El Gobierno presume de conceder menos del 3% de los indultos solicitados

El Gobierno presume de haber concedido “tan sólo” el 2,76 por ciento de las solicitudes de indulto que recibió en 2013, lo que supone aproximadamente la mitad del total que otorgó el año anterior, cuando concedió esta medida de gracia al 6,68 por ciento de los solicitantes.

Ésta es la respuesta que el Ejecutivo ha dado al portavoz parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, quien pedía explicaciones por el indulto concedido por el Gobierno al empresario canario Miguel Ángel Ramírez- uno de los donantes del PP al que se le dictó pena de prisión por unas obras ejecutadas ilegalmente- y que no preguntaba directamente por el número de indultos concedidos.

Sin embargo, en su contestación, el Ejecutivo de Mariano Rajoy da cuenta del porcentaje de indultos otorgados en los dos últimos años y justifica, en concreto, el concedido a Ramírez apuntando que se ha tenido en cuenta el histórico penal del condenado, el cual no tenía antecedentes, y con el condicionante de que proceda a demoler las obras por las que fue condenado, de acuerdo con la sentencia que se le dictó.

También responde el Ejecutivo a sendas preguntas parlamentarias que sobre le plantearon la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, y el portavoz de Justicia de IU-ICV-CHA, Gaspar Llamazares, criticando la “arbitrariedad” del Gobierno en la concesión de medida, la primera, y para cuestionar que otorgue esta gracia a servidores públicos condenados por prevaricación, el segundo.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró hace apenas un mes que el Gobierno no había indultado a ningón condenado por asuntos de corrupción. La realidad muestra que en lo que va de legislatura se ha concedido el perdón a al menos siete corruptos.

A ambos el Gobierno deja claro que cumple “de forma estricta” la legislación vigente en materia de indultos. En concreto, a la líder magenta explica que el indulto es, por su propia naturaleza, una institucional “discrecional” lo que, recalca, “nunca afecta al delito ni a la culpabilidad del reo, sino que sólo puede limitar en determinados casos, la aplicación de una determinada pena”.

Además, precisa que esta medida de gracia es una institución “extraordinaria” y prueba de ello, dice, es que el Gobierno lo utiliza como tal, como lo demuestra que en 2013 concediera menos del 3 por ciento de las peticiones recibidas y que en el 94 por ciento de los casos la concesión cuente con el parecer “favorable” del tribunal sentenciador y/o el Ministerio Fiscal. Esto supone que en más de un 3% de los casos la justicia se muestra contraria al perdón gubernamental.

“La petición de informes, la formación del expediente y la observación de las reglas para el ejercicio del derecho de gracia, que figuran en la normativa vigente, son elementos que controlan y limitan la concesión de indultos por parte del Gobierno”, agrega el texto oficial, que especifique que, por ejemplo, el no puede indultar a un reo que se encuentra “en ignorado paradero,” ni puede conceder un indulto total en los casos en que el Tribunal sentenciador “no aprecie razones de justicia o equidad”.

Aunque que la concesión de indultos “no está sujeta a motivación”, como UPyD cree que debería exigirse, el Ejecutivo subraya que los elementos reglados ya mencionados “limitan” el ejercicio del derecho de gracia, y apunta en este sentido que todos los que concede se publican “con detalle” en el BOE y que en cada Real Decreto figura el tribunal sentenciador, la fecha de la sentencia, la tipificación del delito, las penas impuestas, la fecha de los hechos, el contenido “exacto” de la gracia y sus condiciones.

Rosa Díez también preguntaba si el Gobierno pensaba establecer un mecanismo “transparente y real” de control parlamentario y rendición de cuentas de los indultos tramitados. A este respecto, el Ejecutivo señala que explica “habitualmente” al Congreso su política de indultos, ya sea por comparecencias, por interpelaciones, o por preguntas parlamentarias.

Y añade que el Gobierno pretende dar la “máxima” transparencia tanto con la publicación de los indultos otorgados y sus detalles como con la explicación en sede parlamentaria de toda cuestión relacionada con su política en esta materia.