El Consejo de Ministras ha iniciado este viernes el procedimiento para exhumar a Franco del Valle de los Caídos con la aprobación de un acuerdo de incoación que abre el plazo para que la familia del dictador presente alegaciones. Ese periodo, de 15 días, le permitirá personarse o comunicar el lugar donde desean que sean sepultados los restos del militar sublevado. Se trata de un trámite técnico, anunciado el pasado viernes e incluido en el real decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica, con el que el Ejecutivo inicia un proceso que cree que puede prolongarse hasta final de año.
Si en el plazo de esas dos semanas la familia Franco no comunica al Gobierno el lugar donde quiere que sea enterrado el dictador, será el Ejecutivo el que decida a dónde se trasladarán sus restos “asegurando una digna sepultura”. Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados y un informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes. Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a la familia para que presente alegaciones y, transcurrido este, otro Consejo de Ministras, mediante “Acuerdo motivado” resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.
Precisamente ayer se conoció que la familia Franco había enviado un burofax al presidente del Gobierno en el que amenaza a Pedro Sánchez con iniciar acciones penales y civiles contra él por haber aprobado el decreto de exhumación de los restos del dictador sin haber justificado la urgencia de la medida. La carta, firmada por el nieto de Franco José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, marques de Villaverde, fue remitida el pasado 23 de agosto, un día antes del Consejo de Ministras que dio luz verde al real decreto ley.
El nieto del dictador, en nombre de la Fundación Francisco Franco, amenazaba con presentar una querella por entender que la aprobación de la norma constituye los delitos de prevaricación, profanación de sepultura ubicada en un lugar de culto, y usurpación de funciones“.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que esa querella “no va a cambiar la decisión firme” de sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. Ha defendido que la decisión del Ejecutivo “está firmemente determinada a exhumar los restos mortales de Franco” y para ello ya han puesto los procedimientos oportunos. “No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático a un dictador y creo que, como decía la vicepresidenta en la pasada rueda de prensa del Consejo de Ministros, hemos tardado bastante, así que vamos a ello y esto no va a cambiar nada”, ha subrayado Celaá.
En este sentido, ha asegurado que desde el Gobierno de España se está “regenerando la democracia en todos los frentes” y es por eso por lo que considera que “arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz y justo para todo el mundo”.
La reunión de este viernes ha estado presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra esta semana en una gira por cuatro países de América Latina.