su no presencia en el acto. “Ha sido una llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado”, dijo un portavoz.

Antes de esa aclaración, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya habían reaccionado a las primeras informaciones sobre la llamada reclamando “neutralidad” al jefe del Estado. “Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales”, escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Garzón fue incluso un paso más allá al acusar a la “monarquía hereditaria” de “maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido”. Garzón consideró “insostenible” esa “posición” que, a su juicio, es “aplaudida por la extrema derecha”. Desde el sector socialista del Gobierno guardan silencio.

La polémica ya llevaba unos días coleando y se incrementó durante el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, donde el presidente del Poder Judicial aseguró sentir “un enorme pesar” por la “ausencia” del rey. Lesmes se refirió a Felipe VI como “símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y dijo que su presencia “va mucho más allá de lo protocolario”. En Moncloa evitan valorar el reproche del máximo representante del CGPJ. La víspera, algunos de los miembros de este órgano, cuya mayoría obedece a la correlación de fuerzas que había en 2011 con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que lleva casi dos años caducado por el bloqueo del PP, habían reclamado hacer un comunicado institucional contra el Gobierno. Al no haber consenso, el presidente optó por exponer él mismo la posición de la institución en su discurso público.

El acto, de gran valor simbólico para la judicatura, acabó con un “¡viva el rey!” lanzado por el vocal conservador del CGPJ José Antonio Ballestero y secundado por el propio Lesmes, que fue alto cargo con los gobiernos de Aznar. De los 62 nuevos jueces no asistieron al acto 14, de los que nueve ya habían excusado su presencia antes de que estallara la polémica, según fuentes del CGPJ. No se produjo el boicot masivo con el que se especuló en los últimos días. Sí se descolgó a última hora el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que esgrimió motivos de agenda tras confirmar que asistiría. 

Varios días después de estallar la polémica, el Gobierno no ha explicado por qué decidió que Felipe VI no acudiese a ese acto ni de quién partió la decisión. La Constitución establece que todos los actos oficiales del monarca tienen que contar con el visto bueno del Ejecutivo. Normalmente, su agenda se despacha con el gabinete del presidente o con la vicepresidencia del Gobierno y, en algunos casos, en las reuniones semanales que mantiene con Pedro Sánchez. Fuentes gubernamentales sostienen que el CGPJ gestionó con la Casa Real la participación del monarca en el acto y que el Ejecutivo lo supo después.

Algunos miembros del Gobierno habían expresado el temor a que el Poder Judicial y el Tribunal Supremo aprovechara la presencia del rey en Barcelona para comunicar la sentencia sobre la inhabilitación del president Quim Torra, que está pendiente de conocerse, e incluso de que Lesmes lanzase un alegato contra los indultos en presencia del jefe del Estado. Pero nadie confirma que esa fuese la razón de impedir el viaje de Felipe VI. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aludió este jueves a “un paquete de razones” que no detalló e insistió en que la obligación del Gobierno es “proteger las instituciones”, la Corona entre ellas. El Ejecutivo no ha aclarado si esa protección al monarca pasaba por evitar la presencia del rey en un acto de esa naturaleza.

Fuentes gubernamentales niegan que tuviese que ver con cuestiones de seguridad “que está garantizada en España y en Catalunya, como no puede ser de otra manera”. El acto se celebró en la Escuela Judicial de Barcelona, al noroeste de la ciudad y alejada del centro, un emplazamiento nada conflictivo para organizar dispositivos de seguridad.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sí rechazó que la sentencia sobre la inhabilitación de Torra estuviera detrás de la decisión con el objetivo de evitar posibles algaradas en caso de que fuera condenatoria. “¿Quién sabe cuándo es la sentencia? El Gobierno no lo sabe y no le compete cuando una sentencia sale o deja de salir. Al Gobierno le compete tomar las decisiones las decisiones del Rey Felipe como monarca parlamentario”, zanjó en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER Andalucía. 

Calvo apela a la “neutralidad” del rey

La decisión del Ejecutivo de no refrendar la presencia del rey en un acto del CGPJ se produce en medio de la tormenta por su renovación —lleva dos años en funciones con un equilibrio que favorece al bloque conservador porque se forjó con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy—. “El Gobierno tiene que refrendar políticamente cuáles son las actuaciones y posiciones que mantiene su majestad. Le agradecemos que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad”, respondió Calvo a una pregunta sobre los motivos por los que no se autorizó al jefe del Estado a participar en la entrega de despachos.

Más dura fue la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que acusó a Lesmes de “sobredimensionar” la ausencia del jefe del Estado en ese evento. La número dos del partido dijo que “esperaría” que el presidente en funciones del CGPJ fuese “muy duro” con la decisión del PP de bloquear la renovación.

El también presidente del Tribunal Supremo no hizo ninguna referencia al respecto, como sí había hecho en otras ocasiones, tras haber enviado una carta a los grupos parlamentarios para solicitar la renovación. El PP no ha dudado en atacar al Ejecutivo por la decisión de no permitir la presencia del rey en la entrega de los despachos y lo atribuye a “una cesión más al independentismo”. “Este Gobierno, y le debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey”, arremetió el miércoles el 'número dos' de Pablo Casado, Teodoro García-Egea. 

