El Gobierno ha decidido acaparar todo el espacio mediático con su comunicación institucional mientras dure la crisis del coronavirus. Moncloa ha desplegado una estrategia pensada para llevar la iniciativa política con datos oficiales y copar así las franjas informativas –mañana, mediodía y noche– para trasladar de forma oficial datos objetivos de la pandemia y combatir bulos y todo el ruido que circula estos días por las redes. El Gobierno hace ver que aborda la crisis con una filosofía de transparencia total y deja en manos de los técnicos de Sanidad la información más sensible.
Desde los atriles, los ministros y por supuesto los técnicos evitan polemizar o entrar a los ataques de la oposición. El presidente, Pedro Sánchez, que ya está siendo cuestionado por haber actuado tarde, a juicio de grupos de la oposición y algunos presidentes autonómicos, o por actuar de forma unilateral, trata de escapar del mensaje partidista y se ciñe al guion institucional.
El Gobierno ha cambiado de estrategia en la última semana aceptando públicamente que se han podido cometer errores e incluso pidiendo disculpas por ellos, pero achacando cualquier error del Ejecutivo a la “gran velocidad” a la que tienen que tomar las decisiones. “Ha habido medidas que ha habido que tomarlas cuando ha habido que tomarlas. Es mejor y más cómodo consensuar las cosas, pero a veces no es posible”, se justificó en su comparecencia en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La orden recibida por los miembros del Gobierno es la de no entrar en reproches con otros líderes políticos. “Cuando salgamos de esta tendrán mucho tiempo de hacer oposición al Gobierno. Entonces me defenderé, pero ahora no voy a perder ni un gramo de energía en defenderme”, expresó el propio Sánchez en el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso. No obstante, él mismo acabó entrando en reproches con el PP y con algunos presidentes autonómicos en su última videoconferencia.
Una cascada diaria de comparecencias
Pero la línea general del Gobierno es la de evitar la confrontación y el intento por dar los datos oficiales sobre la pandemia –las cifras de contagios y fallecimientos, el nivel de movilidad o los trabajos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– o la información sobre las medidas que va adoptando el Gobierno a través de sus máximos responsables. Eso explica que la sala de prensa del Palacio de la Moncloa tenga mayor actividad que nunca con hasta tres comparecencias al día: la primera de los representantes del comité técnico de gestión de la crisis; y normalmente otras dos (una por la mañana y otra por la tarde) de ministros para explicar las medidas que va adoptando el Ejecutivo.
La comunicación que pretende hacer el Gobierno es 'de Estado', sin partidismos, desde la tribuna de Moncloa, donde de forma inédita comparecen ahora militares, policías y guardias civiles uniformados y a los que ningún partido político ha puesto de momento ninguna tacha. El JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, es junto con la secretaria general de Transportes, María José Rallo, el que ha aguantado todas las comparecencias –salvo la de este viernes, que se solapó con una reunión con el jefe del Estado– desde que saltó la crisis en la que el resto de comparecientes han resultado contagiados con la COVID-19. Así, los DAO de la Policía y la Guardia Civil han sido sustituidos por otros representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al igual que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que participa a través de videoconferencia desde su casa, donde permanece recuperándose de la enfermedad.
Simón, que al comenzar la crisis en España hace más de un mes comparecía ya prácticamente a diario pero en solitario, ocupa ese puesto desde 2003, cuando fue nombrado en el último Gobierno de Aznar por Ana Pastor y ha sobrevivido a una decena de ministros del PP y el PSOE. Fue el portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la gestión de la crisis del ébola en 2014 mientras Ana Mato disfrutaba de las vacaciones en Cádiz. Esa ha sido hasta ahora, junto con la gripe aviar, la gran emergencia sanitaria a la que había hecho frente España. No obstante, el doctor recibe ahora duras críticas del PP, que le acusa de haber minimizado la crisis, y de Vox, que ha exigido también su dimisión.
Dirigentes autonómicos y también la patronal han acusado al Gobierno de actuar de manera unilateral a la hora de decretar el cierre de toda la actividad económica no esencial, pero los ministros se escudan en criterios técnicos y recuerdan que antes las críticas les llegaban por todo lo contrario.
El resultado es que no hay una confrontación política porque el Gobierno ha decidido no responder a ninguna de las críticas de la oposición, alegando que no sirven de nada las polémicas en mitad de la crisis y que no va a moverse de la posición institucional.
