El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Han bastado tres síes para que el Gobierno de coalición se asegure sus primeros Presupuestos Generales, que sustituirán en 2021 los vigentes, arrastrados desde 2018 por la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo hasta ahora. Los 13 diputados de ERC, los seis del PNV y los cinco de EH Bildu le dan a PSOE y Unidas Podemos un mínimo de 179 votos en las definitivas votaciones del jueves de la semana que viene. Tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza que las cuentas públicas se aprueben y permite que el Ejecutivo culmine la negociación con el resto de grupos sin ninguna presión. 

El largo y proceloso camino que ha seguido hasta este punto no hacía prever la velocidad con la que se ha resuelto finalmente. El primer sí, el de EH Bildu el 11 de noviembre aceleró el proceso y, aunque debe ser ratificado por las bases este jueves, obligó al PNV a posicionarse rápido. Dos días después, comparecía su portavoz, Aitor Esteban, para informar de avances sustanciales en su negociación con el Gobierno. Unas conversaciones que han cuajado a lo largo del fin de semana y del lunes, y que han llevado a la formación jeltzale a confirmar este martes por la mañana su voto favorable, tras consignar otro paquete de enmiendas.

Apenas unas horas después era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anunciaba un “preacuerdo” con el Ejecutivo, que deberá ahora pasar por los órganos del partido catalán para una ratificación de la que nadie duda. Los síes previos habían abaratado mucho el respaldo a las cuentas del Gobierno. Los 155 diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (35), más los 11 de los dos partidos vascos, sumaban 166, a solo diez de la mayoría absoluta y con muchos partidos todavía pendientes de definir su posición. Si en la negociación parlamentaria apurar los plazos es sinónimo de lograr mejores resultados, esta vez se ha impuesto la lógica inversa.

Poco después de que Rufián abandonara la sala de prensa del Congreso, era su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, el que se subía al atril para presumir de los avances en la negociación con el Gobierno, entre ellos, la aceptación por parte del PSOE de su propuesta de una tarjeta sanitaria única en todo el territorio o enmiendas relativas a los autónomos o la baja remunerada para progenitores cuyos hijos estén en cuarentena. 

Inés Arrimadas se mantiene aferrada a la mesa de negociación a pesar de que los de Pedro Sánchez han dejado claro que no darán marcha atrás en la enmienda sobre la inmersión lingüística en la ley educativa, que era una de sus premisas para aprobar los presupuestos. Aún así, Bal ha asegurado que Sánchez aún tiene margen para pactar con Ciudadanos al declararse “incompatible” con ERC y EH Bildu. “ERC no tiene un acuerdo cerrado aún con el Gobierno, solo ha puesto condiciones. Nosotros vamos a trabajar para desbaratar esos acuerdos y que no se consumen”, expresó Bal. 

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confirman los acuerdos amarrados con los republicanos, que incluyen, entre otros asuntos, el fin del control de los gastos de la Generalitat que impuso Mariano Rajoy y la revisión del sistema fiscal –especialmente del impuesto de patrimonio para gravar a las grandes fortunas–. “Hay un acuerdo para revisar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la armonización fiscal” entre comunidades, señalan en Hacienda. 

El sí de ERC ha provocado en Junts la reacción contraria a lo que ha ocurrido entre Bildu y el PNV en Euskadi, aunque en ese caso el Gobierno ha reiterado que son los nacionalistas vascos su “socio preferente” para toda la legislatura mientras hacen equilibrios para “normalizar” a la izquierda abertzale sin dar por cerrado un acuerdo ante la polémica suscitada por el acercamiento. La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha criticado a sus socios de Gobierno en la Generalitat por “conseguir lo que ya era de los catalanes”, en referencia a recuperar el control sobre los gastos. “Hay un mientras tanto entre tus objetivos, fines y sueños y ese mientras tanto hay que gestionarlo –se ha defendido Rufián–. Eso no nos hace menos independentistas, simplemente nos hace más útiles. Hay muy poco margen para la magia hoy en día”. 

A la parte socialista del Gobierno le ha servido tener la disposición de Ciudadanos, así como del PDeCAT, que ha recuperado autonomía parlamentaria tras la ruptura con Carles Puigdemont, para allanar la negociación con el resto de aliados de la investidura, aunque en las últimas semanas ya se les había recolocado como socios preferentes en al negociación en buena medida por la presión de Pablo Iglesias –en un sector del PSOE también optaban por esa vía para garantizar estabilidad al bloque el resto de la legislatura–. No obstante, la negociación con Arrimadas sigue en marcha y la intención de Moncloa es sumar al mayor número de grupos posible. 

Con la mayoría absoluta en la mano, el Gobierno busca ahora cerrar las negociaciones con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque el precio que tendrá que pagar para conseguir los síes, que se dan por hecho salvo sorpresa, se ha reducido notablemente. Desde Más País apuntan a que todavía están “hablando con el Ejecutivo”. Sus dos diputados han planteado reclamaciones en el ámbito verde y también un fondo para ayudar a empresas a instaurar la semana laboral de cuatro días, entre otras enmiendas.

Otros dos apoyos que se dan por hecho son los del PRC, donde aseguran que todavía tienen “flecos pendientes” para garantizar el sí; y el de Nueva Canarias, que ha cerrado una enmienda para insuflar 30 millones de euros a la “lucha contra la pobreza” en el archipiélago.

En Teruel Existe todavía no han tomado una decisión final. “Hemos presentado una serie de enmiendas sobre despoblación, como la creación de un plan estatal para la reactivación del medio rural en el que se contemplen todas las partidas destinadas a la España vaciada”, apuntan desde la agrupación electoral, que reconoce que el acuerdo de investidura está más o menos incluido al completo.