Las grandes investigaciones sobre corrupción en Madrid han obligado a la Audiencia Nacional a reclamar cientos de documentos al Gobierno de Cristina Cifuentes. Los investigadores de los casos Púnica y Lezo se han encontrado en varias ocasiones con que el Ejecutivo regional no era capaz de encontrar la información que buscaban. Desde libros de cuentas hasta adjudicaciones a empresas investigadas, la última providencia “traspapelada” es un capítulo más de los problemas del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la documentación judicial.
“Nadie puede pensar que estamos intentando ocultar algo”, ha asegurado Cifuentes este lunes, en su primera referencia a la información publicada por eldiario.es, en la que se explica que su Gobierno tenía permiso desde agosto para entregar a la oposición las actas del Canal de Isabel II y varios informes sobre los pelotazos en Latinoamérica investigados en el caso Lezo. El Ejecutivo ha destituido a un subdirector general, al que acusa de haber “traspapelado” la providencia de la Audiencia Nacional. Esta explicación resulta “poco verosímil” a la oposición, y PSOE y Podemos han pedido que comparezca en la Asamblea para esclarecer lo ocurrido.
Durante los meses en los que ese papel dormía en un cajón, la Comunidad de Madrid respondía a quien le preguntase que estaban esperando el permiso del juez para entregar la documentación. Es más, aclaraban que interpretaban la falta de respuesta como una negativa a facilitar a la oposición esa información.
El argumento es que la documentación sobre las compras de Emissao e Inassa por parte de la empresa pública se había enviado al juez de Lezo, y por tanto se encontraba protegida por el secreto de sumario. El Juzgado ha contestado que no es así, y que no puede oponerse a que se facilite a los diputados de la Asamblea de Madrid, que la tendrán por completo de forma “inminente”, según el Ejecutivo.
Además, en un auto reciente, el juez Manuel García Castellón ha reclamado nueva documentación sobre la compra de Inassa bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón, porque el envío de la Comunidad de Madrid no contenía toda la información sobre esa adquisición. Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron a eldiario.es que ya se han enviado esos papeles; sin embargo, los jueces que investigan la corrupción del PP en Madrid no siempre se han encontrado con la misma diligencia en atender sus peticiones.
Papeles perdidos y destruidos en Púnica
Una de las ramas de la investigación de Púnica indaga en los delitos cometidos a través de Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. Hubo adjudicaciones irregulares, enchufes de políticos del PP y pagos sin justificación a cargos del partido. Un diputado nacional del PP, por ejemplo, se llevó 12.000 euros por redactar un informe que no sobrepasaba las 30 páginas.
Los investigadores no han podido encontrar alguna de la documentación sobre contratos bajo sospecha. Arpegio reconoció en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que no había localizado algunos documentos, después de que los agentes se personasen hasta en dos ocasiones en la sede de la empresa para reclamarlos.
No hay causa conocida para esa desaparición, dijo la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. En el escrito enviado a la Audiencia Nacional aseguraron que estaban intentando localizarnos y que desconocía si no están en su sitio por “causa voluntaria o involuntaria”.
Esos documentos siguen perdidos, pero de otros se sabe que fueron destruidos. Según publicó El Mundo, la Comunidad de Madrid había eliminado documentos relacionados con una adjudicación investigada en Púnica, y que afectaba a Jaime González Taboada, exconsejero de Cifuentes. Los papeles se hallaban en un armario de la Dirección General de Administración Local y fueron destruidos, aseguró la Comunidad de Madrid, como parte de la habitual eliminación de documentos antiguos.
Documentos extraviados sobre la financiación ilegal
Entre los documentos que la Comunidad de Madrid ha traspapelado se encuentran algunos relativos a su financiación ilegal, investigada en otra rama del caso Púnica. La Consejería de Economía aseguró a la UCO que no disponía “físicamente” de un expediente de adjudicación a una empresa de Daniel Mercado, el empresario que reconoció ante el juez que había financiado ilegalmente al PP de Madrid.
Según el escrito, se debía a un problema con las empresas que debían custodiar la documentación. La Consejería tenía los datos del contrato, pero no el contrato en sí. Por tanto, no hay rastro de la adjudicación por un total de dos millones de euros para que la empresa Over Marketing promocionara el programa de autónomos de la Comunidad de Madrid, y que la Audiencia Nacional investiga si se trató de una maniobra para pagar al empresario a cambio de sus trabajos en campaña.
El Gobierno regional tampoco ha logrado encontrar otros contratos relacionados con Over Marketing, en este caso relativos a las adjudicaciones del Campus de la Justicia, el frustrado macroproyecto que pretendía aunar en un solo lugar todas las sedes judiciales de la Comunidad.
En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Cifuentes aseguró que no había localizado “ninguno de los contratos” con empresas como Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América, todas relacionadas con Mercado. El empresario ingresó al menos 360.000 euros por promocionar el proyecto.
Esa información sale del libro de cuentas del Campus de la Justicia, otro documento extraviado que al Gobierno regional le costó meses encontrar. Llegaron a darlo por perdido, para anunciar a los pocos días que lo habían encontrado. Las cuentas, además de ser una radiografía del despilfarro de dinero público, contenía referencias a los pagos a las empresas de Daniel Mercado.