“El Gobierno no lo va a consentir”. Con esta rotundidad se ha manifestado el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, al ser consultado sobre la posibilidad de que Jordi Sànchez sea finalmente el elegido para intentar la investidura a la Generalitat de Catalunya.
Si la candidatura se oficializa, Moncloa esperará a que el juez Pablo Llarena decida sobre la posibilidad de permitirle asistir al Parlament para recibir los votos de los diputados. Si, contra pronóstico, Llarena lo permite, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional, como hizo en su día para frenar la investidura a distancia de Puigdemont.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que los informes que baraja el Gobierno aseguran que cualquier tipo de investidura debe ser presencial.
El ejecutivo quiere cerrar la vía a cualquier intento de resucitar el intento de una vía telemática para otro candidato con límites a su capacidad de movimientos. “Gobernar a tiempo parcial porque uno está en prisión no se sostiene”, ha asegurado Catalá.
Freno a las estructuras paralelas
El Gobierno pretende además bloquear la creación de estructuras paralelas que mantengan de algún modo a Puigdemont en una suerte de presidencia simbólica.
Íñigo Méndez de Vigo ha sido rotundo sobre la posibilidad de crear ese tipo de administración: “La creación de estructuras paralelas es simplemente imposible. Las estructuras son las que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Lo otro es fantasmagoría. No tendrá ninguna efectividad y no habrá ni un euro del erario público para sufragarlas”.