El Gobierno de Fabra admite por escrito que tiene la caja vacía
No hay dinero en la caja. Así de rotundo se muestra el Gobierno de la Generalitat valenciana para justificar el retraso en el pago del complemento de febrero a los policías nacionales que integran su Unidad Adscrita. Y no es que sea una gran cantidad: los 500 agentes reciben unos 250 euros del Gobierno autonómico por estar destinados en esta suerte de policía autonómica.
“Se pone en conocimiento de los miembros de la Unidad adscrita que el incentivo correspondiente al mes de febrero de 2015 (a percibir en los últimos días de marzo, como es habitual) retrasará su percepción a la primera semana del mes de abril, como consecuencia de la inexistencia de crédito en Tesorería (Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas)”. Es la expresión que utiliza el director general de Seguridad de la Generalitat, Manuel Roca Melchor, en la carta para informar del retraso en el pago al mando que dirige la Unidad Adscrita.
Seis comunidades autónomas disfrutan de este tipo de unidades adscritas, dependientes orgánicamente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, pero funcionalmente de los Gobiernos autonómicos. Es la comunidad autónoma la encargada de retribuir el plus que los policías cobran por pertenecer a ellas, así como las dietas y extras. El grueso del sueldo depende del Gobierno central.
El retraso en el pago del complemento se ha convertido en norma en los últimos tiempos. Más allá del abono a finales del mes siguiente al trabajado -como recoge el director de Seguridad en su misiva-, se viene produciendo un retraso de entre dos y tres meses, que en 2014 llegó a alcanzar los cuatro meses. En el caso de las dietas y extras, la dilación en el cobro llega a alcanzar los seis meses, según fuentes sindicales.
La carta enviada por el alto cargo de la Generalitat el 31 de diciembre es la constatación por escrito de la bancarrota en que se encuentra el Gobierno autonómico del Partido Popular a menos de 50 días de las elecciones autonómicas. A pesar de que no es un problema de su competencia, el director de Seguridad traslada al policía que dirige la Unidad Adscrita que, “con independencia de las causas que justifiquen el retraso en la percepción del incentivo, se asume personalmente esta dilación, rogando se disculpen los inconvenientes ocasionados”.
En la carta se habla de un simple retraso que se solucionaría en cuestión de días, esto es, en “la primera semana del mes de abril”. Las fuentes consultadas han precisado que la Administración prometió verbalmente abonar el complemento entre el 7 y el 10 de abril. A última hora de este martes, las transferencias aún no se habían producido.
Más de 37.000 millones de deuda
La deuda de la Comunidad Valenciana alcanzó en 2014 el 37,9 por ciento de su PIB, con una desviación de 4,5 puntos sobre el objetivo de deuda pública que tenía fijado, según los datos del Banco de España. Esto supone que la desviación fue de 4.917 millones de euros, por lo que la deuda de la Comunidad Valenciana asciende ya a 37.376 millones de euros.
En la presentación de estos datos el pasado mes de marzo, la portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, atribuyó el incremento de la deuda al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al fondo del Plan de Pago a Proveedores. Precisamente, el pago del complemento a los policías de la Unidad Adscrita se incluyó en el concepto de “proveedores”.
El 5 de marzo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió una carta a tres administraciones autonómicas advirtiéndoles de su alto grado de morosidad. Se trata de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Las tres incumplen reiteradamente el pago a proveedores y en los últimos cuatro meses han superado el periodo legal máximo de 60 días en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La ley de morosidad permite al Gobierno hacerse cargo del pago de las facturas de las comunidades autónomos cuando éstas incurran en incumplimientos reiterados. La contrapartida estaría en la deducción que el Gobierno central haría de los recursos en el sistema de financiación. La Ley de Estabilidad también prevé multas y, en último caso, la intervención de la comunidad autónoma.
