Tanto optimismo socialista no podía durar mucho tiempo si dependía del voto afirmativo de Junts. Adiós, senda de déficit. Adiós, techo de gasto. ¿Presupuestos? Bueno, ya se verá, pero de momento están lejos. Sólo se intuyen en el horizonte. El velero no se ha hundido, pero ha alcanzado una zona en la que casi no corre el viento. La calma chicha hace que casi ni se mueva. La tripulación comenzará pronto a sentir sed, de esa que te vuelve loco. En algún momento, alguien tendrá que tomar una decisión, quizá volver al puerto e ir tirando con los presupuestos anteriores prorrogados. Lo único que se consigue prolongando el suspense es minar la credibilidad del Gobierno.
No hace mucho que Pedro Sánchez se puso a improvisar en un discurso ante el Comité Federal del PSOE y no le salió muy bien. “Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”. Justo antes de las palabras “el concurso de un poder legislativo”, hubo una muy pequeña pausa, como si tuviera alguna duda sobre cómo continuar con el resto de la frase.
La derecha montó un gran escándalo. Hasta cierto punto, lógico. No iba a desaprovechar la oportunidad que el propio Sánchez le había brindado. Todo era parte del teatrillo político, porque claro que un Gobierno necesita al Parlamento para que apruebe los proyectos de ley o ratifique los decretos ley. Si el legislativo se cierra en banda, queda bloqueada la posibilidad de tomar medidas que puedan transformar la sociedad.
En buena parte, es lo que pasó al Gobierno de Mariano Rajoy después de que perdiera la mayoría absoluta en diciembre de 2015. Pero lo de cambiar la sociedad nunca interesó al registrador de Pontevedra. Por el contrario, forma parte del discurso habitual de la izquierda. Gobernar sólo con el objetivo de impedir que la derecha llegue al poder es algo inútil para muchos votantes de izquierda. No todos, pero sí los suficientes como para que pierdas las próximas elecciones. Ciertamente, es un votante muy exquisito con el menú.
A estas alturas, da un poco igual si la decisión del Consejo de Ministros de hace dos semanas de volver a llevar las dos medidas al Congreso –ya fueron derrotadas en julio– fue un error táctico o síntoma de algo peor. Junts ya había votado antes en contra. ¿Qué les llevó a pensar que esta vez sería diferente? En eso, los nacionalistas no habían sido nada ambiguos.
Hubo que esperar a un viaje de Santos Cerdán a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont y que el expresident le estampara el 'no' en toda la cara. Ya son ganas de sufrir. El Gobierno no tuvo más remedio que renunciar a la votación en el Congreso al saber que la tenía perdida. Eso tiene un cierto valor simbólico. No es lo mismo perder una votación, porque es algo que pasará más de una vez si no disfrutas de mayoría absoluta, que reconocerlo abiertamente al retirar un asunto clave de la agenda del Congreso.
La única explicación posible a la falta de nuevas ofertas a Junts y otros grupos parlamentarios es que el PSOE sabe que eso sería inútil en estos momentos, que toca aguantar unos cuantos meses de retirada parlamentaria hasta que los nacionalistas cambien de postura. Eso obligaría a prorrogar los presupuestos anteriores y poner fin al dilema.
Junts ha justificado el rechazo con el argumento de que no van a dar nada a cambio de nada. Quedaría feo admitir que están enfurecidos por el hecho de que la amnistía de Puigdemont ha quedado bloqueada a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE. Mientras tanto, el expresident continúa arriesgándose a ser detenido si entra en España. O porque la fantasía de que Puigdemont podía ser investido por el Parlament después de sacar sólo el 21% de los votos se quedó en nada.
Pero esos siete escaños no salen gratis. No lo son los de ningún grupo parlamentario, excepto si pertenecen a un partido que forma parte del Gobierno. “Si el PSOE de Pedro Sánchez quiere que pasen cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes”, avisó Míriam Nogueras, portavoz del grupo de Junts. Se refirió a una propuesta aprobada en el Parlament en 2014, con los votos del PSC, que reclamaba otorgar a las comunidades autónomas “un tercio como mínimo” del objetivo total de déficit de todo el Estado.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, creía contar con una propuesta atractiva para las CCAA por el dinero que liberaba en su favor. Sobre el objetivo del 2,5% de déficit para todas las administraciones públicas en 2025, un desfase del 2,4% correspondía a la Administración Central, un 0,1% a las CCAA y cero, es decir, equilibrio presupuestario, en el caso de los ayuntamientos.
A pesar de estos porcentajes, los nuevos números sí ofrecen un considerable alivio financiero a las CCAA y los ayuntamientos: 12.000 millones de euros de gasto extra.
En teoría, eso era un incentivo para que el PP se abstuviera en la votación por mucho que ni se planteara aprobar unos nuevos presupuestos. Es imposible. El partido no contempla otra opción que la máxima de 'al enemigo, ni agua', aunque nos cueste dinero. La premisa de Núñez Feijóo es que la legislatura está muerta y que hay que rematarla de un tiro para que no haya más remedio que convocar elecciones. A día de hoy, esa es otra fantasía, pero permite mantener a Génova y los barones regionales en la misma longitud de onda. Feijóo siempre ha dado bastante margen de acción a sus presidentes autonómicos, pero en este punto los intereses económicos de sus regiones son secundarios.
Así que al final todo es cuestión de pasta. Siempre se trata de eso cuando se discute sobre presupuestos y cuestiones aledañas. Entonces, hay que preguntarse por qué el Gobierno presentó el 10 de septiembre los mismos números que fueron derrotados en julio. Una cosa es ser optimista y otra es estar fuera de la realidad.
El conflicto no es inesperado. Hay que recordar que, al poco de llegar al poder y en una peor coyuntura económica, el Gobierno de Rajoy impuso a las CCAA unas condiciones prácticamente tan duras como las de ahora. La diferencia es obvia. El PP contaba con mayoría absoluta en el Parlamento y todas las demás administraciones tenían que pasar por el aro. Para 2013, España debía reducir su déficit presupuestario al 4,5%. El Estado se autoconcedía un 3,8% y a las CCAA les dejaba un 0,7%. En el año siguiente, la previsión nacional de déficit era del 2,8%, y ahí las CCAA debían quedarse en un escaso 0,1%.
¿Puede la paradoja ser aún más divertida? Desde luego. El PSOE, a través del hoy ministro Óscar López, defendió que el nuevo reparto del objetivo de déficit se hiciera al 50%, la mitad para el Gobierno y la otra mitad para las comunidades autónomas. Anda que como se entere Junts.
Siempre es igual en este tema. La posición del PSOE o del PP varía por completo si están en el Gobierno o la oposición. Lo que ocurre es que sin mayoría absoluta no puedes pretender que los demás estén encantados de recibir tu primera oferta.