Venezuela se ha colado de lleno en la política española convirtiéndose en un problema para Pedro Sánchez ante la crisis desatada por el encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene la entrada prohibida en la UE. La derecha ha aprovechado el tema para lanzarse a degüello contra los socialistas, aprovechando los cambios de versión del ministro, que tiene lagunas aún por resolver, y la precaria política de comunicación que ha dejado perplejos a muchos en el partido.
La polémica llega además en un momento en que el Gobierno tiene intención de emprender un giro respecto a la posición en Venezuela ante el fracaso de la operación de Juan Guaidó un año después de que Pedro Sánchez, lo reconociese como presidente encargado con el propósito de una convocatoria de elecciones en el país caribeño. Un empeño que se ha revelado imposible sin la colaboración del actual régimen, ya que las instituciones venezolanas siguen controladas por Maduro.
El encuentro de Ábalos con la número dos de Maduro se produjo en el peor momento al coincidir con la gira de Guaidó por Europa y con la decisión de Sánchez de no recibirle, un gesto que la derecha ha aprovechado como arma arrojadiza. La posición del Gobierno sobre Venezuela también divide al PSOE en dos posiciones que escenifican públicamente José Luis Rodríguez Zapatero –que actúa como mediador y recuerda que el Gobierno de Maduro es el reconocido legítimamente en la ONU– y Felipe González, que cargó contra Sánchez por no reunirse con el presidente encargado.
Tras doce meses desde el reconocimiento de Guaidó sin que apenas haya habido avances en la situación, el Gobierno, que ha mantenido al embajador en Venezuela, busca nuevas vías para contribuir a la solución del conflicto. La idea en Moncloa es “mantener una posición más neutral”, según fuentes gubernamentales, para intentar “mediar” ante una situación que está enquistada y sin visos de solución si Maduro no cede mínimamente.
El giro no será, en todo caso, de 180º. Fuentes de Exteriores reconocen que España no puede ahora virar respecto al reconocimiento a Guaidó que lideró en el seno de la UE. “No podemos desmarcarnos de nuestro socios europeos”, admiten esas fuentes. La pretensión, por tanto, es aprovechar una cierta sintonía con el chavismo, con quien en ningún momento se han roto las relaciones oficiales, aunque uno de los temores de quienes defienden la posición actual del Ejecutivo es que eso contribuya a perder la relación con la oposición, que es la otra pieza clave para que cualquier movimiento salga con éxito.
Y es que en el Gobierno y en el PSOE existe un gran malestar con la actitud que ha mantenido Guaidó en España, donde se ha rendido a los homenajes orquestados por PP y Ciudadanos desde las instituciones madrileñas que gobiernan e incluso se ha reunido con Vox, lo que supone para los socialistas una línea roja que no debería haber traspasado.
A pesar de la intención de Sánchez de cambiar esa posición respecto a Venezuela, el Gobierno no tiene un plan inminente para que se materialice, más allá del deseo de salir del callejón sin salida en el que se encuentra ahora mismo la situación en el país latinoamericano y que periódicamente salpica a España agrandada por el ruido de la derecha. Y más ahora, que Unidas Podemos está dentro del Gobierno.
“Me choca profundamente que discutamos quién recibe a quién y no discutamos lo importante que es cómo vamos a hacer para avanzar en el objetivo, que es el objetivo de España de hace un año, de hace seis meses y de hoy, que es acompañar a los venezolanos en la celebración de unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Me he reunido con Juan Guaidó y estoy teniendo contactos con actores que están ayudando desde dentro y desde fuera de Venezuela a conseguir que se cree un espacio para que se pueda celebrar esta cita electoral”, fue la explicación de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en RNE a la pregunta de si ha habido un cambio de posición respecto a Venezuela.
Profundamente molestos con el uso partidista que la derecha hace del conflicto venezolano, desde La Moncloa recuerdan que es obligación del Gobierno mantener las relaciones con el gobierno venezolano y que fue Mariano Rajoy en 2018 quien restableció los lazos diplomáticos y restauró todos los canales de diálogo con el régimen chavista, después de que Maduro declarara persona non grata al entonces embajador español Jesús Silva y lo expulsara de Caracas.
Por el momento el Gobierno sigue instalado en la reclamación a Maduro de que convoque unas elecciones libres y con observadores internacionales que garanticen su limpieza y, ante las nulas expectativas de que eso prospere, la fórmula de solución a la que apela el Ejecutivo es la convocatoria del Grupo Internacional de Contacto. Ese organismo, liderado por la UE y en el que participan algunos países latinoamericanos como México o Uruguay y que se creó al tiempo que unos 50 países reconocieron a Guaidó, entre ellos Estados Unidos que incluso amagó con una intervención militar en Venezuela, se ha reunido un puñado de veces sin que haya tenido más avances que la reclamación de una negociación entre las partes en Venezuela.
Para el nuevo panorama no existe hoja de ruta clara y mucho menos un calendario mientras otras partes implicadas, como Canadá, se ha puesto manos a la obra por su cuenta. El primer ministro, Justin Trudeau, se ha implicado al intentar atraer a Cuba a la búsqueda de una solución. España hasta ahora ha mantenido el contacto con el Gobierno de Maduro, que es el formalmente reconocido en términos diplomáticos –se mantienen las embajadas correspondientes en ambos países– y con la oposición, con quien el Ejecutivo se ha reunido en público y en privado decenas de veces o con gestos como el refugio de Leopoldo López en la embajada española. Pero los socialistas quieren ahora dar un paso más en la intermediación del conflicto sin haber dado aún con la fórmula.