Enterrada, al menos por ahora, el hacha de guerra. Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo de mínimos para organizar la vuelta al colegio. La cercanía de la reapertura de las aulas seis meses después de que los niños se fueran a casa en marzo por el crecimiento del coronavirus en España disparó las alarmas en la comunidad educativa sobre la forma en la que se retomará la actividad. Y también se incrementó la tensión entre administraciones. Algunas comunidades autónomas y el PP reprocharon al Ejecutivo la inacción en este asunto. Incluso Unidas Podemos acusó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de “falta de liderazgo” en la organización del retorno a las escuelas.
“Estamos trabajando desde la suspensión de la actividad educativa presencial. Hemos trabajado conjunta y coordinadamente”. Así comenzó Celaá su intervención en la rueda de prensa en la que, junto a Salvador Illa y Carolina Darias, explicó el acuerdo alcanzado con todas las autonomías, a excepción de Euskadi. “Hemos conseguido concluir el curso 2019-2020, celebrar las pruebas de la EVAU, organizar el trabajo y homologar los estudios cursados en el extranjero y otros. Estamos trabajando en el inicio del curso escolar 2020-2021 que empezará en septiembre. Hay mucho trabajo hecho”, se defendió la titular de Educación, que recordó que el 22 de junio, tan solo un día después de que se levantara el estado de alarma, se envió a las comunidades una guía para el arranque del curso escolar. “No hemos partido de cero”, remató.
Una vez recuperadas todas las competencias, las comunidades tenían que establecer sus propios planes de actuación. Pero a medida que la fecha se ha ido acercando y con un aumento significativo de los contagios, la tensión se ha elevado por parte de algunas autonomías, que pedían instrucciones a Educación. El Gobierno convocó una reunión multisectorial en la que estuvieran presentes los consejeros de Educación y Sanidad y, por su parte, asistió también la ministra de Política Territorial. La víspera, el PP convocó a sus representantes y, tras la reunión, Génova reclamó un plan coordinado para la vuelta al cole que incluyera el uso obligatorio de la mascarilla o la elaboración de pruebas PCR a los profesores antes de reincorporarse.
Ante la revuelta ocasionada, desde el Gobierno recordaban que la educación es una materia transferida a las comunidades autónomas y que ya había un protocolo genérico elaborado en junio. La ministra trató de rebajar la preocupación al asegurar que solo era necesario realizar algún “ajuste” en función de cómo ha evolucionado la epidemia en España. Y eso es lo que han hecho en la reunión de este jueves en la que han introducido algunos cambios sobre las recomendaciones iniciales. Por ejemplo, se ha generalizado el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años –independientemente de que los alumnos formen o no parte de grupos “burbuja”– y se tomará la temperatura al inicio de la jornada escolar. También se han establecido parámetros como la higiene de manos al menos cinco veces al día o la necesidad de ventilar –si no es posible tener permanentemente las ventanas abiertas– antes de iniciar las clases y en los recreos.
Los ministros explicaron que se trata de una serie de medidas acordadas con las comunidades, que podrán desarrollar otras que consideren oportuno dado que las competencias les corresponden a ellos. Un ejemplo es la realización de test PCR al profesorado. “Hay un consenso amplio en la ciencia y entre los epidemiológos en que una acción indiscriminada con PCR o test serológicos no tiene mucho sentido, hay maneras más eficaces” de reducir el riesgo de contagio, sostuvo Illa. “Nunca viene mal pero no es la forma más eficiente de actuar”, apostilló el titular de Sanidad, que dejó claro que las autonomías pueden “actuar convenientemente”.
También intentaron restar importancia a las críticas que habían llegado de algunas comunidades, que acusaban al Ejecutivo de inacción. “El ambiente que hemos venido sosteniendo a lo largo de 18 reuniones –dijo Celaá para remarcar el contacto constante con las autonomías– ha sido siempre muy positivo”. “Las comunidades dan mucho trabajo”, admitió la titular de Educación en tono irónico, consciente de que ha estado en el centro de la diana en los últimos días por el tira y afloja entre las autonomías y el Gobierno central. Fuentes gubernamentales admiten que es “agotador” el equilibrio que tienen que mantener en la cogobernanza con las 17 comunidades. “Hay más ruido fuera que dentro”, trató de suavizar Darias, que es la responsable de las relaciones territoriales.
