El Gobierno confía en que los últimos Presupuestos Generales del Estado salgan adelante sin demasiados sobresaltos. A unas horas de que este viernes concluya el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, el Ejecutivo pisa el acelerador para dejar amarrados los apoyos de gran parte de los socios minoritarios del Congreso. Algo que, según fuentes de la negociación, ha dejado encauzado tras una ronda de reuniones con algunos de sus portavoces y asumiendo que las conversaciones con aliados de más peso, como ERC o PNV, podrían alargarse aún algunas semanas.
Este miércoles el Gobierno mantuvo reuniones de trabajo con los portavoces de Coalición Canaria, Compromís y Teruel Existe, tres formaciones minoritarias pero que resultarán claves en la tramitación parlamentaria de las cuentas del año que viene. Y aunque todas ellas trasladaron al Ejecutivo sus respectivas exigencias, la conclusión al término de las conversaciones es que la predisposición a apoyar los Presupuestos es generalizada. “Son unos Presupuestos complicados de rechazar”, reconoce uno de esos portavoces que negocia con el Gobierno y que pone en valor el incremento de las pensiones, de los salarios de los empleados públicos o la inversión en las comunidades autónomas.
Desde el PSOE, convencidos de que las cuentas saldrán adelante con un amplio respaldo e incluso con menos dificultad que en años anteriores, saben, sin embargo, que con PNV y ERC aún queda trecho. El optimismo en las filas socialistas es absoluto sobre el resultado de esas negociaciones con los vascos y catalanes, aunque quedan cosas por pulir. Y ni siquiera se descarta que los republicanos puedan presentar una enmienda a la totalidad antes de que termine el plazo, algo que los socialistas tratan de impedir pero a lo que, en cualquier caso, le dan una trascendencia relativa.
Al frente del diálogo con Esquerra está el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que intenta acercar posturas y sacar de la negociación presupuestaria algunas demandas que tienen sobre la mesa. Los republicanos trabajan con Moncloa desde hace tiempo para conseguir lo que denominan una “desjudicialización del conflicto catalán”, una serie de reformas legales que van más allá del delito de sedición (que beneficiaría principalmente a dirigentes como Marta Rovira) y que estarían dirigidas también a decenas de cargos intermedios y que aún se enfrentan a procedimientos que implican penas de inhabilitación y cárcel por delitos de malversación relacionados con el procés.
Los de Junqueras prefieren poner el foco de la negociación en la agenda económica, principalmente en todo lo relacionado a las inversiones del Estado (denuncian que la ejecución presupuestaria en el primer semestre del año apenas llega al 16%) y a otras cuestiones como la Ley de Vivienda, sobre la que los socialistas se abren ahora a abordar algún tipo de cambio que satisfaga a sus socios y que, de paso, desbloquee su tramitación en el Congreso. Según fuentes de ERC, la decisión sobre presentar o no una enmienda a la totalidad no se tomará hasta el último momento y hacen hincapié en desvincular a toda costa esa negociación con un posible entendimiento de Pere Aragonés y Salvador Illa tras la salida de Junts de la Generalitat. Algunas de esas fuentes apuntan, incluso, a que los republicanos optarían antes por una prórroga presupuestaria en Catalunya que por escenificar formalmente esa alianza con el PSC. Una foto de la que, por el momento, huyen.
En el caso del PNV, fuentes al corriente de la negociación creen que los nacionalistas vascos volverán a apretar en busca del cumplimiento de todos los acuerdos pendientes a lo largo de la legislatura. E incluso que podrían hacerlo más que en años anteriores por tratarse de las últimas cuentas de la legislatura, con un horizonte electoral y, por tanto, de gobernabilidad, bastante incierto. “Para ellos es ahora o nunca”, plantean esas mismas fuentes. Los de Aitor Esteban mantienen una postura de absoluta discreción en torno a las conversaciones con el Ejecutivo, aunque no ocultan que para apoyar las cuentas exigen el cumplimiento de la agenda de inversiones y de transferencias de competencias comprometidas por la Moncloa.
Coalición Canaria, nuevo socio estratégico
El paso de la legislatura ha ido dejando por el camino algunos apoyos de los que obtuvo el Gobierno de Sánchez en su investidura y sumando a otros que en su día ejercieron de oposición. Este último es el caso de Coalición Canaria, a quien el Ejecutivo otorga ahora la máxima relevancia en sus geometrías parlamentarias. Este miércoles, el ministro de la Presidencia se reunió personalmente con la portavoz canaria Ana Oramas, que se ha convertido en una figura relevante para las alianzas del Ejecutivo en la Cámara Baja.
Portavoz del Grupo Mixto en la comisión de Presupuestos, el voto en contra de Oramas podría llegar a hacer caer las cuentas del Gobierno sin ni siquiera llegar a Pleno en el caso de que no hayan sido amarrados anteriormente los apoyos de PNV y ERC. De ahí que el respaldo o la abstención de la diputada canaria sea clave para permitir continuar esa tramitación de las cuentas y, de paso, otorgar más tiempo al Ejecutivo para cerrar el resto de negociaciones con sus socios. Un escenario que explica la insistencia de Moncloa por amarrar la colaboración de Oramas. Fuentes de la formación canaria ponen sobre la mesa reivindicaciones como que las bonificaciones al transporte que en la península se trasladan a los Cercanías se incorporen a los tranvías y a las guaguas en el caso de las islas, así como que se actualicen las partidas presupuestarias que a día de hoy están sin ejecutar. Este miércoles, y tras la reunión con Bolaños, la propia Ana Oramas confirmó que su grupo no presentará enmienda a la totalidad.
En el caso de Compromís, la reunión tuvo lugar con el equipo del ministerio de Hacienda. La formación valenciana reivindica el aumento de las partidas de Dependencia que aporta el Estado a las comunidades autónomas, así como una solución a las inversiones en la provincia de Alicante, un problema que ha desembocado incluso en la convocatoria de manifestaciones la semana que viene. Compromís denuncia que la de Alicante es la provincia con menos inversión de todo el Estado en las cuentas del año que viene, con datos equivalentes a los primeros Presupuestos de Mariano Rajoy.
Fuentes de la negociación señalan que en el Ministerio de Hacienda han sido “receptivos” con esta demanda, así como con las peticiones para mejorar inversiones en transportes públicos o cultura. Por su parte, desde Teruel Existe condicionan el apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno se comprometa a incrementar las ayudas al funcionamiento de empresas que se ubiquen en zonas despobladas. Nadie espera que ninguna de esas peticiones de los socios minoritarios del Ejecutivo supongan ningún tipo de impedimento para que se concrete en unos días el respaldo a las últimas cuentas de la legislatura.