El Gobierno ha ahogado en un mar de dictámenes y burocracia la exhumación de dos cadáveres del Valle de los Caídos. Las familias habían ganado en los tribunales la posibilidad de sacar a sus familiares del panteón franquista pero “la oposición de terceros” y “la complejidad de este caso”, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, están retrasando una solución.
Dos informes de la abogacía del Estado, un dictamen del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y otro dictamen del Consejo Médico Forense separan a una familia de recuperar los cuerpos de dos de sus miembros. Esta pesadilla burocrática es la respuesta que la vicepresidenta del Gobierno dio a la pregunta de la parlamentaria socialista Isabel Rodríguez sobre las resoluciones judiciales relativas a la exhumación de cadáveres del Valle de los Caídos durante la sesión de control del Gobierno de este miércoles.
“Ante la complejidad del caso Patrimonio Nacional solicito informe a la abogacía del Estado, que ha realizado dos informes, que nos aconseja reclamar un dictamen al Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para que se pronuncie sobre la viabilidad del acceso y sobre las obras necesarias. En caso de que sea afirmativo, se solicitará un dictamen al Consejo Médico Forense para que se pronuncie sobre el procedimiento de localización, identificación, exhumación de los restos y la posibilidad de la práctica del ADN”, ha explicado la vicepresidenta.
La diputada del PSOE ha recordado la historia de los dos fallecidos enterrados en una fosa común, “que gracias a la Ley de la Memoria Histórica se descubrió que estaban enterrado en el Valle de los Caídos”. Rodríguez hizo un pequeño homenaje a los familiares de estos represaliados durante la Guerra Civil aludiendo a la nieta que se encontraba en la tribuna de invitados.
“Trabajemos sobre la resignificación del Valle de los Caídos para que no sea un símbolo de exaltación franquista, es necesario que salgan los restos del dictador, algo que aprobó esta Cámara”, le ha recriminado la parlamentaria socialista a la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría ha insistido en que es “un asunto serio y complejo” y ha recordado que “desde 1980 no ha habido exhumaciones en el valle de los caídos con 20 años de Gobierno socialista” y de los informes periciales pedidos por el socialista Ramón Jáuregui sin éxito.
“El consejo de administración de Patrimonio Nacional está haciendo todo lo que está en su mano para cumplir con el auto”, ha concluido Sáenz de Santamaría.
La familia, en el Congreso
Purificación Lapeña, la nieta de uno de los represaliados e impulsora de la demanda, ha seguido la sesión del Congreso desde la tribuna de invitados junto a su marido, Miguel Ángel Capapé. Con un tono entre triste y cansado, Capapé ha explicado a este diario su (esperada) decepción tras la respuesta de la vicepresidenta. “Viendo la catadura moral del PP con estos temas, la verdad es que no esperábamos nada. Ha sido más de lo mismo. Más vueltas, más informes y ahí seguimos”, ha lamentado. “Las reuniones que hemos tenido con Patrimonio siempre hemos salido con buenas palabras, pero sin nada positivo, todo es alargar”.
La familia Lapeña se está pensando su siguiente movimiento. Quizá otro informe, quizá otra denuncia. Su problema es el tiempo. El padre de Purificación, hijo y sobrino de los represaliados, tiene 92 años y le gustaría ver a sus familiares enterrados con dignidad. Una cosa tienen clara: “Vamos a seguir, no nos van a parar”, advierte Miguel Ángel Capapé.