El Gobierno se abre a cambiar la ley del 'solo sí es sí' aunque Podemos dice que “a día de hoy” no hay acuerdo

Habrá cambios en la ley del 'solo sí es sí'. La nueva norma será reformada por el Gobierno a iniciativa del Ministerio de Igualdad después de que los jueces hayan reducido más de 200 condenas en los tramos más bajos de las penas al aplicarla. La marcha atrás se llevará a cabo en las próximas semanas, según ha adelantado este sábado La Vanguardia y ha podido confirmar elDiario.es.

La presión del ala socialista del Gobierno sobre Unidas Podemos ha sido constante desde que se conocieron las primeras revisiones a la baja de los tribunales y finalmente ambas partes han acordado acceder a cambios que intenten evitar los efectos indeseados de la norma. La tarea es compleja porque ni siquiera en el seno de la coalición hay un convencimiento claro de que cualquier rectificación que se ponga en marcha vaya a paliar a corto plazo las rebajas de penas, ya que el sistema penal español los jueces tienen la obligación de aplicar siempre la norma más beneficiosa para el reo (de todas las que han estado en vigor). En algunos tramos de las penas mínimas (no así en los delitos más graves) el último texto que aprobó el Congreso es más benévolo que los anteriores.

Según ha avanzado La Vanguardia será el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, quien se encargue de cambiar la norma, en coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que de momento guarda silencio sobre este asunto. Fuentes de la dirección de Podemos han asegurado este sábado a eldiario.es que “a día de hoy no existe ningún acuerdo entre los dos socios del Gobierno Gobierno para cambiar la ley”. Ese “a día de hoy” es relevante, porque pocos dudan en el seno de la coalición de que el texto acabará siendo retocado. Desde hace semanas tanto Podemos como el Ministerio de Igualdad han rebajado su contundencia, tras afirmar que la norma no sufriría cambios. Las mismas fuentes del partido que lidera Ione Belarra apuntan: “El Gobierno no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta, compartiendo la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas. Seguimos trabajando en ello. Pero a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida. El PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del código penal”. En la misma línea se ha manifestado su portavoz Isa Serra, quien ha advertido a esos “sectores conservadores” a los que atribuye esas presiones que el feminismo es “imparable”.

También este viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, admitía que su departamento está preocupado por las rebajas de penas que atribuyó a decisiones judiciales que no se corresponden con el espíritu de la norma y subrayó que su ministerio lleva meses haciendo todo lo que está en su mano “para garantizar la correcta aplicación de la ley”. Este es el pasaje completo que el viernes pronunció Montero: “La ley del solo si es si es una ley solida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento Europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres victimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir y muchas de esas críticas reconocen que es una ley solida, necesaria y permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y atención integral a las víctimas. Lógicamente compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas, que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la propia ley del sí es sí y el espíritu y la voluntad del legislador y por supuesto precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y sea necesario, llevamos meses haciéndolo, para garantizar la correcta aplicación de la ley del sí es sí y así seguirá siendo”.

Otras fuentes del Gobierno han confirmado a esta redacción que existen conversaciones entre los socios para modificar el texto tras “constatarse algunos efectos indeseados de la norma”. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema y abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. El Ejecutivo alega que “se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectado”. En esa tarea, insisten las mismas fuentes, van a implicarse “los dos partidos del gobierno de coalición, con plena sintonía: ” Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento“.

El goteo en los tribunales, donde se han reducido ya más de 250 penas, incluidas algunas que han liberado a algunos condenados por abusos sexuales, estaba convirtiéndose en un grave problema para el Gobierno en el peor momento posible, cuando se inicia una larga campaña electoral, primero con comicios autonómicos y municipales, y posteriormente con generales a final de año.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llamada ley del 'solo sí es sí', se aprobó en agosto, después de un largo trámite que focalizó la atención en la reforma del Código Penal o la prostitución, que finalmente quedó fuera del texto por las discrepancias entre los grupos. A la parte penal de la norma, que acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual, un delito este último que desaparece, le acompañan medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas.

El Gobierno sigue afirmando que se trata “de una buena ley y una conquista del movimiento feminista” y recuerda que nació para “proteger más a las víctimas y tipificar como delito actitudes machistas” que antes no tenían un reproche penal.

La norma, que finalmente fue aprobada por 14 partidos, desde PSOE a UP, pasando por Ciudadanos y Esquerra, ha sido objeto de durísimas críticas por parte de la derecha desde que se conocieron las primeras revisiones de penas a la baja, en los tramos más bajos de las condenas. Tanto PP como Vox han acusado directamente al Gobierno de dejar en la calle a violadores y delincuentes sexuales.

El Gobierno ya intentó aplacar la polémica introduciendo una enmienda en la exposición de motivos del Código Penal, que según los juristas consultados no puede impedir las rebajas de penas que están aplicando los tribunales.

El criterio de los jueces varía en función de cada caso, pero tras dos meses de sentencias ya es posible agruparlas en bloques: las que incluían condenas mínimas para los delincuentes, las que impusieron penas máximas, las que abarcan condenas intermedias y finalmente las que examinan varios delitos en concurso. Todas, ha dejado claro el Tribunal Supremo, se deben revisar pero eso no implica que todas se rebajen.