Gibraltar se convirtió en un dolor de cabeza más durante la peor semana para el Gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo que confesar que Reino Unido y la UE habían traicionado al espíritu de las negociaciones del Brexit con “nocturnidad y alevosía”. El Ejecutivo vivió unas horas críticas que evidenciaron su soledad en Europa pero tras el fin de semana saluda la solución como un balón de oxígeno.
El mandatario socialista tiró de toda la solemnidad para anunciar lo que considera un éxito de la diplomacia española: “Gana España”, aseguró tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. En el Gobierno, que ha cedido en parte de sus exigencias, cargan contra PP y Ciudadanos por cuestionar la validez jurídica del acuerdo alcanzado.
La colonia es un problema que pasa desapercibido para el público general, pero Sánchez no dudó en erigirse en el salvador para “un conflicto que lleva más de 300 años existiendo”. En plena campaña andaluza, encontró el filón para un tema apenas explotado por los socialistas pese a que figura en el programa electoral –“reclamar la soberanía de Gibraltar”– dejándolo en el aire pero como una opción sobre la mesa: “Vamos a hablar de todo, ahora empieza el momento más complejo y difícil –expresó el domingo–. Estamos en una posición de fortaleza”.
En su declaración en Moncloa el día anterior, Sánchez presumió de haber alcanzado un “triple blindaje” para que España tenga la última palabra en la negociación del divorcio en los aspectos que están relacionados con Gibraltar, “un territorio por descolonizar” que, según deslizó, ha contado con privilegios que han afectado a la zona colindante.
Sánchez arrancó un compromiso al Consejo Europeo y a la Comisión Europea rebajado con respecto a su exigencia inicial –que pasaba por modificar el texto del Acuerdo de Retirada cerrado entre los negociadores de Bruselas y Londres–, pero que los socialistas han reivindicado como un “texto sin precedentes”, según expresó la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, que calificó como un “hito” que las exigencias de España, que habían figurado previamente en las directrices de la negociación, se incluyeran como anexo de las notas de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo y en una carta firmada conjuntamente por Jean Claude Juncker y Donald Tusk.
“Somos el único país que ha conseguido una declaración del Consejo y de la Comisión avalada por el Reino Unido. Los otros se han conformado con una declaración solo del Consejo”, se felicitó Sánchez que lo consideró un “logro político del Estado muy significativo que nos sitúa en una situación de fortaleza en un tema central no solo para el Campo de Gibraltar sino para el conjunto del país”.
Moncloa defiende la validez jurídica del acuerdo
También el presidente dio relevancia a la carta “por escrito” del embajador británico en Bruselas que, a su juicio, reconoce la “interpretación” del artículo 184 del pacto que provocó la “discordia”. Sin embargo, un portavoz de la embajada en Madrid asegura que el Ejecutivo de Theresa May “no reconoce ni está de acuerdo un veto específico de España sobre Gibraltar”. “La Comisión y los 27 pueden decidir dentro de su propia estructura si España tiene un lugar específico en la mesa o puede vetar una decisión en el sistema comunitario. Pero esta es una cuestión para los 27. Nuestra política está clara: negociaremos en nombre de toda la familia británica, y eso incluye a Gibraltar”, señala ese portavoz.
Precisamente las formas en las que se adoptó finalmente el acuerdo han sido el objeto de crítica por parte de PP y Ciudadanos. “Esas cartas no son jurídicamente vinculantes”, dijo Pablo Casado, que consideró una “cesión histórica” lo firmado por el presidente del Gobierno. El líder conservador ya había azuzado la idea de un “Gibraltar español” en pleno bloqueo del Brexit por parte de España a propósito del Peñón.
“Es un gol en el último minuto que le ha pillado haciéndose fotos con la dictadura cubana”, le reprochó Albert Rivera. La negociación final del Brexit pilló al presidente en Cuba de visita oficial y desde la isla caribeña lanzó su amenaza de vetar el acuerdo. “Hemos perdido una oportunidad histórica”, remató el líder de Ciudadanos. “Ha firmado un parche sin efecto jurídico directo”, apostilló José Manuel Villegas.
El conflicto sobre Gibraltar explotó en plena campaña de las andaluzas. Los socialistas son conscientes de que la zona gaditana colindante con el Peñón es un territorio electoral por explotar y una de las que mayor paro registra en toda España. “No sé si influirá, no es el objetivo –ha reconocido la portavoz socialista–. El objetivo es procurar de oportunidades, que sientan [los ciudadanos del Campo de Gibraltar] que un Gobierno esté detrás, después de tantos años de abandono”. “Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha tenido que poner encima de la mesa cubrir las necesidades en extranjería, empleo, sanidad...”, expresó en referencia al plan para el Campo de Gibraltar que aprobó el Consejo de Ministras el primer día de la campaña del 2D y que asciende a cerca de mil millones de euros.
Pero además, el Gobierno, achicharrado por sus socios en el Parlamento y cuyos presupuestos que ya asume no aprobará cuestiona Bruselas, se aferra al “hito” y al “logro” alcanzado en la política internacional. Los ministros también salieron a celebrarlo.
“Convendría que supieran de lo que hablan”, reprochó el titular de Exteriores, Josep Borrell, a PP y Ciudadanos, a los que recordó que la declaración sobre Gibraltar, tal y como está planteada en los documentos, “va a misa”. “Reino Unido pierde una cierta capacidad soberana: ya no es libre para negociar con la Unión Europea sobre Gibraltar”, afirmó Borrell en una entrevista en la Cadena SER. Horas más tarde respondió a May, que ha asegurado que España “no ha conseguido lo que quería”. “Es lo que queríamos y esto es lo que se ha conseguido, blanco sobre negro”, aseguró en un acto junto a su homólogo alemán.
A las declaraciones del ministro Heiko Maas se han agarrado también en Moncloa, que se ha encargado de difundirlas a bombo y platillo: “Me sorprende que se debata en España –ha reconocido el alemán–. Se trata de un texto jurídicamente vinculante. Cuestionar el carácter vinculante de estos textos no tiene nada que ver con la realidad jurídica de la UE”.