El estado de alarma ya está vigente en toda España, aunque en un escenario distinto al confinamiento generalizado de marzo. Ese cierre total, con nefastas consecuencias para la economía, es el que se quiere evitar a toda costa, pero la preocupación por el descontrol de los contagios en la segunda ola, sumada a los varapalos judiciales que se han llevado algunas comunidades a la hora de imponer restricciones, han obligado al Gobierno a aprobar un marco jurídico general y estable que ampare limitaciones de movilidad con las que atajar la curva que se ha disparado en las últimas semanas. Los presidentes autonómicos tendrán el mando en sus correspondientes territorios para poder aplicar las medidas que la evolución de la pandemia requiera y podrán echar mano de las limitaciones extraordinarias de movilidad en cualquier momento durante medio año, una vez que lo avale el Congreso. Por ahora se establece el toque de queda obligatorio en toda España, a excepción de Canarias, pero las comunidades cuentan ya con el sustento legal para poder limitar la movilidad en todo su territorio o en una parte y para prohibir las reuniones sociales de más de seis personas.
Pedro Sánchez aprovecha la petición de auxilio que le hicieron en cascada la semana pasada una decena de comunidades para garantizarse el apoyo a seis meses de excepcionalidad y evitar el quebradero de cabeza que supuso para la coalición la ampliación periódica del estado de alarma en primavera. A pesar de que el decreto de alarma se aprueba por un periodo de 15 días, el Gobierno no esperará a que se cumpla ese plazo para solicitar al Congreso una prórroga que en este caso se prolongará hasta el 9 de mayo del próximo año, sino que lo hará esta misma semana. El Consejo de Ministros la aprobará este mismo martes para dotar a las comunidades de un marco jurídico “estable” para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. No obstante, el presidente ha asegurado que no será un plazo “inamovible” y que, si es posible, levantará antes la excepcionalidad.
El decreto permite un estado de alarma a la carta para las autonomías, que podrán ir modulando las restricciones en función de la situación epidemiológica y que por ahora solo tiene como obligatorio el toque de queda, a excepción del archipiélago canario. Con carácter general desde su publicación en el BOE, la movilidad nocturna queda restringida entre las 23 horas y las 6 de la madrugada, pero los gobiernos regionales tienen flexibilidad para aplicar el toque de queda entre las 22 horas y la medianoche y hasta la mañana siguiente en una horquilla que va desde las 5 a las 7. A partir del 9 de noviembre, las autonomías podrán mantener esa restricción de la movilidad nocturna o eliminarla en función de cómo evolucione la pandemia. Con esa decisión, Sánchez evita un nuevo choque con gobiernos autonómicos que habían anunciado restricciones a partir de las 22 horas, pero tampoco se la impone a aquellos, como la Comunidad de Madrid, que querían mantener la movilidad hasta medianoche.
Lo mismo ocurre con el resto de medidas. El Gobierno da cobertura legal a las comunidades, que podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios para todo el perímetro de la comunidad o solo para una parte determinada. Serán de nuevo los presidentes autonómicos los que puedan establecer los confinamientos perimetrales que consideren en cada momento. No obstante, habrá excepciones: por ejemplo, se podrán atravesar los territorios si se trata de un tránsito.
En el caso de las reuniones sociales, que muchas comunidades ya han limitado, establece con carácter general la prohibición de que se congreguen más de seis personas no convivientes y habilita la posibilidad de reducir incluso ese número. No obstante, también permite a las autonomías “modular, flexibilizar y suspender” su aplicación, previa comunicación al Ministerio de Sanidad, “a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad”.
Presión al PP: es una petición de las comunidades
Sánchez ha defendido que la activación del estado de alarma responde a la petición que realizaron el viernes una decena de presidentes autonómicos. Esa estrategia, sumada a la delegación de la autoridad competente en las comunidades, allana el apoyo de partidos como PNV, ERC y JxCat a la prórroga que planteará esta semana. También Ciudadanos ha mostrado su disposición a apoyar la iniciativa.
