El Gobierno fija los casos de “extrema necesidad” en los que congela dos años los desahucios
El Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que establece quiénes son los que van a poder seguir viviendo en su casa sin ser desalojados por impago de la hipoteca. Para que el banco no las expulse, las familias tendrán que ingresar ( entre todos sus miembros) menos de 19.000 euros anuales. No bastará con este umbral de renta. Además tendrán que cumplir una de estas condiciones: ser familia numerosa (3 o más hijos) o monoparental con un hijo a cargo, tener un niño menor de 3 años o un incapacitado o dependiente al cargo “siempre que no puedan trabajar”. También se librarán las familias en las que estén todos en paro y que ya no cobren prestación o los casos de víctimas de la violencia de machista.
Las condiciones exigidas dibujan el perfil de lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, llama “condiciones meritorias de necesidad”. Y hay que añadir una más, que tengan “buena fe” y que las malas circunstancias “sean sobrevenidas”. Es decir, que hayan dejado de pagar su hipoteca porque se han empobrecido en los últimos cuatro años por perder el empleo. Tanto De Guindos como la vicepresidenta dejaron claro que esta es una medida “paliativa y de urgencia” y que transformaciones más profundas como cambiar la ley hipotecaria van a necesitar mucho más tiempo y negociarse en el Congreso.
El ministro afirmó que la dación en pago “no es la posibilidad ideal” porque no soluciona el problema del techo y que puede obtenerse en algunos casos siempre que no se haya podido renegociar la hipoteca o una quita de la deuda. En su opinión, el negocio de los bancos “no es castigar a los clientes” y colaborarán. En cuanto a cómo se reformará la ley hipotecaria, ya avanzó que afectar “en profundidad” al sistema hipotecario puede ser contraproducente: “Si proteges en exceso al deudor, los bancos son reticentes. Hay que actuar con justicia pero también con inteligencia”, declaró.
Acusación al PSOE de elevar el listón
Para la segunda fase queda la reforma de la ley y otras medidas que mejoren el llamado Código de Buenas Prácticas. En vista de la poca colaboración de las entidades, el Gobierno sí avisa de que habrá que actuar contra las cláusulas abusivas, fijar el límite de endeudamiento, regular las subastas de los pisos o facilitar la independencia hacia las sociedades de tasación de los bancos y la forma de valorar las viviendas.
Es entonces cuando el PSOE y el resto de partidos entrarán en la negociación de las enmiendas. Sáenz de Santamaría no dijo cuál ha sido el obstáculo para que las discusiones con los representantes socialistas concluyeran ayer sin acuerdo. Pero vino a acusarles de haber querido elevar demasiado el listón: “Hay que hacer propuestas sensatas y razonables, no se trata de ver quién hace la propuesta más amplia o de subastar cantidades”. La vicepresidenta recordó que el PSOE gobernaba hasta hace un año y que no modificó nada sustancial en este asunto. “Quiero pensar que porque no pudieron”, djó caer Sáenz de Santamaría.
Para los que ya han perdido su casa, el Consejo de Ministros ha aprobado también crear un parque de vivienda social con los pisos que se han quedado los bancos y cajas, incluidos los que han acudido al FROB. No hay más detalles por el momento que el de “que tendrán alquileres muy razonables”.
