Tras cinco años de incumplimiento flagrante de la Constitución por parte del PP, casi 2.000 días de mandato caducado y una composición que no responde a la mayoría parlamentaria, todo apunta a que el Consejo General del Poder Judicial tiene los días contados. Y no solo porque el PP se encuentre en un callejón sin salida por una estrategia de bloqueo que no apoya ninguna de las asociaciones profesionales de la judicatura, ha cuestionado Bruselas y hasta la relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, sino porque el Gobierno espera un OK inminente de la Comisión Europea a la mediación que solicitó Alberto Núñez Feijóo en diciembre en una especie de nueva huida hacia adelante. La respuesta de Bruselas podría llegar de hecho esta misma semana y reactivarse las negociaciones entre Gobierno y PP de manera inmediata. Los socialistas confían en que la cercanía de las elecciones europeas redoble la presión sobre Feijóo y que el acuerdo pueda cerrarse en este primer trimestre de año.
Al Ejecutivo comunitario no le agradó lo más mínimo que Feijóo le implicase en un asunto de la política nacional de un Estado miembro y el pasado 8 de enero volvía a insistir en que la responsabilidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era de las autoridades españolas, no de la Comisión. Ese mismo día, a preguntas de los periodistas su portavoz, Eric Mamer, pedía tiempo para reflexionar antes de responder a la petición de mediación planteada por Feijóo y aceptada por Pedro Sánchez el día que el líder del PP se lo planteó en un encuentro celebrado la víspera de la Nochebuena de 2023. “Por favor, dadnos un poco de tiempo. Queremos asegurar que la manera en que respondamos ayudará a avanzar en el proceso”, dijo en rueda de prensa.
La Moncloa, sin embargo, tiene señales de que Bruselas decidirá esta misma semana y confía en que mantenga la misma doctrina que ha defendido hasta ahora de distinguir “entre lo urgente y lo recomendable”, aseguran fuentes gubernamentales. Lo apremiante es el cumplimiento de la Constitución para sustituir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces tras cinco años de bloqueo por parte de la derecha. Y lo estimable es “iniciar una negociación para ver si se puede mejorar el modelo”.
El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, de la familia política de los liberales, ya dijo en diciembre que su planteamiento era que primero se renovara la composición del CGPJ con la ley vigente e, inmediatamente después de la renovación, se iniciara un proceso para adecuar el sistema de nombramientos a las normas europeas, si bien se declaró abierto a otras opciones si estas resultaban de un acuerdo entre el PP y el PSOE.
El flagrante incumplimiento constitucional del PP para perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de los jueces ha costado ya 60 millones de euros al erario público (12 cada año de bloqueo) en refuerzos de plantillas, según datos del Ministerio de Justicia, que además creen que la mediación no recaerá en una sola persona, sino en un equipo que aún están dirimiendo entre la presidenta Ursula von der Leyen, la vicepresidenta VÄ›ra Jourová y el todavía comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
La aspiración del PP de que el mediador fuera el propio Reynders se ha esfumado, ya que el liberal belga renunciará antes de finales de marzo a su cargo para aspirar a la secretaría general del Consejo de Europa. El propio Feijóo había apuntado al comisario de Justicia como el más indicado para ejercer la mediación y el Gobierno no puso pegas al respecto. De hecho, el titular de Justicia viajó a la capital belga nada más tomar posesión de su cargo para reunirse con VÄ›ra Jourová, vicepresidenta de Transparencia y Valores, y Didier Reynders, comisario de Justicia, y aunque el PP intentó imponer en la opinión pública que las autoridades comunitarias habían trasladado al ministro una preocupación manifiesta por la ley de amnistía, lo que el Gobierno detectó fue una “profunda preocupación” de la Comisión por el bloqueo del CGPJ y por que el órgano de los jueces funcione con un mandato caducado desde diciembre de 2018 por la negativa del Partido Popular a renovarlo. De hecho, en los informes anuales sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea ha pedido abordar esta anomalía democrática con carácter prioritario.
“La preocupación de la Comisión Europea es máxima, porque es algo que está afectando ya no solo a la normalidad institucional, sino que también está afectando a los ciudadanos en el derecho a la tutela judicial efectiva”, afirmó entonces Félix Bolaños, quien añadió que Bruselas sabía perfectamente “quién es el culpable” de la situación.
El CGPJ está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio. A todos los designan el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos (por eso es necesario el acuerdo de los dos principales partidos), si bien en el caso de los 12 vocales jueces, las Cámaras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada por los propios jueces de carrera. El PP defiende, para renovaciones futuras, que los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo. Una fórmula que los socialistas no están dispuestos a aceptar de ninguna manera y ha sido uno de los motivos por los que el acuerdo se ha dilatado durante tantos años. En el fondo, los socialistas están convencidos de que la derecha quiere “perpetuar la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces de forma vitalicia” para ejercer de contrapeso del Ejecutivo. La estrategia de bloqueo de los populares, que empezó con Rajoy, siguió con Casado y ha mantenido Feijóo, le ha ganado la crítica unánime de todas las asociaciones judiciales, ya que en buena medida jueces y magistrados han visto cómo tienen topada su carrera profesional, ya que el Consejo tiene limitada la capacidad de nombramientos una vez expirado su mandato como consecuencia de una reforma impulsada por el Gobierno en la anterior legislatura.
Desde La Moncloa creen que el PP ha llegado demasiado lejos con el bloqueo y que el hecho de que el asunto esté sobre la mesa de las instituciones europeas le ha situado en una posición indefendible “dentro y fuera de España”. De hecho, Bruselas tiene en su poder un documento del Gobierno con las más de una treintena de excusas que el PP ha ido encadenando en estos años para mantener el bloqueo. La primera arranca en agosto de 2020 con Pablo Casado al frente de los populares y termina en diciembre de este año con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. De las 14 excusas de la etapa de Casado, muchas están relacionadas con Unidas Podemos y sus ataques a las instituciones. Luego, arguyeron la necesidad de cambiar de modelo en el sistema de elección, más tarde utilizaron como treta los indultos a los líderes del procés que fueron condenados por el Tribunal Supremo y en los tiempos ya de Feijóo el argumento era que había que proteger al Poder Judicial de Pedro Sánchez.