Pedro Sánchez ya ha conseguido los apoyos necesarios para aprobar este miércoles la cuarta prórroga del estado de alarma tras una negociación contra reloj con Ciudadanos y PNV. Las conversaciones se prolongaban hasta última hora de la tarde del martes hasta cerrar un acuerdo con el partido de Inés Arrimadas y los nacionalistas vascos, a primera hora de este jueves, han confirmado que votarán también que 'sí' después de que el Gobierno haya aceptado algunas condiciones relativas a la toma de decisiones “conjuntamente” respecto a la desescalada y a la vía libre para la celebración de las elecciones en Euskadi, que quedaron suspendidas por la emergencia sanitaria de la COVID-19. De esta forma, la posición del PP, que se debate entre el 'no' y la abstención, resulta irrelevante en la votación.
“Tras haber recibido la confirmación oficial de Moncloa de que el Gobierno central acepta la propuesta de resolución que presentamos en el día de ayer, el Grupo Vasco del PNV votará hoy a favor del la prórroga del decreto de alarma, por lo que esta prosperará”, ha explicado a primera hora la formación nacionalista en un mensaje en Twitter.
El Ejecutivo se ha tenido que emplear a fondo en la negociación después de que ERC decidiera votar en contra de la prórroga -sumándose a Vox, JxCat y la CUP- y ante la incógnita de qué hará el PP. Pablo Casado ha dejado claro que no apoyará el mantenimiento del mando único, aunque no ha desvelado si sus 88 diputados votarán 'no' o abstención. El 'sí' de los diez diputados de Inés Arrimadas supuso un primer alivio para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y la confirmación del PNV asegura la prórroga hasta el próximo 24 de mayo.
Arrimadas condicionó su apoyo a la prórroga del estado de alarma a que Sánchez aceptara una serie de requisitos. Así se lo hizo saber en una conversación telemática este lunes. Desde entonces se han mantenido los contactos pilotados entre Félix Bolaños, secretario general de presidencia -por la parte de Moncloa-, y de Carlos Cuadrado, vicesecretario general del partido. La intención de Ciudadanos es que se desvinculen las medidas económicas aprobadas de la duración del estado de alarma y el Ejecutivo ha accedido.
“El Gobierno y Ciudadanos se comprometen a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTEs y las ayudas a PYMES y autónomos para que puedan adecuarse éstas y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del estado de alarma”, señala Moncloa en un comunicado.
“El Gobierno de España y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual estado de alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del estado alarma”, prosigue la nota difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación pasadas las 21 horas del martes.
Además, Arrimadas arranca a Sánchez el compromiso de mantener el contacto periódico para informarle de la situación de la pandemia: “El Gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos para informar sobre la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada”.
Los diez diputados de Ciudadanos son importantes para el Ejecutivo en un momento en el que el PP no ha desvelado si se abstendrá o votará en contra de la prórroga que se debate en el Congreso este miércoles. Entre tanto, el Ejecutivo ha mantenido la negociación contra reloj con otras formaciones políticas. Para que le salgan los números, Sánchez necesita al menos la abstención del PNV si Pablo Casado vota 'no'.
Condiciones asumibles del PNV
La negociación con los nacionalistas vascos la ha pilotado este martes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para intentar atraer su apoyo después de que Iñigo Urkullu dijera que había alternativas al estado de alarma a través de normativas como la ley de salud pública de 1986. El Gobierno sostiene que “no existe alternativa jurídica” que permita limitar la movilidad entre provincias que prevé el plan de desescalada hasta la “nueva normalidad”, que no llegará hasta finales de junio. La intención de Sánchez es mantener el estado de alarma hasta entonces a través de sucesivas prórrogas quincenales que tendrá que negociar con las formaciones políticas, que han ido incrementando sus críticas y también descolgándose en las últimas semanas.
Los socialistas se mostraban anoche confiados en que el PNV apoyara, al menos con su abstención, el mantenimiento del estado de alarma. “Carmen Calvo lo ha estado reconduciendo”, expresa una fuente conocedora de las conversaciones. El líder del partido, Andoni Ortuzar, se mostraba abierto a secundar la prórroga si se permitía un mando compartido que, a juicio de los socialistas es la “cogobernanza” a través de la cual las comunidades harán propuestas para la desescalada: “Es interlocución permanente en la aplicación”.
Las enmiendas presentadas por el grupo nacionalista vasco van en esa dirección: reclaman que las decisiones de la desescalada se adopten “conjuntamente con cada Comunidad Autónoma” y que sean “aplicadas por quien ostente la presidencia” autonómica “como representante ordinario del Estado en el territorio”. Además, piden que “la vigencia del estado de alarma no suponga obstaÌculo alguno” en la celebración de elecciones en la “nueva normalidad”. Fuentes socialistas explican que “el estado de alarma no impide la celebración” de los comicios y que en el caso de Euskadi la suspensión se circunscribió a la emergencia sanitaria en la comunidad foral.
