El Gobierno achaca a su debilidad parlamentaria que no pueda llevar adelante buena parte de su programa. Pedro Sánchez atribuye a la mayoría de la derecha en el Congreso que algunas de sus promesas en materia social y laboral no se pueda llevar a cabo, a pesar de que insiste con frecuencia en que el Ejecutivo tiene la mayoría absoluta en la Cámara que le dio la llave de Moncloa con la moción de censura.
Pero esos números le fallan al Ejecutivo para determinadas iniciativas y a ello se agarra para justificarse. Es la respuesta que ha dado el PSOE a la ofensiva de los sindicatos, que han han anunciado movilizaciones para presionar a Sánchez para que no dilate más la derogación de la reforma laboral: “Llamamos a que el Gobierno mueva pieza, que no se escude en minorías parlamentarias”, dijo el líder de CCOO, Unai Sordo. El sindicalista apuntó a que no hay una posición común dentro del Gobierno sobre los avances que el Ministerio de Trabajo y las centrales han ido negociando.
Gobierno y sindicatos tienen un preacuerdo para acabar con los aspectos más dañinos de la reforma laboral –después de que Sánchez admitiera que no podía derogarla íntegramente– y que pasan por igualar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas, acabar con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales y recuperar la ultraactividad de los convenios (su prórroga cuando el convenio caduca y no hay pactado uno nuevo).
Las centrales quieren que se cumplan esos requisitos y creen que hay margen parlamentario para hacerlo, pero Sordo ha advertido de que los socialistas han “flirteado” con el PDeCAT respecto a una “devaluación” de las aspiraciones iniciales. Fuentes sindicales temen que el PSOE asuma las tesis de la formación independentista, con quien las negociaciones están muy avanzadas, y que rebaje el acuerdo en algunos aspectos, como en priorizar los convenios sectoriales para algunas cuestiones aisladas (como los sueldos o las jornadas) pero no de forma generalizada. Rafael Simancas y Carles Campuzano han abordado esas negociaciones y el PSOE trata ahora de atraer a Podemos a esos posicionamientos, según fuentes socialistas.
“Necesitamos una mayoría política que en este momento, en el Congreso a día de hoy, no hemos conseguido; pero tampoco renunciamos a conseguirla”, fue la respuesta del ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, al anuncio de movilización de los sindicatos.
El dirigente socialista admitió que el Gobierno ha rebajado algunas de sus propuestas por esa aritmética compleja: “Algunas iniciativas que hemos planteado al Congreso no han sido todo lo ambiciosas que nos hubiera gustado. Están limitadas a conseguir las mayorías necesarias para sacar adelante lo más importante”. “Si conseguimos otras mayorías tendremos oportunidad de poner toda la ambición de nuestra parte”, aseguró sobre una futura composición parlamentaria que permitiera a los socialistas no depender de las fuerzas independentistas.
El Gobierno también atribuye oficialmente a la falta de apoyos parlamentarios el haber dejado fuera del decreto ley sobre los contratos de alquiler la regulación de los límites a los precios. Unidos Podemos advirtió de que no apoyaría ese decreto sin incluir esa limitación. “El PSOE va a cumplir con los acuerdos que estableció en su día con Podemos y no desiste de ello”, afirmó Ábalos. La idea del Ejecutivo es que la iniciativa se tramite una vez convalidado en el Congreso como proyecto de ley en el que se puedan incluir cambios vía enmiendas.
Aún así, los socialistas insisten en que esa propuesta no convence a los que fueron sus aliados en la moción de censura, como PNV y PDeCAT. “Si me pregunta por el decreto que está pendiente de convalidación tenemos que intentar plantear medidas de carácter positivo, que nos parece que son grandes avances, pero que están condicionados a las mayorías necesarias para su aprobación”, expresó el ministro de Fomento.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, negó haber influido en que la regulación del precio del alquiler se eliminara del decreto a raíz de las presiones de fondos buitre como Blackstone, pero sí reconoció que el asunto provocó divergencias en el seno del Ejecutivo: “El Gobierno toma sus decisiones con independencia. Tras un largo debate decidimos lo que pensamos que era lo adecuado”, explicó en una entrevista en la Cadena SER.
También el impuesto a la banca para financiar las pensiones se ha caído del proyecto de Sánchez una vez que llegó a Moncloa. Ábalos lo ha incluido en el paquete de medidas que están condicionadas a la necesidad de articular una mayoría parlamentaria. El sector financiero rechazó esa propuesta de Sánchez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta que se retome en el futuro: “Cuando termine el año y veamos cómo queda la contribución efectiva de las entidades financieras al conjunto de la fiscalidad plantearemos la posibilidad de retomar el impuesto a la banca”, aseguró en una entrevista en eldiario.es.
La rebaja de las expectativas de los socialistas no se circunscribe únicamente a medidas económicas. El PSOE también tuvo que dar marcha atrás en algunas promesas electorales como la derogación de la 'ley mordaza'. El Congreso tramitó esa propuesta y también una del PNV que planteaba cambios concretos de la ley que aprobó el PP. Los socialistas aceptaron que el texto final se elaborara a partir de la propuesta de los nacionalistas vascos en aras de lograr un mayor consenso.