El Gobierno no se cruzará de brazos ante la ofensiva de Vox contra los derechos de la mujeres. Este domingo ha enviado un requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León en el que anuncia medidas contra el plan “antiabortista” anunciado por el gobierno de Castilla y León. Lo ha hecho a través del Ministerio de Sanidad, quien se ha dirigido a la Consejería regional del mismo nombre para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el caso de que finalmente se ponga en marcha este mismo lunes, como estaba previsto, el protocolo desvelado por el vicepresidente castellano y leonés, Juan García-Gallardo, de Vox, Moncloa amenaza con llegar hasta los tribunales. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha contestado al Gobierno en un comunicado que se “abstenga de dirigir requerimientos a la comunidad”, advirtiendo además de que no descarta tomar actuaciones jurídicas adicionales contra el Ejecutivo nacional.
Lo que dijo Gallardo durante una rueda de prensa en la que estaba también presente el portavoz del Ejecutivo, del PP, fue que de forma inmediata iban a aplicarse en la región una batería de medidas para frenar que las mujeres decidieran libremente sobre el aborto. Entre ellas aseguró que la administración obligaría a los médicos a ofrecer a las embarazadas que escuchen el latido del feto durante el primer trimestre, la realización de una ecografía 4D para ver al feto en movimiento y derivar a las gestantes a los servicios de salud mental si así lo requerían. El anuncio generó un gran revuelo a nivel estatal, ya que la parte del Ejecutivo de Castilla y León del PP ha evitado por el momento desmentir los planes de su socio de extrema derecha, de tal modo que la agenda más ideológica de la derecha vuelve a imponerse en el único gobierno de coalición que mantienen los de Abascal y los de Feijóo. Esto además de interferir en los planes de moderación de la dirección nacional.
“El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, señala Moncloa en su comunicado de este domingo. El Ejecutivo, dice, “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna”. Ante esta situación, añaden, “los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes”.
Este lunes por la mañana, García-Gallardo ha confirmado la puesta en marcha de la medida y que se ofrecerá escuchar el latido del feto a las mujeres que quieran abortar. “Piensen ustedes en cuantas mujeres habrán acudido a su médico pidiendo interrumpir por presión y coacciones de su entorno familiar, social, pareja… ”, ha declarado. El vicepresidente de Castilla y León también ha defendido que la misma medida ya ha reducido los abortos en Hungría y en algunos estados de EEUU: “Me gusta mucho lo que hace el gobierno de Hungría. Ofrece alternativas, información y medidas en positivo”, ha subrayado.
Poco antes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que “no es admisible” y utilizará “todos los mecanismos” para “defender la legalidad vigente y los derechos de las mujeres”. Darias ha destacado el silencio “elocuente” de Feijóo, a quien ha interpelado “a que ponga fin a esta tropelía”. “¿Esta es la moderación con la que iba a venir?”, se ha preguntado la ministra, que ha insistido en que “el PP no puede venir a cercenar derechos”.
Las exigencias de Moncloa
Desde el Gobierno explican, en concreto, que en el requerimiento oficial el Ministerio de Sanidad solicita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
También le ha pedido que, “en caso de haber sido esta ya adoptada”, ponga en marcha “el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar éste a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez exige, asímismo, “no realizar pruebas diagnósticas que desde el punto de vista de la práctica médica contravengan el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas”. Y también “que se comuniquen de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas”.
“En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León”, añade el comunicado, “el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”. “El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”, zanja.
La respuesta de Castilla y León
La respuesta de la Junta de Castilla y León ha llegado pocas horas después y no parece que vaya a echarse atrás con las medidas. En un comunicado, el gobierno autonómico ha informado de que se respetará la ley, se garantizará la libertad de las mujeres y las medidas se aplicarán “bajo estricto criterio médico”. Informa, además, de que a lo largo de este lunes, la Consejería de Sanidad contestará al Ministerio de Sanidad y se solicitará al Gobierno que se “abstenga de dirigir requerimientos oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación”.
“Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley”, señala el comunicado de la Junta, en el que también se comprometen a utilizar “todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente”.
Insisten también en que “esta Comunidad tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y del personal sanitario”.
Por último, la Junta de Castilla y León advierte de que si el requerimiento que se enviará mañana no es atendido por el Gobierno de España, no descarta “implementar actuaciones jurídicas adicionales”, ya que considera que “las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”.
Mañueco evita contradecir a Vox
El anuncio de García-Gallardo ha puesto en aprietos al presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que se vió obligado a aclarar si el PP iba a adoptar estas medidas de su socio de gobierno. Primero, desde el Ejecutivo autonómico negaron la mayor, pero el sábado el presidente regional no negó que se fueran a ofrecer estas medidas a los médicos ni entró en absoluto en contradicción con Vox. “No acepto lecciones de la izquierda cuando se habla de derechos de la mujer en Castilla y León defendemos a la mujer, garantizamos todos sus derechos y la libertad de elección de la mujer”, aseguró.
El presidente de la Junta explicó que su gobierno lleva “meses o años” aplicando “medidas de fomento de la natalidad” y enumeró las rebajas fiscales a familias numerosas. “También queremos poner medidas sanitarias asistenciales de fomento de la natalidad que son las que hemos intentado explicar en los últimos días”, dijo. Así, precisó que las medidas se van a aplicar sobre “premisas”, como la “libertad absoluta de elección de la mujer embarazada”, “desde la voluntariedad” y bajo criterio médico “respetando la ley y las recomendaciones de la Sociedad de Ginecología”.
Mañueco precisó que cuando un ginecólogo considere que la mujer necesita apoyo psicológico podrá derivarla directamente sin que la embarazada tenga que ir a Atención Primaria con el propósito “de ser más ágil en la prestación de servicios”. Sobre las ecografías en 4D, que según Vox se van a ofrecer a todas las gestantes “para que vean la cara del feto” y que, según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, solo están indicadas para confirmar o descartar malformaciones en el nonato, Mañueco apuntó que, en estos momentos, en Castilla y León hay dos hospitales que no tienen ese tipo de equipamiento, Ávila y Segovia.
El presidente de Castilla y León evitó desautorizar a su vicepresidente: “No voy a entrar en lo que dijo o no dijo porque no soy yo quien tiene que analizar ni las palabras ni la intencionalidad de nadie, pero sí deslizó sombras de dudas sobre el relato de lo ocurrido que achacó a ”las interpretaciones que pueda hacer cada uno“ y las ”explicaciones“ de los periodistas ”en el ejercicio de su libertad de expresión“.
El Gobierno de Sánchez ya había anunciado desde el viernes que “no permitirá ningún retroceso” en materia de derechos de las mujeres. Desde el Ministerio de Igualdad aseguraron que el anuncio implica “un retroceso” en un “derecho esencial” para las mujeres y que podría suponer “una vulneración” de los derechos sexuales y reproductivos en la Comunidad“. Esa misma jornada, la vicepresidenta Yolanda Díaz instó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciarse sobre las medidas antiabortistas de Vox, algo que por supuesto aún no ha hecho. Quien no ha perdido, sin embargo, ocasión de sumarse a la guerra cultural de la ultra derecha ha sido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en medio del escándalo causado por el plan antiabortista ha anunciado la creación de un teléfono ”a favor de la vida, no en contra de nadie“ para las embarazadas.
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