Fuentes gubernamentales aseguran que ya han trasladado a todos los partidos con representación parlamentaria la decisión. El propio Sánchez ha telefoneado a Pablo Casado para solicitarle el apoyo al estado de alarma, aunque los gobiernos presididos por el PP no solicitaron expresamente su activación. De hecho, los conservadores, entre ellos Alberto Núñez Feijóó, reclaman un cambio legal que ampare determinadas restricciones sin necesidad de recurrir a esa herramienta constitucional. Pero en el Ejecutivo defienden que es el instrumento más “garantista” para limitar derechos fundamentales.
El líder del PP guarda silencio y pretende pronunciarse sobre el asunto en un acto público este lunes. Desde el PSOE le presionan para que esta vez lo secunde. “No hay una España de unos u otros partidos, solo hay una España que lucha contra la pandemia y esta decisión ha sido impulsada por la solicitud de una amplia mayoría de comunidades y cinco partidos de muy diferente signo ideológico y político”, expresó este domingo la portavoz socialista, Adriana Lastra.
A lo largo de la tarde del domingo, los gobiernos han ido anunciando las medidas que irán aplicando. Muchos de ellos ya habían aplicado de facto restricciones en la línea de reducir la movilidad nocturna. Así, Euskadi reunirá el lunes al Consejo de Gobierno para tomar las decisiones correspondientes; Cantabria ha anunciado que el toque de queda será desde la medianoche hasta las 6 de la mañana; y Catalunya lo impondrá desde las 22 horas. En el caso de la Región de Murcia, gobernada por el PP, a pesar de que no había solicitado como otras autonomías la declaración del estado de alarma, ha celebrado que se haya puesto fin a “ofrecer diecisiete respuestas diferentes a la pandemia” y ha anunciado la restricción nocturna a partir de las 23 horas. Castilla y León (PP y Ciudadanos) mantiene el toque de queda acordado el jueves de 22.00 a 6.00.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la principal opositora a Sánchez durante la pandemia, ha considerado que es “positivo” el estado de alarma porque supone que hay “un mando y una orden clara”. “Nos permitirá trabajar juntos a los dos gobiernos”, ha afirmado en una entrevista en Telemadrid. En su caso el toque de queda durará desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, que era lo que había planteado para el cierre de establecimientos, pero sin capacidad para restringir la movilidad. No obstante, no ha eludido la crítica y ha defendido que llegar a esta medida es “un fracaso” porque “perjudica la imagen del país” en el exterior, informa Fátima Caballero.
Sánchez: “Quedémonos en casa todo lo posible”
Sánchez reiteró este domingo la gravedad de la situación que atraviesa España, que tiene una incidencia acumulada de 361 casos por cada 100.000 habitantes, un número que supera con creces el escenario a partir del cual se considera que hay riesgo extremo. Por eso insistió en la necesaria “disciplina social” y la colaboración individual más allá de las restricciones impuestas por ley. “No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y la salud del conjunto de la ciudadanía –afirmó tras el Consejo de Ministros–. No hay que aprobar medidas para obligarnos a hacer lo que hay que hacer. Porque sabemos lo que hay que hacer: a menos movilidad, menos contactos y menos posibilidades tendrá el virus de contagiarnos. Por tanto quedémonos en casa todo lo que sea posible”.
En el Gobierno reconocen que en el horizonte de todos está la celebración de las fiestas navideñas: “Por eso es importante que cuanto más eficientes, coordinados, responsables seamos dentro de las administraciones en las decisiones de modulación que tomen las comunidades y en la responsabilidad personal y la disciplina social más rápidamente nos acercaremos a tener un escenario al menos más liviano –expresan fuentes gubernamentales–. La Navidad tiene dos meses por delante, deberíamos aprovechar estas semanas”.
