El Gobierno quiere cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a toda costa para evitar el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado a la nueva senda de déficit. Dicha senda es la base para aprobar sus propios Presupuestos Generales del Estado para 2019, en lugar de seguir constreñido por los objetivos de ingresos y gastos más ajustados que pactó Rajoy.
De este modo, consigue un margen de gasto de 6.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social. El Grupo Socialista ha recurrido a una maniobra legal para conseguirlo: introducir una enmienda en la tramitación de la ley con la que iban a dar formación en violencia machista a la carrera judicial para modificar Ley de Estabilidad, según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es.
¿Qué consiguen los socialistas? Acelerar la aprobación de una reforma de la ley de estabilidad con la que quieren sortear el veto del PP a la nueva senda de déficit, que da a Hacienda un oxígeno de cerca de 1.000 millones de euros para la elaboración de los presupuestos de 2019.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, negoció unos nuevos objetivos de déficit con Bruselas para el próximo año y logró cinco décimas más de margen para el techo de gasto a las comunidades (dos décimas), el Estado y la Seguridad Social. El déficit deberá ser del 2,2% del PIB para este curso, cinco décimas por debajo de lo que acordó el Gobierno del PP, y del 1,8% el que viene. Esa nueva senda de déficit tiene que aprobarse primero en el Congreso y, gracias a una reforma que llevó a cabo el PP en 2012, también pasar por el Senado, que tiene la última palabra. Para Pedro Sánchez y sus aliados esa norma es una “anomalía”, ya que en ningún otro caso la Cámara Alta tiene capacidad de veto sobre la Baja.
En un inicio, Sánchez no logró siquiera sacar adelante la senda de déficit en el Congreso, pero ahora está más cerca de conseguirlo. Pactó con Pablo Iglesias llevar a cabo la reforma de esa ley. La proposición llegó al Congreso, pero se encontró la dilación de su tramitación en la Mesa de la Cámara, que se negó a tramitarla por la vía de urgencia y en lectura única. PSOE y Unidos Podemos acusaron entonces a Ana Pastor de “filibusterismo” político.
Este martes se ha votado en el Congreso la admisión a trámite de la reforma, pero los socialistas han recurrido a un plan B para acelerar el procedimiento de aprobación. Fuentes de la dirección parlamentaria aseguran que es un mecanismo que se ha usado en otras ocasiones: “Una ley orgánica se puede modificar en la tramitación de otra ley orgánica. A la Ley Orgánica del Poder Judicial le hemos metido una enmienda para modificar la Ley de Estabilidad”.
El trámite para registrar enmiendas a esa reforma de la Ley del Poder Judicial -con la que los socialistas proponían formación para jueces y fiscales en materia de violencia machista- terminaba este mismo martes. Ahora tan solo tienen que esperar a que se realice la ponencia y se voten las enmiendas en la Comisión de Justicia.
Los socialistas dan por hecho que tendrán el respaldo suficiente para sacar adelante la reforma. Sus aliados parlamentarios (Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y ERC) estaban informados de esta maniobra y están de acuerdo, según fuentes socialistas.