“Preocupante”. El Gobierno no oculta que las informaciones sobre los millones que manejó Juan Carlos I durante su mandato en paraísos fiscales como Suiza y Bahamas y procedente de regímenes como el de Arabia Saudí no puede quedar sin respuesta. Por un lado está la vía judicial, pero por otro en Moncloa admiten que la Casa Real debe buscar salidas para no manchar a Felipe VI. Aunque el público el Ejecutivo evita las salidas de tono.
“La opinión del Gobierno es obvia y del presidente quedó bastante clara tras las declaraciones que formuló donde agradeció al actual jefe del Estado que hubiera puesto en marcha medidas que aumentaban la transparencia y rendición de cuentas y preservar a la institución de cualquier ruido mediático”, ha respondido en un primero momento la portavoz, María Jesús Montero, a la pregunta de si el rey emérito debe abandonar la sede de la monarquía.
El Ejecutivo espera que la Casa Real siga tomando medidas para distanciarse de Juan Carlos I que, según fuentes del Ejecutivo, ni siquiera tendrían por qué esperar a que haya un pronunciamiento judicial firme. “El Gobierno celebra todas las medidas pasadas y futuras que se puedan impulsar para que se incremente la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones”, ha dicho Montero en respuesta a la enésima vez que los periodistas le han preguntado por la salida del emérito de Zarzuela. “Adivinan perfectamente cuál es la opinión y la preferencia de este Ejecutivo”, ha expresado posteriormente. En todo caso, desde el Gobierno aseguran que cualquier decisión de distanciamiento con el emérito, así como de rendición de cuentas, corresponde a la Casa Real adoptarla.
La obsesión de Pedro Sánchez es que la figura de Felipe VI no acuse el desgaste de las acciones de su padre y por eso enfatizan que ya se han tomado medidas en materia de transparencia. “Con las palabras del presidente quedó clara la satisfacción por el funcionamiento del estado de derecho”, ha dicho Montero en referencia a las investigaciones periodísticas y a la vía judicial. “El Gobierno va a apoyar y va a colaborar con todas actuaciones que se le requieran. Todos tenemos que ser iguales ante la ley y responder de manera individual. Agradecemos cualquier impulso que desde la jefatura del Estado para que los ciudadanos conozcan con transparencia cuáles son las actividades cuestiones que en este momento ocupan a la Casa Real”, ha rematado.
Montero también ha dejado claro que la opinión del Gobierno respecto a la Casa Real es la que han pronunciado tanto el presidente como ella en su calidad de portavoz, a pesar de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aseguró que no se puede desvincular a Juan Carlos I de su hijo y planteó que se debería abrir el debate sobre la utilidad de la monarquía. Montero ha enmarcado las distintas posiciones al ámbito de los partidos que sustentan al Gobierno, como quedó demostrado en la comisión de investigación que Unidas Podemos apoyó en el Congreso y que rechazó el PSOE.