El Gobierno retrasa la Ley de Memoria que le enfrenta a ERC para dar prioridad a las pensiones y la reforma laboral

El Gobierno tiene Presupuestos y en Moncloa creen que la legislatura tiene ya vía libre. Ni Pedro Sánchez ni su entorno habían visto amenazadas las cuentas de 2022 pero cerrar el acuerdo pendiente con ERC ha resultado un alivio para la coalición que espera al repunte de la economía (de momento más lento que las previsiones oficiales) para recuperarse en las encuestas.

La alianza con los republicanos quedó ratificada hasta el punto de que fue Gabriel Rufián quien salió a dar los detalles del nuevo acuerdo presupuestario, pero al mismo tiempo el PSOE empieza a asumir que los republicanos no lo pondrán fácil para aprobar una proyecto clave en su calendario: la Ley de Memoria Democrática. Moncloa ha optado por meter en el congelador el texto para priorizar otras promesas como las pensiones o la reforma laboral, que están avanzadas o que tienen como límite el 31 de diciembre para ser aprobadas.

En Presidencia del Gobierno consideran un éxito haber armado el puzle para que las cuentas públicas salgan adelante con 14 partidos distintos -sumando los apoyos en el Congreso y en el Senado- pero saben que sacar los Presupuestos no implica que esté garantizada la mayoría en otras leyes. Y la de memoria va a tener que esperar. Así quedó negro sobre blanco la semana pasada, cuando se cerró el plazo para registrar las enmiendas parciales al texto que presentó el ministro Félix Bolaños, quien no pierde la esperanza de que al final se alcance un acuerdo, como ha sucedido en materia presupuestaria -incluyendo la ley audiovisual, en la que los puntos de partida también estaban muy alejados-. “Todo es muy difícil y todo lo sacamos”, admitían en su departamento la semana pasada.

Sin embargo, Moncloa aparca por ahora la negociación de esa ley, que supondría, entre otras cuestiones la anulación de los juicios políticos del franquismo, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura. “De momento no hay calendario. La semana pasada acabó el plazo para presentar enmiendas y, a partir de aquí, a trabajar”, admiten fuentes gubernamentales.

En ERC han desligado la negociación presupuestaria de esa ley y admiten que la aceptación de algunas de sus condiciones es una línea roja infranqueable. Los republicanos catalanes, mandatados por Joan Tardá, ya votaron en contra de la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. “No legitimaremos la nueva trampa del Gobierno”, declaró recientemente a El Periódico de España.

El principal escollo es la exigencia de ERC de modificar la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar y juzgar crímenes cometidos durante el franquismo. El PSOE rechaza de plano esa posibilidad bajo la premisa de que esa norma fue un gran éxito de la transición, aunque en la práctica ha permitido que los responsables de torturas y otros delitos del régimen mantengan la impunidad. En el marco de la negociación, PSOE y Unidas Podemos impulsaron una enmienda en la que establece que “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. A pesar de que la interpretación que se hizo fue que buscaba sortear la Ley de Amnistía, el Gobierno rechazó rápidamente esa posibilidad. Bolaños reconoció que no se podrían juzgar los crímenes del franquismo bajo la premisa de que no hay retroactividad en la legislación penal. “Esta ley no toca nada”, admitió el ministro en Onda Cero.

La otra exigencia de ERC es que se declare ilegal el régimen franquista para, entre otras cosas, que se anulen decisiones tomadas durante la dictadura, como la condena a Salvador Puig Antich. Fuentes gubernamentales ven margen para un entendimiento en ese punto, que supondría pasar de la “ilegitimidad” que reconoce el texto que aprobó el Consejo de Ministros a la “ilegalidad” que reclaman los republicanos. Sin embargo, otro de los choques se produce por las reclamaciones patrimoniales a las víctimas que quiere instaurar ERC. Desde el Gobierno argumentan que el Estado ya ha indemnizado con más de de 21.000 millones de euros. “Somos el país después de Alemania con Israel que más reparaciones económicas ha realizado”, expresan esas fuentes.

Con esos mimbres, la Ley de Memoria Democrática se le complica al Ejecutivo que, tras el acuerdo con ERC para los Presupuestos -una vez más sobre la bocina dado que las votaciones a las distintas secciones había incluso comenzado-, asume que tendrá que remangarse y lo deja para más adelante tras haber sondeado también a Ciudadanos recuperando el concepto de “geometría variable” que abandonó hace un año tras fracasar el intento de sumar a los de Inés Arrimadas a las cuentas de 2021.

Las prioridades para el Gobierno son la aprobación definitiva de los Presupuestos a finales de diciembre, sacar adelante los cambios en el sistema de pensiones -una materia en la que el Ejecutivo tuvo este lunes buenas noticias al sacar adelante en la correspondiente comisión parlamentaria la primera parte de la reforma gracias a un acuerdo con ERC y PNV- y la reforma laboral, que está en plena negociación en el diálogo social.

“El objetivo ahora mismo es esto. Es urgente por la necesidad de dinamización de la economía y forma parte de los compromisos con Bruselas”, afirman fuentes gubernamentales.