Los expertos aplauden la alarma pero ven duro el camino hasta Navidad
El propio Sánchez estableció la semana pasada el “reto colectivo” de llegar a una incidencia de 25 casos acumulados por 100.000 habitantes y algunos políticos, como el vicepresidente Ignacio Aguado, han hablado de la necesidad de aplicar ahora mayores restricciones para “salvar la Navidad”. Los especialistas consultados ven el reto difícil. “El horizonte final del 9 de mayo es positivo”, dice Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), “pero veo verdaderamente difícil tener el control de aquí a navidades. Con las medidas actuales se puede frenar, pero con la actividad social y cada vez más en interiores… estamos en una situación complicada”. Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria de la OMS, tampoco es del todo optimista en eso: “Si no se baja la guardia, estamos en condiciones de crear una 'meseta' de casos y doblegar la curva de aquí a Navidad. Pero no creo que sea posible en todas las situaciones. Lo sabremos en unas dos semanas. Indudablemente, llegaríamos mejor a navidades si tuviésemos un confinamiento total en noviembre, eso sabemos que funciona. Pero tiene un gran coste económico y psicológico”.
Pedro Gullón, vocal de la SEE, recuerda que “en muy pocos momentos desde que empezó esto hemos estado por debajo de 25. Al final de la desescalada solamente, y no en toda España. Es difícil llegar a esa cifra, va a ser esto mucho más unas idas y venidas de casos”. Y Mario Fontán, especialista en Medicina Preventiva y excoordinador de la plataforma ARES, lo ve también complicado a nivel global por la disparidad del trabajo hecho por los territorios. “Sobre todo, no soy partidario de poner horizontes temporales porque la pandemia tiene sus dinámicas y hay cierto grado que es impredecible. Debemos ser conscientes de que no estamos en un confinamiento como el de marzo, esto implica que seguirá habiendo contactos entre personas y la incidencia no disminuirá tan rápido como en la primera onda”.
Varios de los especialistas consultados ven positivo el estado de alarma porque da una cobertura legal al vaivén de medidas. Los cierres perimetrales y otras actuaciones de salud pública ya no tendrán que quedar pendientes de que los apruebe o no un tribunal. Y recalcan que lo más importante que ha sucedido esta semana no ha sido ese decreto, sino el 'semáforo' que sacó adelante el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas: establece umbrales a partir de los cuales se podrán dar señales de alarma y especificar qué medidas se toman, más allá del toque de queda. Era algo que muchos reclamaban desde verano y que acompañará al toque de queda y a la limitación de reuniones.
Sobre el toque de queda en concreto hay ciertos consensos también entre los epidemiólogos consultados. El primero es que es una medida que puede ser eficaz, porque su lógica es que en cierta franja horaria se reduzcan los contactos. Aproximadamente el 30% de los contagios asociados a brotes se producen en el ámbito social, sin especificar la hora. Por tanto, reconoce Daniel López-Acuña que creen que funcionará “intuitivamente”, porque no se ha probado y habrá que ir revisando. Pere Godoy le ve el sentido en “eliminar del todo el ocio nocturno. Puede tener un papel en eso, en que hay una parte de la gente joven que, por tener cuadros clínicos muy leves o subclínicos, continúan socializando de determinadas maneras. Pero sirve para esta parte, que no es todo. Y que no sé si será suficiente. Tampoco me gustaría que sirviera para estigmatizar a los jóvenes, o para añadir peso al sufrimiento psicológico de todo esto”. Pedro Gullón coincide en que puede ser parcialmente efectivo pero sin “desviar el foco” y recordando que “sabemos que hay brotes en reuniones sociales, pero es que es donde mejor podemos detectarlos. Hay ámbitos que quizá seguimos infraestimando”.
Godoy, Gullón, López-Acuña y Fontán señalan que todo debería ir acompañado de actuaciones serias en el ámbito laboral. “Hay que obligar a las grandes empresas a que, si pueden, se olviden del trabajo presencial. No nos puede valer la excusa de la mascarilla, que además no es realista que se use ocho horas seguidas bien”, dice el primero, Godoy, que también se atreve a verbalizar que “aunque todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo por que los colegios sigan, hay que plantear mayores controles. Si en un punto fuese necesario volver al online, pero no solo, también dar clases en días alternos… tener la educación en marcha, pero con menos riesgos”.