El Gobierno concede el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del PP que denunció la Gürtel

El Gobierno concederá este martes el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del Partido Popular en Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel y que fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por participar en las actividades corruptas de la trama, indican fuentes gubernamentales a elDiario.es.

La medida de gracia no afecta a la pena de prisión —que fue suspendida por la Audiencia Nacional—, pero sí permitirá que conserve su empleo de ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno basa el indulto en la existencia de “razones de justicia y equidad”, que son dos de los tres requisitos, junto a la utilidad pública, que contempla la ley para motivar las medidas de gracia. Su concesión forma parte de un paquete de reforzamiento de los medios para la lucha contra la corrupción del plan de regeneración al que el Ejecutivo dará luz verde este martes. 

El real decreto que aprobará el Consejo de Ministros conmuta las dos penas de inhabilitación absoluta que se le impusieron (una de tres años y otra de dos años y un mes) por dos penas de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección. “De este modo, el indultado puede retomar su medio de vida, de modo que denunciar la corrupción no le arruina la vida, pero tampoco queda impune”, indican fuentes del Gobierno, que sostienen que la labor de Peñas fue “fundamental para poder investigar y enjuiciar la mayor trama de corrupción de la democracia, algo que podría haber sido muy difícil sin su colaboración”.

Tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se posicionaron a favor de la concesión de este indulto parcial. El informe de los jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal puso en valor la actitud de Peñas durante todos estos años y los datos que puso a disposición de la Justicia. Resaltaron que “a pesar de su condena” ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas del caso y que “en todas ellas, su testimonio ha sido constante, coincidente e incluso valiente”. Por su parte, la Fiscalía tomó como referente la directiva comunitaria sobre protección de los denunciantes.

Sus grabaciones, prueba fundamental

El 7 de noviembre de 2007 Peñas presentó ante la UDEF una detallada denuncia y decenas de horas de grabaciones que había hecho a escondidas a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en las que se revelaban algunos de sus negocios ilegales. Correa había sido su amigo personal, pero lo acabó traicionando para destapar el caso. Esos audios se convirtieron en la prueba fundamental de una causa con 37 procesados y que salpicó directamente a la estructura interna del PP. Sin embargo, no evitaron su condena. 

Los magistrados del Supremo que confirmaron la sentencia de la Audiencia Nacional calificaron de “esencial” su colaboración y admitieron que sus grabaciones habían sido “de gran ayuda” para esclarecer los hechos. Pero mantuvieron su condena al considerar acreditado que cobró casi 40.000 euros en sobornos y que ayudó a Correa a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, donde empezó como funcionario y acabó de concejal. Es decir, participó de esa corrupción en un primer momento aunque después empezó a grabar clandestinamente a los miembros de la trama.

Peñas fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por delitos de asociación Ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación y falsedad. Nunca llegó a entrar en la cárcel, dado que la Audiencia Nacional suspendió su entrada en prisión en la ejecución de la sentencia. Lo hizo en base a dos argumentos. Por un lado, el hecho de que ninguna de las penas de prisión, por separado, supera los dos años. Y, por otro, el “importante esfuerzo reparador” que había realizado al ingresar “importantes cantidades en la cuenta de consignaciones del juzgado” de acuerdo con su capacidad económica. 

El Gobierno considera que este indulto “trata de ser coherente con las nuevas normas de protección a los informantes, de las que Peñas en su día no se pudo beneficiar al no existir”. “Es un incentivo a quienes denuncian la corrupción y un aviso a los corruptos: unos estarán más protegidos y otros estarán más expuestos”, sostienen fuentes gubernamentales.