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El Gobierno destituye a su delegada en Ceuta investigada por la expulsión de menores

Gonzalo Testa

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El Consejo de Ministros ha acordado este lunes cesar a su hasta ahora delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y sustituirla por el abogado cordobés Rafael García, que hasta ahora formaba parte del equipo de asesores del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea como hombre de confianza del candidato del PSOE a la Presidencia de la Ciudad en 2023, Juan Gutiérrez.

Mateos, maestra y madre de la antigua directora de Comunicación de Pedro Sánchez, Maritcha Ruiz, acababa de recuperar parte de su agenda pública tras meses de ausencia para someterse a un tratamiento oncológico en Madrid que todavía está recibiendo. Ha sido destituida sin previo aviso y no ha tenido conocimiento de la decisión hasta última hora de la mañana, cuando desde el Ministerio de Política Territorial aún no se confirmaba que el reemplazo se hubiera abordado en la reunión de Sánchez con su equipo.

“Pasado el verano trasladó al Ejecutivo la necesidad de ser relevada de su puesto por motivos médicos”, ha afirmado la Delegación en un escueto comunicado de prensa en el que Mateos ha agradecido a Sánchez “la confianza depositada en ella durante estos años para ocupar este cargo, que ha desempeñado con dedicación y vocación de servicio a la ciudadanía de Ceuta y a España”.

Igualmente ha elogiado la “colaboración” de Fuerzas de Seguridad, Ciudad Autónoma y organizaciones sociales en el “trabajo diario” para “sacar adelante a nuestra ciudad en estos años tan difíciles” en los que ha hecho frente a la pandemia, el cierre de la frontera con Marruecos durante 26 meses y la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando 12.000 ciudadanos del país vecino accedieron irregularmente a territorio español en apenas 72 horas.

La ya exdelegada del Gobierno, que cumplirá 73 años el jueves, declaró a principios de mes en sede judicial como investigada por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión en agosto del año pasado de 55 menores marroquíes no acompañados a Marruecos al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería. En su testifical tendió un cortafuegos con los estamentos superiores del Ministerio del Interior al asegurar que en Madrid no decidieron ni sabían cómo se realizarían esas devoluciones.

Mateos, que en los noventa fue la primera mujer en ocupar el cargo de consejera del Ejecutivo autonómico en Ceuta, será relevada por Rafael García, un abogado cordobés de 50 y pocos años que llegó a la localidad española norteafricana en 2014 para trabajar en un bufete privado.

Casado y con dos hijas y dos nietos, en 2019 fue nombrado asesor del Grupo Socialista en la Asamblea. Desde ese puesto intentó muñir en verano de 2020 una moción de censura que no llegó a buen puerto contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), cuando este se apoyó doce meses en Vox para gobernar después de hacerlo en el PSOE, como actualmente.

En esta legislatura el letrado se ha consolidado como uno de los 'fontaneros' principales de Gutiérrez, que durante años mantuvo una pugna interna a brazo partido dentro del PSOE de Ceuta con la delegada del Gobierno. Ambos y sus afines movieron todos los hilos que pudieron en la ciudad y la península para hacerse con el control total del partido, pero ninguno lo logró. Su 'reconciliación' tuvo lugar en el Congreso Regional de noviembre de 2021 que aupó a Gutiérrez a la Secretaría General del partido por aclamación y convirtió a García en secretario de Relaciones Institucionales de su Ejecutiva.

Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, el nuevo delegado tiene como grandes desafíos a corto plazo la apertura de la aduana comercial que España y Marruecos han pactado poner en marcha en enero, una infraestructura con la que nunca ha contado la frontera del Tarajal. También la toma de decisión definitiva por parte del Gobierno de Sánchez sobre si seguirá exigiendo de forma permanente visado Schengen a todos los marroquíes para entrar en la ciudad o si promoverá la integración de Ceuta en la Unión Aduanera europea.

En clave interna, la Delegación y las Fuerzas de Seguridad del Estado llevan meses lidiando con la guerra entre dos bandas enfrentadas por el control de las actividades ilícitas en la ciudad que se ha cobrado tres vidas y ha generado decenas de enfrentamientos con armas de fuego y blancas en las calles de las barriadas de la periferia.

La semana pasada la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se desplazó a Ceuta para presentar junto a Vivas, Mateos y Gutiérrez el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros para la ciudad, a la que promete más de 500 millones de euros en inversiones para que deje de ser una isla energética, cambiar su modelo económico y dar “estabilidad, esperanza y futuro” a su población, sobre todo a los jóvenes.