Más tarde, y tras conocer las intervenciones del vicepresidente Pablo Iglesias y del ministro Alberto Garzón, Pablo Casado acusó al Gobierno de “subvertir el orden constitucional”. “Los ataques del Gobierno al Rey son intolerables. Si Sánchez no desautoriza inmediatamente a su vicepresidente y ministros, será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente. Y actuaremos con firmeza contra esta subversión del orden constitucional”, dijo el líder del PP en un tuit.

En Moncloa son conscientes de que tienen enfrente a un CGPJ adverso y sobre el que no hay ninguna capacidad de control ni siquiera de influencia. “Es una prioridad”, reconocía hace ya unos meses un ministro sobre la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones dos años. Pero la negociación con el PP saltó de nuevo por los aires este verano y Pedro Sánchez tiene muy complicado acometer los cambios que permitan al máximo órgano de representación de los jueces asemejarse a la realidad parlamentaria que dejaron las urnas. Pese a estar en funciones y con una mayoría que no casa con la que dejaron las elecciones, el Poder Judicial pretende seguir haciendo nombramientos en las distintas instancias de la judicatura. 

Aunque el presidente ha apelado a una mayoría alternativa en el Congreso —sin contar a PP y Vox, el resto de grupos suman los 210 diputados que se requieren para elegir a los vocales—, la jugada es casi imposible porque tendrían que apoyar desde la CUP a UPN y Foro. Unidas Podemos plantea un cambio en la ley para que 12 de los 20 vocales que designan las Cortes sean elegidos con mayoría absoluta y se mantenga la actual mayoría reforzada de tres quintos para elegir a los otros ocho. El PSOE no es partidario, al menos por ahora, de esa jugada. Pero las alternativas son pocas. Preguntado por la posibilidad de que se produzcan dimisiones en cascada del bloque progresista o incluso del propio Lesmes, un destacado miembro del Gobierno admite que sería un escenario positivo para su objetivo de renovar la institución, pero lo ve muy improbable.

Las críticas de los jueces

La decisión de Moncloa de no refrendar la asistencia de Felipe VI al acto de entrega de despachos de los nuevos jueces ha creado malestar en la judicatura. Tres de las cuatro asociaciones han criticado su ausencia y jueces a título individual han expresado su malestar difundiendo en las redes sociales fotos del monarca y recordando el artículo 117 de la Constitución, que establece que la “justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey”. La más beligerante ha sido la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, que calificó en un comunicado de “muy preocupante” que el Gobierno declarase “su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional” y, especialmente, si esas razones de seguridad pretendían “disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de carácter moderado y la segunda más representativa en la carrera, también ha criticado la ausencia del monarca. “La decisión adoptada de no contar con Felipe VI no se corresponde con la alta dignidad de la función de juzgar. Las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia, eso también es separación de poderes”, señala su portavoz, el magistrado Jorge Fernández Vaquero. La minoritaria ForoJudicial Independiente, por su parte, ha calificado de “muy grave” la ausencia de Felipe VI. “La política de 'menudeo' no debe afectar al respeto a las instituciones ni a nuestro Estado de Derecho”, dice su presidenta, Concepción Rodríguez. 

La progresista Jueces y Juezas para la Democracia, sin embargo, pone el acento en la “falta de claridad y transparencia” con la que tanto el Gobierno como el CGPJ han manejado esta situación y critica que algunos partidos y asociaciones hayan incidido más en la ausencia del rey que “en el verdadero motivo del acto, que es que una nueva promoción inicia su andadura”. “El hecho de que el rey no asista a una ceremonia en la que es importante que esté pero de la que no es protagonista no puede servir de excusa para que pierda valor el verdadero motivo del acto”, afirma su viceportavoz, Fernando de la Fuente. 

Enfrentamiento en la Fiscalía 

El polémico acto de Barcelona no ha sido el último conflicto en el ámbito judicial al que se ha enfrentado el Gobierno esta semana. En la Fiscalía, los sectores conservador y progresista están inmersos en un fuerte enfrentamiento a propósito del informe en el que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, pidió inadmitir la veintena de querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la COVID-19 y de las declaraciones de éste afirmando que dos compañeros fiscales del Alto Tribunal “contaminados ideológicamente” —Consuelo Madrigal y Fidel Cadena— trataron de “influirle” sobre cómo tenía que actuar en relación a estas querellas. 

Navajas es el ‘número dos’ de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales atribuye el “mayor descrédito de la Carrera Fiscal” en 40 años. Pero este colectivo también apunta directamente al Gobierno como responsable de ese supuesto desprestigio por haber nombrado a Delgado “sin solución de continuidad” tras sus cargos de diputada del PSOE y ministra de Justicia. La Asociación de Fiscales se ha mostrado muy crítica con los “ataques” de Navajas e incluso ha pedido a la fiscal general que abandone su “silencio cómplice” y actúe contra él. 

Delgado ha encontrado el respaldo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación con la que fue candidata al Consejo Fiscal en 2018, cuando estaba destinada en la Audiencia Nacional antes de entrar en política. La UPF ha pedido “poner fin a la crispación” ante la situación “complicada” que está atravesando la institución y ha insistido en que la Fiscalía debe estar “por encima de cualquier interés personal o partidista”. A su juicio, los últimos acontecimientos han de encontrar “solución interna” por los cauces establecidos respaldando así la investigación interna abierta sobre las presiones desveladas por Navajas.