El Gobierno ha aprobado hoy el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con el fin de asegurar su protección y garantizar plenamente sus derechos.
Los servicios proporcionados por las oficinas en todo el país serán gratuitos, confidenciales y se orientarán al apoyo legal, psicológico y familiar de quienes hayan sufrido un delito, informa Justicia en un comunicado.
Estarán basados en una asistencia profesional multidisciplinar, mediante gestores procesales que acompañen a las víctimas durante el proceso penal, la asistencia terapéutica prestada por psicólogos y aquellos otros profesionales especializados que puedan incorporarse para incrementar la calidad de los servicios.
Del mismo modo, se desarrollarán protocolos de actuación, coordinación y colaboración con la participación de las asociaciones y colectivos de protección de las víctimas.
Las Oficinas podrán también elaborar planes de asistencia individualizados para el adecuado seguimiento de las víctimas y planes de apoyo psicológico cuando se trate de víctimas especialmente vulnerables.
Igualmente, el Real Decreto prevé la creación de un Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas con representación de la Administración General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas, el Consejo General del Colegio de Psicólogos y las asociaciones representativas de las víctimas.
Este órgano consultivo abordará la asistencia y apoyo a las víctimas de forma más coordinada entre las instituciones implicadas.