El Gobierno tiene un problema. O varios. Pero a las puertas de un año electoral sobre todo hay uno que se impone a todos los demás. Es la imposibilidad de fijar el marco del debate político. Hay mucho ruido y algunas nueces, pero como los partidos se han abonado a la bronca, la estruendosa bulla junto a la convulsión institucional no permiten vislumbrar los claros que se abren en medio de la tormenta económica que provocó la guerra en Ucrania justo después de la pandemia. Tras un gobierno a la gresca; un Parlamento, convertido en barra de bar; un Poder Judicial, bloqueado y un Constitucional, usado como tablero en el que dirimir diferencias ideológicas, hay una España que avanza, no sólo por inercia, y de la que se habla poco.
Las medidas del Gobierno contra la crisis empiezan a dar sus frutos, pero todos los intentos de La Moncloa por imponer esa agenda en la discusión pública resultan baldíos. Una semana más Pedro Sánchez ha intentado, con escaso éxito, poner en valor los resultados de su gestión económica para alejarse de la estruendosa narrativa partidista. Y eso que los datos macro le son favorables: el retroceso en la subida de los precios por cuarto mes consecutivo, el mejor dato de inflación de toda la zona euro, el descenso del paro hasta mínimos que no se conocían desde 2007 antes del crash inmobiliario, la subida de un 21% de los beneficios de las empresas, la aprobación de los terceros presupuestos generales del Estado consecutivos…
Nada de ello ha logrado traspasar la barrera del bullicio porque la derecha y la ultraderecha apenas hablan ya de economía. En el barrizal en que se ha convertido la política, lo que cotiza al alza es el insulto, la bronca y la hipérbole constante. Claro que la gresca entre los socios de la coalición, tampoco ayuda a la estrategia monclovita para que se imponga en el debate el éxito de su planes anticrisis.
Para desesperación de los estrategas de Sánchez, el resultado más evidente de todo ello es que desde hace semanas, el Gobierno no consigue marcar la agenda. Lo que manda es el ruido que provoca la oposición con asuntos que nada tienen que ver con la economía y, “probablemente, tampoco con lo que más preocupa a los españoles”, añaden fuentes gubernamentales.
El pasado mes ha sido el noviembre con menos paro registrado de los últimos 15 años mientras que la afiliación media se mantiene en los 22,28 millones de cotizantes y el empleo indefinido sigue ganando peso. España está, además, doblegando la curva de la inflación de tal modo que su IPC es ya el más bajo de la eurozona y Hacienda ha alcanzado en solo diez meses la recaudación prevista para todo el año. Y todo gracias a las medidas del paquete anticrisis desplegado por el Gobierno, como el mecanismo ibérico, la subvención a la gasolina, la gratuidad en el transporte público o la mejora del empleo.
Pedro Sánchez y sus ministros tratan de enfatizar los datos de la gestión económica para sortear los asuntos que más división interna generan en el PSOE y mayor desgaste electoral pueden provocar en el presidente del Gobierno frente a los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí, la derogación del delito de sedición, la tragedia de Melilla o el polémico nombramiento como magistrado del Constitucional del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Mientras los socialistas hablan de empleo, fondos europeos o retroceso en la subida de precios, la derecha y la ultraderecha se desgañitan para dibujar a un presidente que sólo gobierna para sí mismo y cede a las presiones de sus aliados parlamentarios, especialmente a las de los independentistas catalanes y vascos. Justo las dos alianzas que más ampollas despiertan en algunos territorios del socialismo y más daño pueden hacer a sus siglas en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo.
El pleno de esta semana pasada en el Congreso de los Diputados acabó en una sesión vocinglera que dejó un aroma claramente preelectoral. El detonante esta vez fue una intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la ley del sólo sí es sí que acabó con una acusación al PP de fomentar “la cultura de la violación”. La bancada popular estalló en cólera y la presidenta, Meritxell Batet, no fue capaz de mantener el orden ni hacer callar a los populares, que a gritos pedían una rectificación. El día antes, la diputada de Vox Patricia Rueda, que llamó “filoetarras” y “delincuentes” a los socios del Gobierno, era expulsada del pleno por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Gómez de Celis. Y esto, mucho más que los datos económicos, es lo que refleja la prensa del día siguiente.
La derecha ha encontrado en la aplicación de unas de las leyes estrella de Igualdad que ha provocado la rebaja en las penas de abusadores sexuales un filón para atizar con dureza a la ministra del ramo y abrir de paso una fisura más en el seno de la coalición. Y es que mientras que la parte morada no reconoce fallo alguno en la redacción del texto legal, hay sectores socialistas que admiten, “precipitación” y “exceso de celo” por parte de Igualdad y son partidarios de corregir el error cuanto antes.
Inquietud en el PP por la estrategia de Feijóo
Este es un asunto que, a diferencia de otros con los que las derechas pretenden desgastar al Gobierno, “sí ha provocado ruido en la calle y cierta alarma social”, admiten fuentes gubernamentales. En La Moncloa defienden que ni el polémico nombramiento, a propuesta del Gobierno, del ex titular de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional ni la eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados harán mella en las expectativas electorales del PSOE. De hecho sólo los barones socialistas Emiliano García Page y Javier Lambán han levantado la voz contra la reforma.
Cuestión distinta es la modificación del delito de malversación que ERC pretende incluir a través de una enmienda durante la tramitación parlamentaria y que Sánchez está dispuesto a estudiar, pese a que la revisión podría beneficiar a decenas de condenados por corrupción. Este extremo no es del agrado ni de todos los ministros ni de la inmensa mayoría de líderes territoriales, como ha puesto de manifiesto públicamente el valenciano Ximo Puig, quien tampoco cree que haya sido una buena idea designar miembro del Constitucional a un ex ministro de Justicia.
“Una cosa es el ruido político y otra el ruido de la calle ”, arguyen desde la parte socialista del Ejecutivo, donde están convencidos de que 2022 “acaba bien para el Gobierno”, tras la aprobación de sus terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos, con la inflación en retroceso y con un líder de la oposición “que en solo seis meses ha perdido el crédito” con el que llegó a Madrid desde Galicia.
Ciertamente, la decisión del líder del PP de romper con el Gobierno las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha afectado negativamente a la valoración de Feijóo en los sondeos mientras Pedro Sánchez parece haber salido reforzado por el obstruccionismo de la derecha, si bien está aún por probar el efecto del nombramiento de Campo. Las últimas encuestas publicadas sobre intención de voto reflejan una caída del apoyo ciudadano al líder popular, lo que ha abierto el debate entre numerosos cargos del partido sobre la estrategia del sucesor de Casado y el equipo con el que ha desembarcado en la calle Génova.
Con las elecciones autonómicas y municipales de mayo como meta, en las filas populares no sólo se nota ya la inquietud por la elaboración de las listas y los cambios de cara que Feijóo pretenda plantear, sino también por la evolución de las encuestas en un momento en que los datos económicos son favorables al Gobierno, aunque el PP haya decidido obviarlos o camuflarlos bajo la bronca semanal.