Ni Pedro Sánchez dio la orden ni supo que el CNI había intervenido el teléfono del entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. “El Gobierno ni sabe ni debe saber si se ha espiado a Aragonès”, afirman fuentes gubernamentales después de que la jefa de los servicios secretos españoles haya revelado en el Congreso, durante su comparecencia a puerta cerrada, que el hoy jefe del Govern fue uno de los objetivos de vigilancia y que su móvil fue intervenido con una autorización judicial.
La revelación coloca a Sánchez en una situación muy complicada con sus aliados parlamentarios. Todos ellos han salido de la comisión de gastos reservados advirtiendo de que lo hacían incluso “más preocupados” de como habían entrado. Por eso Moncloa comienza a emitir algún mensaje, a pesar de que muchas preguntas siguen sin respuesta.
Lo que dejan claro en el Gobierno es que el presidente y sus miembros no tienen información al respecto de las operaciones que lleva a cabo el CNI. Así lo atestiguan a elDiario.es miembros de antiguos gabinetes que relatan que lo máximo que el presidente o los ministros competentes reciben de los servicios secretos son informes con conclusiones de operaciones concretas, pero no cómo se han llevado a cabo. Los informes que se le remiten al presidente apenas tienen detalle salvo que él expresamente pida saber algo, expresa un antiguo miembro del Gobierno, que asegura que esos documentos en ningún caso detallan nombres. “Nosotros no sabíamos si un objetivo se había logrado a través de un informador o entrando en un ordenador”, señala una de esas fuentes que se refiere a momentos de la lucha antiterrorista.
La directora del CNI ha mostrado en la comisión de gastos reservados las autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de una veintena de personas. Entre los nombres figuraba el de Aragonès. Las autorizaciones con nombres y apellidos mostradas por Esteban han sido 18 pero, junto con estas, la directora también ha enseñado una decena de papeles de los que se habían borrado las identidades, lo que hace suponer que hubo autorizaciones judiciales para entrar en los teléfonos de personas cuyos nombres aún no han sido revelados.
El CNI se desvincula del resto de intervenciones a través del sistema Pegasus que ha revelado Citizen Lab y que alcanza los 65 nombres de personas vinculadas al independentismo, entre ellos los diputados Miriam Nogueras (Junts) y Albert Boltran (CUP), que estaban presentes en la comparecencia de Paz Esteban.
Las explicaciones de la jefa de los espías no han satisfecho a los aliados de la coalición, que han abierto la puerta a que el resto de espiados con ese sistema hayan sido víctimas de terceros países o de elementos fuera del control de “otros organismos del Estado”, según la interpretación que han hecho tras la comparecencia. El dirigente republicano Gabriel Rufián ha abierto el foco sobre el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y que hasta ahora había quedado fuera de la polémica. “Hablamos de las cloacas”, ha dicho Rufián, que ha asegurado que la situación “es insostenible también para Interior”. También la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha apuntado que el “Ministerio de Defensa y el CNI son la punta del iceberg”.