El Gobierno aún no tiene decidida la fórmula jurídica con la que el Consejo de Ministras dará la orden de exhumar los restos de Francisco Franco. Faltan por cerrar los flecos del cómo y el cuándo. La idea inicial de La Moncloa era la aprobación de un real decreto ley con el que dar cumplimiento al mandato del Congreso para sacar al dictador del Valle de los Caídos y que se convalidara una vez ejecutada la orden, pero la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez tras los cambios en el PDeCAT han sembrado dudas.
“El Gobierno ya está trabajando en el decreto”, señalaban la semana pasada fuentes conocedoras del proceso después de que Justicia trasladara a La Moncloa todo el “sustento jurídico” necesario para llevar a cabo la exhumación. En ese momento, estaba sobre la mesa que los restos se exhumaran antes de que el Congreso convalidara el decreto ley (la norma establece 30 días para que esa figura se someta a votación en el Parlamento desde que la aprueba el Consejo de Ministros).
Sin embargo, el Gobierno también baraja que primero se convalide el decreto ley y después se proceda a exhumar los restos. Las dudas que ha sembrado el PDeCAT sobre su respaldo a las iniciativas de Sánchez han motivado que el Ejecutivo quiera asegurarse que la orden queda aprobada en el Parlamento, según las fuentes consultadas por eldiario.es. Algunas voces en el Gobierno se inclinan por que la orden llegue a través de un real decreto dado que ya hubo un posicionamiento del Congreso en 2017 a favor de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
“Estamos terminando el método jurídico. Vamos a dar la orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros -aseguró el presidente en una entrevista en eldiario.es-. El Gobierno quiere hacer las cosas bien. Tenemos la decisión política tomada. Vamos a cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados, aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara”. Sánchez también esperaba una reconsideración por parte de la familia del dictador, que se opone a la exhumación y amenaza con llevar el caso a los tribunales. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que, si contaran con el visto bueno de los familiares, la retirada de los restos podría haberse llevado a cabo sin necesidad de una decisión del Consejo de Ministras.
El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha reconocido que el Gobierno está “ultimando los detalles jurídicos” para que no haya “ningún fleco” que impida acometer la exhumación del “dictador genocida”. Los socialistas quieren que todas las aristas estén cerradas para evitar problemas judiciales. Así, con el decreto ley convalidado en el Congreso impiden que un tribunal ordinario pueda revocar la decisión y solo el Tribunal Constitucional podría pronunciarse sobre su adecuación a la Carta Magna.
En el Gobierno se ha impuesto oficialmente la ley del silencio sobre este asunto. Desde la vicepresidencia, que es el departamento que ya tiene en sus manos lo relativo a la exhumación, evitan pronunciarse sobre el debate de las fórmulas jurídicas de la decisión: “Son especulaciones y ahí no vamos a entrar”, zanjan.