La Paz, 20 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia afirmó este miércoles que la ley que cesa el mandato de los magistrados que extendieron sus funciones y que fue promulgada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no tiene validez, por lo que es posible que el legislador afronte responsabilidades penales y civiles.
Rodríguez promulgó en la víspera una ley que fue aprobada por el Legislativo en junio durante una sesión en la que no estuvo el titular nato del Parlamento y vicepresidente del país, David Choquehuanca, debido a que este asumió como presidente en ejercicio por el viaje que entonces hizo el mandatario Luis Arce a Rusia.
El ministro de Justicia, César Siles, mencionó que Rodríguez cometió una “autoproclamación” al asumir la presidencia del Legislativo el martes cuando, a su juicio, no le correspondía a partir de que Choquehuanca asumió como presidente interino por el reciente viaje de Arce a Brasil.
Siles dijo que “no es un argumento constitucional ni legal” que Rodríguez señale que por la ausencia de Arce y con Choquehuenca como presidente interino sea él quien tenga la potestad de ser la cabeza del Legislativo.
Asimismo, el ministro sostuvo que la acción de Rodríguez se acomoda a los delitos de usurpación de funciones, resoluciones contra la Constitución junto a desobediencia e incumplimiento de resoluciones constitucionales, por lo que urgió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El ministro recordó que la sesión del Parlamento que Rodríguez presidió en junio fue declarada por el TCP “nula de pleno derecho”.
Rodríguez es legislador del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y pertenece al bloque que respalda al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quien está distanciado del presidente Arce desde finales de 2021.
Siles mencionó que esta jornada Rodríguez envió una nota al Ejecutivo para pedir que la ley se publique en la Gaceta Oficial y en la que firmó como presidente del Legislativo, algo que se enviará al TCP para que esa corte tome una posición.
Sin embargo, la autoridad de los magistrados del TCP junto a los jueces de las otras altas cortes del país está puesta en tela de juicio por la ampliación de un año que hicieron de su mandato, a finales del 2023, bajo el argumento de evitar un “vacío de poder” ante el retraso de la celebración de las elecciones judiciales.
Los comicios se realizarán finalmente el próximo 15 de diciembre después de un accidentado proceso que duró casi dos años.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y líder opositor dijo en la red X que lamenta que la ley promulgada por Rodríguez sea bloqueada “por funcionarios ilegítimos y autoprorrogados que ejercen sus cargos ilegalmente para defender las arbitrariedades de un gobierno que los respalda”.
El también exmandatario Evo Morales (2006-2019) consideró que la promulgación se hace “en absoluto respeto” a la Constitución y la calificó como “un hito importante en el respeto necesario a la institucionalidad del Estado”.
El bloque de Morales es uno de los más críticos a la permanencia de los magistrados del Constitucional por el reciente fallo que ratificó que el exjefe de Estado no puede ser candidato a la presidencia en los comicios del 2025 y otro que le quitó el liderazgo del MAS después de hace casi tres décadas.