En menos de una semana, el Gobierno ha pasado de asegurar que en España “no se espía ni se intervienen comunicaciones” sin amparo legal a anunciar un “control interno” en el CNI para “esclarecer” todo lo relativo al espionaje a unas 65 personas vinculadas al soberanismo catalán y vasco a través del sistema Pegasus. Pedro Sánchez ha asumido la gravedad del caso y se ha visto forzado a cambiar la estrategia anunciando medidas inéditas, como una investigación del Defensor del Pueblo, que no convencen a los aliados de la coalición -que son los principales afectados por el sistema de vigilancia- mientras que Unidas Podemos, que estaba al tanto de los pasos que iba a dar Moncloa, ha rebajado el tono.
Sánchez consiguió escapar la semana pasada de las explicaciones sobre el espionaje que se produjo cuando él ya estaba en Moncloa y delegó en los equipos, especialmente en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la interlocución con la Generalitat para intentar apaciguar los ánimos. Desde las filas republicanas observaban con cierta perplejidad que el Gobierno pretendiera zanjar el asunto sin prácticamente dar explicaciones ni depurar responsabilidades más allá de desvincularse del espionaje.
Bajo el mantra de que la ley impide revelar información sobre las labores que desempeñan los servicios de inteligencia, el principal mensaje que salía del ala socialista del gabinete era que “el Gobierno nada tiene que ocultar”. “Aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones, si no es al amparo de la ley”, solemnizó la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Al día siguiente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, remitió las explicaciones a la comisión de gastos reservados del Congreso, que no está constituida por vetos cruzados entre los grupos.
Pero ni los contactos discretos que comenzaron incluso antes de que Citizen Lab revelara el escándalo ni mucho menos las explicaciones que hasta entonces dio el Gobierno contentaron a los partidos que apoyan al Ejecutivo, ni siquiera a Unidas Podemos. La situación obligó a Moncloa a celebrar el domingo una reunión de urgencia en la que participaron Bolaños y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en el Palau de la Generalitat de Barcelona.
Ahí llegó un ofrecimiento del Gobierno que hasta entonces había descartado: un “control interno” del CNI cuyas conclusiones puedan exponerse en la comisión de secretos oficiales, que Sánchez se compromete a constituir aunque para eso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tenga que cambiar las normas para rebajar la mayoría de tres quintos que se requiere a una mayoría absoluta. El Gobierno había rechazado anteriormente una investigación interna bajo la premisa de que todas las actuaciones se habían desarrollado en el marco legal.
“Es un ejercicio de control interno, van a estudiar sus metodologías y procedimientos y su aplicación a este caso”, explicó este lunes el ministro de Presidencia en una entrevista en TVE: “Lo fundamental es que se esclarezcan los hechos y que los grupos vean satisfechas sus necesidades de información, documentación y explicaciones”. “Estamos en la fase de esclarecer los hechos, ver qué ha ocurrido, revisar metodologías y procedimientos, y es la fase más importante porque podrá hacer que sepamos qué ha ocurrido”, agregó Bolaños, que no descartó que termine habiendo ceses, como reclaman los socios del Gobierno. “¿Cómo vas a hablar de cese si estamos en el momento de investigación para saber si ha pasado algo fuera de la ley? Primero habrá que investigar y saber si se hizo algo fuera de la ley”, explican fuentes gubernamentales, que se muestran convencidas, no obstante, de que todo se ha realizado dentro del marco legal. “Pero en pro de la transparencia, abrimos una investigación”, agregan.
El giro es evidente en el Gobierno. “Que se vaya a establecer un control interno lo único que demuestra es que el Gobierno quiere absoluta transparencia ante la más mínima duda y hay dudas porque han aparecido unas informaciones que dicen que se han llevado a cabo unos espionajes que desde luego no estaban amparados por la ley”, expresó el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia: “Una vez que se dilucide, veremos si se ha trabajado de manera correcta en el CNI, si no se ha hecho así; por tanto habrá que esperar a las conclusiones que ese control que el CNI está dispuesto llevar a cabo termine concluyendo”.