Sin embargo, la carrera por presumir del mejor plan no tardó en llegar y algunas autonomías cuestionaron el cumplimiento al 100% de las medidas pactadas. Andalucía puso en duda el uso de la mascarilla de los niños en el caso de que puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Catalunya no modificará su protocolo de apertura de las escuelas para incluir la mascarilla obligatoria entre los alumnos a partir de 6 años. El responsable de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que seguirán con su criterio: solamente será obligatorio el uso de mascarilla cuando el riesgo epidémico sea elevado. Si no, no lo será, informa Pau Rodríguez. Aún así, Argimon trató de no polemizar. “No habrá discusiones estériles”.
A pesar de que algunas comunidades habían reclamado con insistencia el pronunciamiento del ministerio en los últimos días, han aprovechado después para defender sus planes. “Es un documento razonable, de mínimos. Se debía haber debatido hace unas semanas –dijo el consejero madrileño Enrique Ossorio–. Por ese motivo el pasado martes la Comunidad de Madrid presentó su estrategia basada en el escenario 2 de las instrucciones de inicio de curso”. La región, que encabeza las críticas al Ejecutivo central en la gestión de la pandemia, asegura que el documento pactado recoge “muchas de las propuestas” del plan madrileño, que consideran “más ambicioso” porque incluye medidas como 100.000 pruebas PCR o un ratio de 20 alumnos por aula [el protocolo establecido por Educación en junio apuntaba a una bajada del número de estudiantes para que estuvieran entre 15 o 20 por clase].
“El Ministerio ha llegado tarde. Ha presentado el 27 de agosto unas medidas que en nuestra Comunidad estaban ya adoptadas desde hace varias semanas”, afirmó la consejera de Educación de la Región de Murcia, Esperanza Moreno, que reprochó que no se recogiera “la solicitud de flexibilizar los currículos de las materias y asignaturas”. Celaá recordó que las adaptaciones programáticas son una potestad de las autonomías.
No obstante, muchas comunidades han admitido que ya tenían todo listo para la vuelta al cole y que el acuerdo de mínimos no varía sus planes –que en muchos casos van más allá–. La consejera cántabra, Marina Lombó, explicó que el texto aprobado este jueves “actualiza” la guía publicada por los Ministerios de Educación y Sanidad el pasado mes de junio, que fueron la base para la elaboración del protocolo propio de cada Comunidad Autónoma, a la luz del conocimiento más profundo que se tiene hoy del virus y, también, de la evolución de la crisis sanitaria.
“Hemos ejercido nuestras competencias”, explican desde un Ejecutivo regional gobernado por el PSOE, que considera injustas algunas de las críticas que en los últimos días se han producido desde algunos gobiernos autonómicos por la gestión de la vuelta al cole.
Además de la batalla que la ministra de Educación ha tenido que librar en los últimos días por las acusaciones de inacción por parte del PP y de algunas comunidades, Celaá se topó con la crítica de los de Pablo Iglesias a su gestión de la vuelta al cole. Mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, Unidas Podemos envió una comunicación a los medios en la que reprochaba a la ministra “falta de liderazgo” y le reclamaba medidas como la rebaja de las ratio de alumnos por aula o que la distribución de los fondos europeos se condicionase en función de la contratación de profesorado -algo inviable, según Educación y el propio presidente-.
Sin embargo, ese reproche no lo comparten algunos de los miembros del gabinete que forman parte del socio minoritario. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, alabó el “excelente” trabajo de Celaá. “No le ha faltado liderazgo en absoluto”, aseveró, según informa Servimedia. En esa misma línea se pronunció la titular de Trabajo, Yolanda Díaz: “Hace un trabajo extraordinario”.