La imagen de Pedro Sánchez en su escaño este martes ante una nueva derrota parlamentaria de su Gobierno es la foto fija de una legislatura que atraviesa sus horas más convulsas. El presidente no suele acudir a las votaciones del primer Pleno de la semana salvo que éstas sean trascendentes, los números para sacarla adelante sean ajustados y existan, además, garantías de que saldrán adelante. Pero los siete diputados de Junts decidieron volver a exhibir una demostración de fuerza e infligirle un varapalo en vivo y en directo.
Sin previo aviso, los de Carles Puigdemont maniobraron in extremis para incumplir la palabra dada y pasar de la abstención al 'no' en la Proposición de Ley para limitar el alquiler de temporada y la especulación de vivienda en el centro de las ciudades. Así que, junto a la fuerza de los votos de PP y Vox, tumbaron la tramitación parlamentaria de la iniciativa. Una más.
La escena es el fiel reflejo de la situación política que afronta el Gobierno desde el verano. Los diputados de Junts se han descolgado de la mayoría parlamentaria que sustentaba al Ejecutivo y han pasado a operar en votaciones trascendentes como un grupo más de la oposición junto al PP y Vox. Un escenario que en el PSOE no atisban que tenga remedio a corto plazo y que en el Ejecutivo achacan a una reacción por el pacto del PSC con ERC para presidir la Generalitat.
“Todo ha cambiado desde la investidura de Salvador Illa”, lamentan desde el equipo del presidente, que asume que el recorrido parlamentario de cada norma que pase por el Congreso se puede convertir en una pesadilla en los próximos meses. “Esperamos que recapaciten pero de momento lo que tenemos es esto, un discurso por momentos incendiario que suponemos que está influenciado por su propio proceso interno. Tienen que digerir que Illa es president y darse cuenta de que no es sostenible situarse siempre al lado del PP y de Vox”, reflexiona uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente.
Entre las filas del PSOE cunde por ahora el pesimismo. La interlocución con la dirección de Junts es permanente y se está a la espera de que los independentistas catalanes agenden un nuevo encuentro al más alto nivel entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán, el secretario de Organización socialista e interlocutor principal del expresident. Esa cita, para la que en Ferraz aún esperan fecha, está señalada en rojo en el calendario de Junts y ambas partes coinciden en que de lo que hay se discuta, se acuerde o se comprometa dependerá en gran medida el futuro de la legislatura. Y también a ambos lados se preparan para que el encuentro se convierta en un duro cruce de reproches.
“El Gobierno español no debe olvidar que no dispone de mayoría absoluta”, publicó el propio Puigdemont este miércoles en sus redes sociales tras las críticas a su partido por tumbar la propuesta de vivienda en el Congreso y ejercer de oposición junto al PP y Vox. “Cuando haya digerido que un gobierno en minoría no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta, saldremos ganando todos. Porque querrá decir que sustituirá la imposición por la negociación, y no confundirá la disposición a negociar y llegar a acuerdos con una vocación de alfombra donde secarte los zapatos antes de entrar en casa”, prosiguió.
El mensaje del expresident, en realidad, vuelve a dejar la puerta abierta a futuras negociaciones y a futuros acuerdos. Aunque, de paso, recuerda que el precio de los siete diputados de Junts nunca resultará barato para Pedro Sánchez. “Perder el respeto a quien tiene los votos que necesitas, y no sudar la camiseta intentando ganártelos a cada votación es el camino más directo al fracaso. Lo reitero: estas eran las reglas del juego que expusimos desde el primer día, por lo que no se pueden hacer los asombrados. ¿No se negocia un decreto, una ley, un nombramiento? Entonces nuestro voto no pueden darlo por supuesto. El nuestro, no”, advirtió Puigdemont.
Aunque en el Gobierno hay quien opina que el congreso interno de Junts de finales del mes de octubre puede ayudar a despejar el camino y devolver a Puigdemont a la senda de la colaboración parlamentaria, también hay voces que empiezan a dar la voz de alerta de que esta deriva podría no tener vuelta atrás. Porque nadie espera, de hecho, que de ese congreso salga otra cosa que no sea un refuerzo del liderazgo del expresident y, por tanto, de la línea política más dura del independentismo catalán. Y porque tampoco se esperan avances a corto plazo en cuanto a la aplicación de la amnistía a su situación procesal.
La pregunta es qué ocurrirá si pasan los meses y persiste el bloqueo ante una mayoría parlamentaria de oposición de derechas con PP, Vox y Junts frente al Gobierno. El mensaje del presidente es rotundo: continuar adelante pase lo que pase. Aunque son pocos quienes creen que una situación de minoría parlamentaria extrema sin apenas margen para impulsar reformas sea sostenible ni a medio ni a largo plazo.
Por eso, el siguiente paso del Gobierno será presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y esperar a que cambie el viento que llega de Waterloo. Desde el Ejecutivo no esconden que las expectativas a día de hoy para poder arrancar el apoyo de Junts a esas cuentas son casi inexistentes. Pero también dejan la puerta abierta a que el paso de los meses ayude a salir del bloqueo.
“De verdad esperamos que recapaciten. Ellos tienen que afrontar ahora un tiempo de reflexión y nosotros lo respetamos. Pero esos Presupuestos serán buenos para Catalunya y nosotros los vamos a llevar al Congreso, los vamos a debatir y los vamos a defender. Y ya hemos llevado a cabo muchas veces acuerdos que parecían imposibles, así que esta vez no tiene por qué ser diferente”, reflexiona otro miembro del gabinete del presidente.
Mientras, la vicepresidenta segunda viajó hasta Barcelona este miércoles. El día después del último desplante de Junts en el Congreso, Yolanda Díaz quiso sentarse con la patronal catalana, muy cercana políticamente a los de Carles Puigdemont. El orden del día oficial se centró en las negociaciones para la reducción de jornada laboral en la que trabaja el Ministerio de Trabajo, aunque el trasfondo político es relevante. La apuesta de los socios de coalición del PSOE es clara: reconstruir los puentes con Carles Puigdemont para volver a levantar el castillo de naipes de una mayoría parlamentaria que permita impulsar al menos unos Presupuestos Generales del Estado que sustenten el horizonte más incierto que nunca de una legislatura hasta 2027.