El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que nadie fuera de España pregunta por la situación procesal del presidente del Gobierno y su familia y ha denunciado “el acoso” que, en su opinión, sufre el presidente del Gobierno también de manos del juez Peinado, al que no ha mencionado explícitamente durante una entrevista en la Cadena SER.
“Nadie me pregunta por estos temas en el exterior. Los españoles son conscientes de que hay un acoso de todo tipo al presidente del Gobierno”, ha planteado. Según Albares, “en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como son políticas sólidas que benefician a la mayoría de los españoles, decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir. Pero como es una persona fuerte decidieron atacar a su familia en la mezquindaz más absoluta”, ha criticado.
Tras un breve parón veraniego, el juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a ponerse al frente de la investigación por presunta corrupción que mantiene abierta desde el pasado abril contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En los últimos cuatro meses ninguna de las diligencias puestas en marcha ha arrojado indicios claros de delito contra ninguno de los investigados: Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El magistrado no ha aclarado de qué les acusa. Además, las pesquisas acumulan ya dos informes exculpatorios de la Guardia Civil y media docena de testimonios que niegan irregularidades en los hechos que originalmente denunció el sindicato ultra Manos Limpias.
Una de las primeras decisiones de Peinado tras el receso estival ha sido garantizar que las partes personadas —incluidas, por tanto, las organizaciones de extrema derecha que impulsan la acusación— tengan acceso a la grabación de la no declaración de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La publicación de la imagen del presidente ante el juez, aún como testigo, es solo cuestión de tiempo. Los precedentes señalan que ninguna declaración judicial con interés mediático ha logrado jamás no ser reproducida por los medios de comunicación. Y todo apunta a que este caso no será una excepción.
Además de esta decisión, el juez reactiva la causa con una batería de declaraciones de testigos vinculados con las tres vías de investigación que mantiene abiertas ignorando las delimitaciones de la Audiencia de Madrid. Una son los contratos públicos millonarios que consiguió el empresario Carlos Barrabés, cuyo domicilio fue registrado este viernes por la Guardia Civil. Otra es la relación que Gómez estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia. Y una tercera ramificación es la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid.
Respecto a esta última cuestión, el juez acordó esta semana citar para este lunes al consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. Ambas compañías patrocinaron la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigió en la Complutense.