En Moncloa se dan por satisfechos tras la reunión del domingo. “Va a salir bien”, aseguran fuentes gubernamentales, que insisten en que no hay “nada que ocultar”. “Vamos a esclarecer los hechos para que no haya ninguna duda en los cuatro frentes. Es lo que hay que hacer en un Estado democrático”, apostillan. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no convence a los aliados de la coalición.
ERC, Bildu y PNV ven insuficiente la respuesta
ERC ha dicho que son propuestas “más que insuficientes”. “No nos vale con cuatro medidas cosméticas para que parezca que se preocupan del tema”, dijo este lunes la portavoz republicana, Marta Vilalta, que aseguró que “un estado democrático no se puede permitir esto”. En la misma línea se pronunció el PNV, que es el socio prioritario del Ejecutivo. “Las soluciones que está ofreciendo el Gobierno español no son válidas”, afirmó el portavoz, Aitor Esteban, que aseguró que el asunto es “grave e inaceptable”.
Tampoco EH Bildu se da por satisfecho. “Estoy preocupado y no soy de los que quiere que este Gobierno acabe, pero no entiendo cómo están tan tranquilos con la situación de crisis que se está produciendo”, le dijo Jon Iñarritu al jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Nacional en la que evitó dar explicaciones más allá de defender las cuatro “acciones” que ha propuesto el Gobierno: las investigaciones en el Defensor del Pueblo, la Justicia y el control interno en el CNI que derive en una comparecencia de la directora del CNI en la comisión de gastos reservados.
López reprochó a los grupos, que llegaron a calificar el caso de “más grave que el watergate” entre murmullos de las bancadas del PSOE y el PP, que den “partan de la base de que el Gobierno ha hecho algo”. “Nadie puede dudar de que detrás de este espionaje está el Estado español”, le ha contestado la republicana Montserrat Bassa. “Si no sospechasen que algo tiene que ver el CNI no habrían iniciado una investigación interna”, le ha respondido el diputado de EH Bildu, que ha puesto como ejemplo el “meteorito” de la película Don't look up (No mires arriba) que, a su juicio, el Gobierno no está sabiendo ver. PP y Vox se mantuvieron en la ambigüedad en ese debate en el que Ciudadanos justificó el espionaje.
Unidas Podemos baja el tono
El paso que ha dado Sánchez, sin embargo, sí ha apaciguado los ánimos en el seno de la coalición. Después de que la semana pasada los principales dirigentes de Unidas Podemos se pronunciaran con dureza ante una posible responsabilidad del Gobierno en el caso del espionaje y pidiendo específicamente explicaciones a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, este lunes el socio minoritario del Ejecutivo rebajaba el tono.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este lunes que el Gobierno, “con el ministro de la Presidencia”, Félix Bolaños, “a la cabeza” se está tomando “muy en serio” la polémica acerca del espionaje. Y desde Podemos, aunque volvieron a reclamar al Ejecutivo más explicaciones, que depure responsabilidades y que, una vez resueltas, se produzcan dimisiones, el portavoz del partido Pablo Fernández consideró que el Gobierno “está dando pasos adelante” y “está trabajando para que se conozca todo lo que ha ocurrido”.
El equipo de Díaz confirmó a este diario que todas las actuaciones realizadas en los últimos días por el Gobierno, incluida la visita de Bolaños a Barcelona y sus posteriores declaraciones, han sido consensuadas entre los socios de coalición. Asimismo, según ha podido saber elDiario.es, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha estado “en contacto permanente” durante los últimos días con el PSOE y con los independentistas para tratar de aclarar todas las responsabilidades y consensuar las acciones a poner en marcha. Ese diálogo constante, remarcan, ha mejorado el clima de confianza entre los socios.
Aunque ERC ha llegado a amenazar con retirar el apoyo al Gobierno en votaciones de leyes clave y ha asegurado que la legislatura “pende de un hilo”, el Ejecutivo rechaza que el mandato de Sánchez esté en peligro. Ni siquiera contemplan que decaiga el decreto ley del plan de choque contra las consecuencias de la guerra que el Congreso votará este jueves, pero fuentes socialistas admiten que aún no saben qué van a hacer ni el PP ni ERC, cuyo posicionamiento es clave en la compleja aritmética parlamentaria de la coalición.