Los ministros comparecen normalmente por parejas en dos turnos –uno tras los técnicos y otro por las tardes– para dar cuenta de algunos datos oficiales así como de las medidas que va aplicando el Gobierno, que se añaden a las habituales ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros –normalmente se celebran los martes, pero en marzo se han celebrado cuatro reuniones extraordinarias–. Los comparecientes suelen ser la portavoz, María Jesús Montero, y el titular de la cartera de la medida más significativa que se aprueba salvo el pasado martes, cuando el vicepresidente social, Pablo Iglesias, asumió la defensa de las medidas aprobadas junto con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la portavoz. El Gobierno quiso escenificar la unidad tras las discrepancias internas en las que Unidas Podemos había puesto a la titular de Economía en la diana. A pesar de la potencia de la imagen, Iglesias y Calviño dejaron entrever los matices en sus discursos.
A esa cascada diaria de comparecencias, que acaparan las conexiones en directo de unas televisiones que dedican la mayor parte de su tiempo a la crisis, se suman las que ha protagonizado Pedro Sánchez, que habitualmente rehuye las ruedas de prensa. Las primeras medidas de lucha contra la pandemia y sus efectos las anunció en primera persona en ruedas de prensa telemáticas. Así, desde el 10 de marzo, cuando se tomaron las primeras medidas económicas para paliar los efectos de la crisis, Sánchez ha comparecido en siete ocasiones (para anunciar el estado de alarma, para explicar las claves del confinamiento, para comunicar la decisión de prorrogarlo o para informar de la paralización de las actividades económicas no esenciales, entre otras). Moncloa busca momentos de máxima audiencia, en muchas ocasiones coincidiendo con la hora de los telediarios, para las comparecencias del presidente. Por ejemplo, así lo ha hecho este sábado para comunicar la decisión de prorrogar el estado de alarma.
Un ejemplo de cómo Sánchez ha buscado copar la comunicación institucional –en la que apenas queda espacio para la oposición– fue su alocución el 21 de marzo, cuando se cumplía una semana del estado de alarma. El discurso, realizado en el prime time del primer sábado del confinamiento, se asemejó a un mensaje a la nación en el que el presidente advertía que lo más duro de la emergencia sanitaria estaba por llegar. Esa aparición le costó algunas críticas, especialmente del principal partido de la oposición, que le acusó de hacer un “mitin” sin “aportar nada” dado que no realizó ningún anuncio concreto.
Moncloa cede: habrá preguntas en directo
Fue a raíz de esa comparecencia cuando arreciaron públicamente las primeras críticas de los informadores por el sistema elegido por Moncloa para realizar las preguntas al presidente, a los ministros y al equipo técnico: un grupo de WhatsApp en el que hay 250 periodistas de un centenar de medios nacionales, autonómicos, locales e internacionales a través del que se formulan decenas de preguntas que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, selecciona y formula. En aquella ocasión, más de una decena de periodistas interrogaron a Sánchez sobre el alargamiento del estado de alarma, pero la pregunta no llegó a ser leída.
Sánchez comunicó esa decisión al día siguiente a los jefes de los ejecutivos autonómicos. “El presidente compareció dos veces en dos días consecutivos, sábado noche y domingo mediodía. El domingo, tras comunicarlo formalmente a los presidentes autonómicos, salió de nuevo ante la prensa y respondió ante la opinión pública”, justifica Oliver al ser preguntado sobre por qué no se formuló esa pregunta.
A partir de ahí, las críticas de los periodistas fueron en aumento hasta la publicación de un manifiesto –'La libertad de preguntar'– que secundaron más de 500 comunicadores, en el que se exigía un sistema en el que no haya un filtro previo para hacer las preguntas al Gobierno. Ante esa situación, el secretario de Estado de Comunicación se mostró abierto a estudiar otro sistema que le hicieran llegar los profesionales y las asociaciones.
Gobiernos autonómicos también filtran preguntas
Tras varios días de intercambios de propuestas en los que Oliver se escudaba en que no había una de consenso de todos los medios, Moncloa ha cedido y ha aceptado un sistema de videoconferencia en el que los periodistas puedan realizar sus preguntas a los responsables del Gobierno.
La decisión que el secretario de Estado de Comunicación hizo pública este domingo se produjo horas después de que el malestar de algunos medios se incrementara hasta el punto de anunciar que dejarían de participar en esas ruedas de prensa con preguntas filtradas, entre ellos ABC, El Mundo, Okdiario, Vózpopuli y Libertad Digital.
A pesar de que el PP se ha acogido a esas críticas para usarlo contra Sánchez, ese sistema es también el escogido por algunos gobiernos autonómicos de su partido, como el de Isabel Díaz Ayuso -la presidenta madrileña no comparece desde el 13 de marzo en rueda de prensa, aunque sí ha ofrecido entrevistas a determinados medios-, el de Juanma Moreno Bonilla o el de Alberto Núñez Feijóo, que en las escasas comparecencias públicas que realizan también filtran las preguntas que formulan los informadores a través de sus responsables de prensa, al igual que en el caso de la Generalitat de Catalunya. Otras administraciones, como la de Ximo Puig, sí han organizado sistemas de videoconferencias.