El Gobierno aplaza nueve meses sus proyectos anticorrupción para incorporar ideas de otros grupos
Después de dos horas de reunión entre la vicepresidenta y los portavoces de los grupos parlamentarios para hablar de regeneración democrática, el único acuerdo ha sido pactar un método y un plazo. El método consistirá en llamar a diversos expertos para que den su opinión en el seno de la comisión constitucional y formar un grupo de trabajo en su seno. El plazo es de nueve meses. Es decir, que se dan hasta finales de 2014 para decidir qué iniciativas se pueden añadir para luchar contra la corrupción y hasta el final de la legislatura para tramitarlas.
Avenirse a incorporar las sugerencias del resto de partidos y de los expertos que comparezcan pasa por congelar los dos últimos proyectos que el Gobierno aprobó cinco días antes del debate sobre el estado de la nación y que ya han empezado a tramitarse. De esta forma, quedan aparcados los proyectos de ley sobre la actividad financiera de los partidos políticos y el de regulación del ejercicio de los altos cargos. Estos dos, junto a la incorporación en el código penal de los delitos que se derivan de ellos, formaban las llamadas “tres patas” con las que Soraya Sáenz de Santamaría ha acudido a la cita.
Según ha explicado José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, “nos hemos puesto de acuerdo en el qué y en dialogar sobre el cómo”. El primer paso consistirá en determinar qué temas se incluyen para proceder a citar a expertos en campos como el derecho penal y procesal, así como a organizaciones sociales. Esto último era una exigencia de los socialistas, que subrayaban la necesidad de ampliar la discusión a la sociedad civil.
Soraya Rodríguez se ha mostrado satisfecha de que el Gobierno, “seis meses después de que lo propusiera el grupo socialista”, se haya avenido a escuchar las iniciativas del resto de grupos. En su opinión, el Ejecutivo se ha dado cuenta de que “no está en condiciones de liderar un pacto anticorrupción que se tiene que producir en sede parlamentaria”. En la Izquierda Plural son menos entusiastas. José Luis Centella ha calificado el preacuerdo de “operación cosmética” y de “avance insuficiente” y se ha negado a participar en ningún “gran acuerdo de maquillaje” aunque seguirá trabajando en el Congreso por “una democracia avanzada y participativa que implique a la sociedad civil”.
Centella ha añadido “una cuarta pata por aquello de que siempre es mejor una mesa que un trípode” y ha reclamado una reforma “en profundidad” de la ley electoral para clarificar las actuaciones de los partidos. Por parte de UPyD, Rosa Díez ha subrayado que no había otra opción porque los partidos tienen la obligación “de llegar a un acuerdo por la necesidad que demanda la sociedad”. El más entusiasta ha sido Alfonso Alonso. El portavoz del PP ha calificado la reunión de “fructífera y muy positiva”.
