La política penitenciaria respecto a los presos de ETA “tiene que adaptarse” al “nuevo escenario” que se ha abierto tras la disolución de la banda terrorista, el pasado mes de mayo. Por eso, el Gobierno tiene previsto dar “nuevos pasos” en el acercamiento a cárceles vascas de los reclusos condenados por su pertenencia a la organización. El nuevo rumbo se adoptará a pesar de que el PP haya acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “traicionar” a las víctimas del terrorismo, después de que esta misma semana se haya trasladado a dos exetarras desde una prisión asturiana a la de Basauri, en Bizkaia.
Sobre estos dos reclusos, Olga Sanz y Javier Moreno, condenados ambos a más de 70 años de prisión por planificar distintos asesinatos desde el comando Bizkaia, fuentes del Ministerio del Interior explican a eldiario.es que la decisión de acercarles al País Vasco tiene que ver con la concesión del tercer grado gestionada en ambos casos por el anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. A la primera le fue otorgado ese beneficio penitenciario en febrero. Y al segundo le fue propuesto en abril, si bien la concesión se formalizó en julio.
En los dos fue determinante que cumplieran con los requisitos que establece la normativa antiterrorista para conceder beneficios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo. Como explican fuentes de Interior, “están desvinculados de ETA desde hace mucho tiempo, han pedido perdón a las víctimas, han pagado la condena por responsabilidad civil y han manifestado su voluntad de colaborar con la justicia”. Por eso se justifica el “régimen abierto” que implica el tercer grado, que supone que a pesar de permanecer encarcelados puedan salir a la calle a realizar alguna actividad y en un horario determinado.
“Arraigo social y familiar”
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska insiste en que “lo habitual” es que los reclusos cumplan ese tercer grado “en el lugar en el que vayan a seguir viviendo cuando estén en libertad”. En este caso, Sanz y Moreno son pareja y tienen una hija en común que vive en Bizkaia donde, por tanto, disponen del “arraigo social y familiar” que justifica su traslado.
Este acercamiento ha provocado un fuerte rechazo por parte del PP y Ciudadanos. “Las víctimas del terrorismo merecen nuestro máximo reconocimiento y respeto y no es justo que se falte a su memoria, dignidad, verdad y justicia por pagar los favores al apoyar la moción de censura”, decía en un mensaje en Twitter el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
El exlíder de los conservadores vascos Carlos Iturgaiz emitía por su parte un comunicado al sentirse directamente afectado por la salida de Sanz y Moreno, ya que él mismo fue uno de los objetivos de la pareja. “Ninguno de ellos se ha puesto en contacto conmigo”, señalaba, para explicar que a él no le han pedido disculpas por su actividad armada. Asimismo, situaba el traslado “dentro de un proceso para el debilitamiento de la lucha contra ETA que inició Rodríguez Zapatero que pasa por premiar a los verdugos y castigar a las víctimas, que tiene como otro gesto el no recurrir la Ley de abusos policiales promovida por el Gobierno Vasco, y que todo ello forma parte del peaje que este gobierno debe pagar a sus apoyos nacionalistas e independentistas”.
En la misma línea, desde Ciudadanos consideraban que los traslados son “las hipotecas” que adquirió Pedro Sánchez con el PNV y EH Bildu a cambio de sus apoyos en la moción de censura para derrocar al expresidente Mariano Rajoy. “Nos parece un pago de Sánchez”, afirmaba el secretario general del grupo parlamentario del partido en el Congreso, Miguel Gutiérrez, en declaraciones a la agencia Europa Press.
Informar previamente a las víctimas
Desde Interior insisten en que las decisiones referidas a la ubicación de la cárcel en la que los presos cumplen sus penas no son “beneficios penitenciarios”. “Si la justicia ha avalado la política de dispersión es porque se entendía que era un instrumento más de la lucha antiterrorista. Ahora que ETA ha sido derrotada y no tiene ningún tipo de actividad armada se abre un nuevo escenario y la política penitenciaria debe adaptarse”. Por eso el Ministerio considera razonable que a los presos de la banda se les traslade “más cerca de su domicilio para favorecer la reinserción”.
Los acercamientos se producirán, insisten fuentes de Interior, aunque no se fijan unos plazos concretos. Grande-Marlaska se comprometió a informar de cualquier movimiento relacionado con los presos de ETA a las asociaciones de víctimas. Por ejemplo, el pasado 27 de julio se les comunicó que se iba a conceder el tercer grado a Sanz y Moreno y que estos iban a ser trasladados a Basauri. “A día de hoy no se les ha comunicado nada más”, apuntan desde el Ejecutivo, para argumentar que, por el momento, no está previsto un acercamiento inminente.
Lo que sí tratan de dejar claro desde Interior es que los “criterios” para decidir esos traslados le competen únicamente a la administración. Así, los futuros acercamientos podrían realizarse en función del “tiempo de cumplimiento de la condena”, de que el recluso en cuestión padezca alguna enfermedad o atendiendo la “gravedad del delito” por el que ha sido condenado.