El Gobierno da el paso previo a llevar a la Junta de Castilla y León al Constitucional si aprueba el plan contra el aborto

El Gobierno da un paso más en su intento por frenar la hoja de ruta antiabortista de la ultraderecha en Castilla y León. Tras considerar insuficientes las explicaciones del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y a falta de que la Junta comunique por escrito oficial que desiste de desarrollar los planes anunciados por el vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un requerimiento para declarar incompetente a la administración autonómica en relación a sus medidas de disuasión a las mujeres embarazadas.

La iniciativa del Ejecutivo central anunciada hoy es complementaria al requerimiento enviado el pasado domingo, que podría desembocar en la vía jurídica de lo contencioso-administrativo en caso de conflicto entre administraciones. En paralelo, con la decisión de este martes el Consejo de Ministros da el paso previo a que el Tribunal Constitucional se acabe pronunciando sobre una posible invasión de competencias del gobierno autonómico a una ley, la de interrupción voluntaria del embarazo, de rango estatal.

Durante la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros se ha conocido la carta enviada por el presidente Mañueco a Pedro Sánchez, una misiva en la que el líder autonómico asegura que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo”. En ese escrito Mañueco lamenta que el Gobierno de España haya decidido “combatir con inusitada dureza una cuestión irreal” como es su plan antiaborto, un asunto de califica de “inexistente”.

“No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en cada caso. No se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres, por lo que le ruego abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias”, ha reclamado en la misiva, que ha hecho pública a través de Twitter.

El Gobierno exige una respuesta oficial

El Gobierno, sin embargo, no le da ninguna validez jurídica a la misiva. Fuentes de Moncloa aseguran que en ese escrito el presidente autonómico “no dice nada” y le exigen que dé respuesta por los cauces oficiales a los requerimientos emitidos desde el Ejecutivo central. 

Moncloa exige, además, que esa respuesta incluya un aporte documental del acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado jueves. Un acuerdo que, según anunció oficialmente la propia administración autonómica mediante un comunicado de prensa y mediante declaraciones públicas del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sí incluía medidas que alteraban el protocolo y que estaban enfocadas a disuadir a las mujeres que hayan decidido la interrupción de su embarazo, como una ecografía en 4D o la escucha de los latidos del feto. 

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que las explicaciones aportadas por Mañueco “son contradictorias e insuficientes” y que, a criterio del Gobierno central, “lo conocido hasta ahora contraviene las leyes y la Constitución española”. La portavoz ha subrayado, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a impulsar “cuantas iniciativas sean necesarias para impedir que esta tropelía se consume”. 

La vía abierta este martes supone un salto cualitativo para que el recién renovado Tribunal Constitucional se acabe pronunciando respecto a un posible conflicto de competencias. El Gobierno central sostiene que la Junta de Castilla y León se ha extralimitado por invadir preceptos ya regulados en la ley estatal de interrupción voluntaria del embarazo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este martes que el Gobierno está trabajando “todas las opciones posibles, porque no vamos a permitir ningún retroceso en los derechos de las mujeres”. Bolaños ha exigido al ejecutivo autonómico que “cese inmediatamente en cualquier retroceso en los derechos de las mujeres” y ha afirmado que, en opinión del Gobierno central, “se están extralimitando en las competencias”. “En el caso de que no den una cumplida y satisfactoria respuesta, vamos a iniciar acciones ante el Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres”, ha añadido.