En un comunicado, el Ejecutivo ha aludido a las “confusas” informaciones dadas a conocer sobre la operación y su posterior anulación por parte del Ministerio de Interior, así como “a las posteriores noticias” en torno al registro del despacho y supuesta detención de los abogados, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, “además de varios miembros pertenecientes supuestamente al conocido como Colectivo de presos, EPPK”.
En todo caso, el Ejecutivo vasco espera que esta operación esté “plenamente justificada”, en un momento en el que en Euskadi “se está viviendo un nuevo tiempo en un proceso complejo de construcción de paz, ilusión y esperanza”.
El Gobierno de Urkullu, que ha apelado a la “máxima cautela y responsabilidad”, ha asegurado que no realizará “valoración alguna” hasta “conocer y aclarar todos los detalles y alcance de la confusa operación policial efectuada hoy en Euskadi”.