Madrid, 8 nov (EFE).- La futura ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, aunque sin eliminar las colaboraciones público-privadas, e impedirá establecer nuevos copagos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que se trata de una norma “de todo el Gobierno” y que cumple con el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque el portavoz de esta formación en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado después que lo que se pretende es privatizar la sanidad pública “malvendiéndola a buitres”.
“Privatizar la sanidad pública malvendiéndola a buitres ahora se dice en neolengua 'colaboración público-privada', que queda más cuqui”, ha asegurado Echenique a través de las redes sociales.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que representa al sector de la sanidad privada, ha valorado que el anteproyecto mantenga la colaboración con el sector sanitario privado y ha lamentado que Unidas Podemos dé la espalda a la realidad al “no aceptar el papel de la sanidad privada”, que “es propietaria de casi el 40 % de los recursos sanitarios de España”.
IDIS ha recordado que en España el sector privado emplea a 278.291 profesionales y que en 2018 llevó a cabo el 30 % de las intervenciones quirúrgicas y el 24 % de las urgencias de todo el país, por lo que ha instado a “normalizar la convivencia entre ambos sistemas” y a entender que si no se cuenta con el sector privado, “los ciudadanos pierden, no pudiendo llegar a hablar de equidad”.
APOSTAR POR LA GESTIÓN DIRECTA
Darias ha garantizado que lo que hace el texto legal aprobado este lunes “es afianzar y apostar por la gestión directa en la prestación de los servicios”, entre otras cosas exigiendo argumentar y justificar por qué se recurre a “otras fórmulas de gestión” en el caso de que los servicios no se presten de forma directa en los centros públicos.
Además, ha destacado que el anteproyecto “consolida y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado”, en referencia a los copagos sanitarios que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y que aumentaba la proporción que pagaban los ciudadanos en medicamentos, trayectos en ambulancias o productos ortopédicos.
“Los más vulnerables en muchos casos tenían que optar entre ir al supermercado o ir a la farmacia”, ha lamentado.
Para la ministra, el nuevo escenario será un avance, un progreso y una mejora y, por eso, ha rechazado que sus socios de gobierno hablen de “líneas rojas” ante una norma que “nace hoy” y que se ha visto en “primera vuelta” en el Consejo de Ministros.
Del contenido del anteproyecto, Darias ha señalado que consta de una exposición de motivos, siete artículos, una disposición adicional de dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.
Las leyes que serán modificadas serán la Ley 14/86 General de Sanidad, la Ley 56/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto Ley 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, entre otras normas.
OBJETIVOS GENERALES
La ley pretende, ha dicho la ministra, establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalidad en el Sistema de Salud Pública y minimizar las desigualdades.
El Ministerio de Sanidad ha detallado posteriormente en una nota informativa que la nueva norma, que modifica o deroga legislaciones anteriores, pretende garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población.
Sanidad ha subrayado que el texto es fruto también de las “aportaciones realizadas por los distintos ministerios que conforman el Gobierno”.
Los objetivos generales de esta nueva ley son establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalidad en el Sistema Nacional de Salud, dando cumplimiento al hito de la reforma 3 del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con la aprobación de esta norma se cumple, asimismo, con el 21,4 % de los compromisos relativos a Sanidad del Gobierno de España, así como con lo previsto al respecto en el Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
Entre las novedades del anteproyecto figuran la inclusión de la portavocía de los pacientes y de la ciudadanía en general dentro de los órganos de gestión y coordinación sanitaria.