El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar sufre ya las consecuencias de su debilidad parlamentaria y constata su dependencia de otras fuerzas políticas con dispares intereses electorales. Tanto Junts como Podemos, cuyos votos fueron imprescindibles en noviembre para la investidura de Pedro Sánchez, han dejado en el aire la primera gran votación del año a la que se enfrenta el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Será el miércoles cuando el Parlamento debata y vote la convalidación de tres reales decretos leyes.
La formación catalana está dispuesta a votar 'no' a los tres textos, tal y como revelaron sus dirigentes el viernes. Si finalmente opta por ese rechazo Junts podría tumbar medidas de gran impacto para los ciudadanos, sobre todo las incluidas en el decreto anticrisis, como la subvención al transporte público o la rebaja del IVA a alimentos esenciales. Dos días después, el domingo, Podemos explicó que también “estudia rechazar” el decreto que incluye los subsidios de desempleo aunque apoyará los otros dos.
El pasado jueves, el secretario general de Junts, Jordi Turull se reunió en Barcelona con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como adelantó La Vanguardia. En el encuentro, el dirigente independentista le dijo al socialista que no iba a respaldar la convalidación de los decretos: el de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo –el paquete anticrisis–, el de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y progresional y otro 'ómnibus' que, entre otras iniciativas, recoge reformas para la digitalización de la Administración de Justicia.
Los tres se abordarán el miércoles en un pleno extraordinario que, según han explicado fuentes parlamentarias a elDiario.es, también incluirá el debate y votación de las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía registradas por PP y Vox y los del objetivo de déficit y el techo de gasto. El orden del día oficial se aprobará el martes en la Junta de Portavoces y el Pleno, pese a ser del Congreso, se celebrará en el Senado ya que la Cámara Baja se encuentra de obras para incluir nuevas pantallas en los escaños de los 350 diputados.
La cita es la primera del año que pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno progresista. Las elecciones del 23J dibujaron un complejo escenario para PSOE y Sumar, los dos aliados del Ejecutivo, que solo cuentan con 146 diputados, cinco menos que al inicio de la legislatura por la salida de los diputados de Podemos y su paso al Grupo Mixto. Fuentes socialistas dan por hecho que de cara al Pleno del miércoles el Ejecutivo contará con sus aliados habituales para convalidar los reales decretos que ya han entrado en vigor y que sin los apoyos necesarios decaerían de forma inmediata.
Pero además de Junts, Podemos está dispuesto a llevar la negociación con el Gobierno hasta el final. Su petición se ciñe a reclamar al Gobierno que elimine “los recortes” en las pensiones de jubilación que a su juicio implican la reforma del subsidio para mayores de 52 años contenida en el decreto para la conciliación familiar. La formación de Ione Belarra explicó en una nota que está valorando “su voto en contra si el recorte no es eliminado”.
Podemos considera “de la máxima gravedad la decisión del Ejecutivo de reducir la base de cotización de estos perceptores del subsidio, que se traduce en un fuerte recorte de sus futuras pensiones de jubilación”. “Para un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional, tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año”, remarca.
La reforma del subsidio de desempleo mantiene, en el caso de mayores de 52 años, la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros. Pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%, como hasta ahora.
Fuentes de la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Trabajo consultadas por elDiario.es apuntan a que cuando se subió la cotización de mayores de 52 a un 125% se hizo para compensar el salario mínimo interprofesional (SMI) que existía antes de 2018. Ahora que ese salario mínimo es el doble a raíz de las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno progresista en el caso de mantener ese 125% de cotización se daba la situación de que hay personas que cotizan más cobrando el subsidio que otras que están trabajando, explica el equipo de Yolanda Díaz. Esa es la explicación por la que se ha decidido ir rebajando el porcentaje.
Trabajo también considera que el que contiene el decreto “es el mayor avance en materia de subsidio por desempleo de la democracia” y que, por tanto, en ningún caso se puede considerar un recorte, como dice Podemos.
5.300 millones en juego
Ante este escenario, el Gobierno cuenta así con ERC, PNV, EH Bildu y BNG para los tres decretos, y con el apoyo de Podemos para dos. No obstante, fuentes socialistas consultadas confían además en que la amenaza de Junts y Podemos no se cumpla. El PSOE cree que en el último momento habrá un acuerdo con la fuerza independentista y también con la de Belarra que no frustre la primera votación del año y tumbe algunas de las propuestas estrella del inicio de la legislatura.
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, consideró este domingo que “no es entendible” que haya quien haya apoyado un gobierno progresista y, “luego, cuando llegan las medidas progresistas, no las apoye”, informa Europa Press.
El decreto anticrisis, que asciende a 5.300 millones de euros, mantiene hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas. La norma también afecta a los precios de la energía. El IVA de la luz se ha elevado al 10%, y ahí se quedará durante todo 2024 si el decreto se mantiene en vigor. Además, el IVA del gas ha pasado con el nuevo año del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresará al 21%. Y el decreto mantiene los descuentos en el transporte público que han estado en vigor en los últimos meses.
Fuentes de Junts explican el voto en contra de los decretos del Gobierno porque, a su juicio, “ponen en peligro” la aplicación de la ley de amnistía. La Agència Catalana de Notícies (ACN) explicó el viernes que los independentistas alertan especialmente de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) incluida en uno de los textos por la que las causas judiciales quedarían en suspenso cuando un magistrado planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como ocurre hasta ahora en la práctica. Para la dirección de Junts esa suspensión obstaculizaría la aplicación de la ley de amnistía una vez aprobada.
Pero en su 'no' inicial la fuerza independentista también ha tenido en cuenta que las nuevas normas pueden afectar a competencias de la Generalitat y, según Junts, “agravan la infrafinanciación” de Catalunya. “No nos fiamos”, remarcan en el partido de Carles Puigdemont, que el viernes planteó una alternativa al PSOE: “Se puede retirar el decreto y hacer otro al cabo de cinco minutos sin estas cosas”. Las fuentes socialistas consultadas descartan esta última opción e insisten en confiar en que esta misma semana, antes del Pleno, se pueda lograr un acuerdo con Junts. También con Podemos.
Un posible 'sí' del PP
La alternativa sería confiar en un 'sí' del PP, que se mostró abierto a convalidar el decreto anticrisis en el caso de recoger rebajas en el IVA como sí hace. Pero depender de los populares es una operación de alto riesgo para el Gobierno, en un momento en el que el equipo de Alberto Núñez Feijóo mantiene las espadas en alto, ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo al que tacha de ilegítimo y pugna con Vox por el electorado más extremo de la derecha de cara al ciclo electoral que está a punto de empezar con los comicios gallegos del 18 de de febrero.