La infanta Cristina continuará siendo presidenta honoraria de la Comisión Española de la Unesco, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Gobierno no prevé realizar ni solicitar ningún cambio en el cargo tras la sentencia del caso Nóos - por la que la infanta tendrá que pagar una sanción de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo-, según se desprende de una respuesta por escrito que ha dado el Ejecutivo al senador de Compromís Carles Mulet.
Mulet registró una batería de preguntas por escrito al Ejecutivo en octubre, cuando la Audiencia Provincial de Palma todavía no había emitido la sentencia del caso Nóos, en las que reclamaba información sobre la fecha de nombramiento de Cristina de Borbón, la capacidad del Ejecutivo para pedir su cese, las funciones que ejerce en el puesto y el coste al erario público.
En su escrito de repuesta, el Gobierno evita contestar respecto a su capacidad para revocar el nombramiento en el organismo adscrito a Exteriores. Argumenta que “no existe en la actualidad ninguna partida presupuestaria asignada a la Comisión Nacional” y que sus miembros son “empleados públicos adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación-Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, según la normativa vigente.
El Ejecutivo afirma que no puede responder sobre las funciones concretas que realiza la infanta Cristina como presidenta de Honor, porque “no vienen reguladas ni establecidas estatutariamente en el instrumento normativo de la creación de la Comisión”.
La infanta accedió al cargo a finales de los años 90 y su mandato se renovó en junio de 2015, según consta en la página web de la Unesco y desveló Infolibre. Precisamente ese mismo mes, la Casa Real anunciaba que se lo revocaba el título de duquesa de Palma ante su negativa a renunciar a los derechos de sucesión.