Sánchez pierde apoyos
Calvo intentó sin éxito que ERC reconsiderara su rechazo. Primero intercambió algunos mensajes de WhastApp con el número dos de la Generalitat, Pere Aragonès, y mantuvo una conversación telefónica el martes. Los trece diputados de ERC votarán en contra fundamentalmente por el rechazo a que el Gobierno mantenga el mando único en la desescalada. En enfado de los republicanos catalanes ya lo anticipó Gabriel Rufián en el debate de hace quince días al advertir a Sánchez de que su abstención “era más cercana al no”.
La retahíla de críticas al Gobierno durante la gestión de la crisis de la COVID-19 ha ido en aumento en los sucesivos debates parlamentarios, aunque Moncloa calcula que obtendrá 177 síes. Bildu también ha reclamado que las comunidades autónomas sean las que gestionen la desescalada, aunque por el momento se mantiene en la abstención. El Gobierno ha incidido en que el sistema para la desescalada será el de la “cogobernanza” en la que el Ministerio de Sanidad abordará con los principios de “colaboración y coordinación” las propuestas de las autonomías, aunque se reserva la última palabra.
Más País ha anunciado su 'sí', aunque ha criticado duramente al Gobierno, al que ha acusado de “irresponsabilidad” por la actitud de “soberbia” y de no tener diálogo con las fuerzas políticas. Esa es una crítica común a las fuerzas políticas y las autonomías que el Ejecutivo niega. Con Más País y Compromís ha contactado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, al igual que con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que mantiene el apoyo. El Partido Regionalista Cántabro también respaldará, según comunicó Miguel Ángel Revilla a Sánchez en la última reunión de presidentes autonómicos.
La dirección de Nueva Canarias ha decidido el “sí crítico” del diputado Pedro Quevedo. También Coalición Canarias votará a favor tras haber recibido la llamada de José Luis Ábalos mientras que BNG pasa del 'sí' a la abstención por que no comparte la gestión que está haciendo el Ejecutivo. Foro, aliado del PP, ha anunciado que rechazará en esta ocasión la prórroga y UPN mantiene la incógnita.
En todo caso los socialistas confían en que los números no vayan tan justos y que el PP termine absteniéndose. “Se espera y se desea un acuerdo de los dos grandes partidos para que haya una prórroga del estado de alarma”, expresó el presidente en la sesión de control al Senado tras recordar que el alargamiento es “el único instrumento para salvar vidas”. Casado mantendrá el secreto sobre su posición hasta el último minuto. “Ese anuncio lo hará el presidente Casado en el Congreso de los Diputados”, afirmó el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, en una entrevista en Telecinco este martes.
Los conservadores, que quieren hacer valer sus 88 escaños y vislumbrar la debilidad parlamentaria de la coalición, han registrado enmiendas al decreto del Gobierno para desvincular las medidas relacionadas con el empleo de la duración del decreto de alarma. Además, el PP plantea la activación de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Protección Civil y la Ley de Salud Pública “para garantizar el mando único en materia sanitaria y para tomar las decisiones oportunas con respecto al control de movilidad de los españoles”, informa Iñigo Aduriz. Sin embargo, ninguna de esas normativas permitiría limitar la movilidad interprovincial que, según el Ejecutivo, es “un vector de contagio que hay que limitar”.
El Gobierno ha tratado de elevar la presión sobre el PP recordándole que tumbar la prórroga del estado de alarma supone condenar a España en el “caos sanitario y económico” a partir del 11 de mayo que caducaría la medida de excepcionalidad. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apeló a los presidentes autonómicos conservadores al recordarles que su partido “ya está gestionando la pandemia” a través de los gobiernos regionales.
Presión a Casado de presidentes del PP
A pesar de que inicialmente fuentes de la vicepresidencia primera aseguraron que Calvo se puso en contacto con varios jefes de ejecutivos del PP al entender que tenían distintas “sensibilidades” respecto a Casado, la número dos de Sánchez solo contactó con Alberto Núñez Feijoó por tratarse del único, junto con Urkullu, que tiene “elecciones pendientes”. El presidente gallego, que vinculó la convocatoria a la duración del estado de alarma, lo rechazó este domingo y dijo que las medidas eran más propias del estado de excepción.
Tras la conversación con Calvo, se mostró comprensivo respecto al alargamiento del estado de alarma los próximos quince días, aunque avisó de que no podría producirse “sine die”: “Otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora”. Otros presidentes autonómicos del PP también rebajaron el tono respecto al jefe de la oposición.
En esa misma línea se pronunciaba la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que dejaba claro que el estado de alarma debe concluir aunque abría la mano a dar quince días más al Gobierno con el objetivo de “proteger a los ciudadanos” para que “la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías”. “Yo entiendo que la decisión del Partido Popular es o ahora o dentro de 15 días para dar un tiempo prudencial al Gobierno”, señaló en una entrevista en EsRadio.
“Creemos que se debe mantener el estado de alarma, pero debemos dejar que sigan corriendo los plazos administrativos, de licitación y de adjudicaciones de obra pública”, ha dicho el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. “No hay que descartar la prórroga al estado de alarma, pero solo con acuerdo. Lo que no apoyo es el chantaje para ampliar el estado de alarma. Casado está pidiendo que, a cambio de entregar el poder absoluto a Sánchez, se recojan las medidas que se van a aplicar”, expresó el presidente murciano, Fernando López Miras, informa Santiago Cabrera.