El Gobierno, y especialmente el Ministerio del Interior, mantienen en las últimas horas un juego de equilibrios entre la necesidad de salir al paso de las exigencias de transparencia sobre las actuaciones del comisario José Manuel Villarejo y el temor a que el policía se sienta agraviado y decida revelar secretos que pongan en una difícil situación a miembros del Ejecutivo e instituciones del Estado.
De acuerdo a las afirmaciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el comisario es investigado por posibles incompatibilidades en relación con su abultado patrimonio, así como por la filtración de la grabación realizada durante su reunión con Ignacio González. A esta última investigación ha evitado hacer referencia en sus intervenciones el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien, de gira europea, se dedicó la tarde del miércoles a ensalzar la trayectoria profesional del comisario.
El Ministerio del Interior no consideró necesario investigar por qué un policía de la lucha antiterrorista (Enrique García Castaño) y un supuesto “agente encubierto” –como se presenta en el audio Villarejo– acudieron a hablar con Ignacio González siete días después de que el PP ganara las elecciones, la conversación acabara grabada y terminara en los medios de comunicación.
Durante el extracto filtrado, Villarejo pide a González que consiga un recibo de alquiler de su ático de lujo y después dice: “En lo que a mí respecta, ya lo sabes, somos troncos y a tomar por culo, macho”. García Castaño les recomienda que no hablen por teléfono en fechas posteriores porque “no es seguro”.
Solo después de que El País revelara que José Manuel Villarejo y su entorno más próximo poseen 12 sociedades por valor de 16 millones de euros, el Ministerio del Interior anunció una investigación al policía. Habían pasado más de 24 horas desde que El Mundo y la cadena Ser habían publicado el audio de la reunión. La investigación citada trata de determinar si existen incompatibilidades entre el puesto de funcionario del policía y la existencia de esas sociedades. El comisario asegura que ha obtenido permiso de los sucesivos Gobiernos, incluido el actual, para mantenerlas, y que su patrimonio proviene de los diez años que pasó en excedencia, entre 1983 y 1993.
El Ministerio del Interior decidió que Ignacio Cosidó saliera a dar explicaciones en la televisión pública 24 horas después de la publicación del patrimonio de Villarejo y dos días más tarde de que apareciera publicada la grabación. En 'La noche en 24 horas', Cosidó aseguró que a la investigación sobre las posibles incompatibilidades se había unido otra acerca de la filtración de audio y que, según reveló en ese momento, había sido abierta “con carácter inmediato” a la publicación de dicha grabación. Estas declaraciones de Cosidó fueron el martes por la noche. El miércoles, Jorge Fernández Díaz dio el contrapeso en Estrasburgo al asegurar que el comisario Villarejo “ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”.
El ministro eludió en todo momento la investigación acerca de la grabación de la entrevista con su compañero de partido y añadió: “El informe de la Policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo, salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad”. Ya al anunciar esta investigación el día anterior el ministro había restado importancia al patrimonio acumulado por el policía.
Esta redacción intentó recabar información el jueves sobre las investigaciones al comisario, sin éxito. El Ministerio del Interior derivó a la Dirección General de la Policía y un portavoz de esta rechazó comentar si las llevaba a cabo la Unidad de Asuntos Internos o la de Régimen Disciplinario, remitiendo en todo momento a las declaraciones en TVE de Ignacio Cosidó.
Fernández Díaz habló de la contribución de Villarejo a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado, pero evitó referirse a aportaciones más recientes. Por la mañana, eldiario.es había publicado que Interior condecoró hace un año a Villarejo con una medalla pensionada por sus investigaciones sobre políticos catalanes que impulsan el proceso soberanista. En concreto, fuentes policiales vinculan al comisario con los viajes que sirvieron para que algunos medios informaran de supuestas cuentas de responsables de CiU en entidades bancarias de esos estados. Meses después, esas informaciones no prosperaron en un juzgado o directamente se revelaron falsas, como la que atribuía al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, una cuenta en un paraíso fiscal.
Corinna y el rescate
Para contextualizar las declaraciones de los responsables de Interior hay que atender a la web informacionsensible.com, que, como publicó elconfidencial.com, controla el propio Villarejo. Justo el día antes de que Fernández Díaz destacara la trayectoria profesional del policía, el citado portal publicaba un editorial titulado “Las claves de la campaña contra el Comisario Villarejo”. En él se vinculan las publicaciones acerca del policía con “denuncias” que este habría realizado meses atrás, sin especificar a quién ni por qué: la pérdida de dinero de los fondos reservados de “un servicio de inteligencia”, mientras intentaba pagar “el rescate de unos periodistas”; y que “una tal Corinna quiera denunciar en el Reino de España las amenazas que un sujeto –al que llama ‘El troll’– le ha infringido a ella y a sus hijos, salvo que vuelva a los brazos del señor”.
De este modo, Villarejo ligaba dos informaciones que afectan a dos pilares del Estado: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia Jefatura del Estado. La primera amenaza velada se refiere a una información ya publicada sobre el extravío de un dinero destinado a rescatar en el extranjero a ciudadanos españoles en manos de islamistas radicales. La segunda hace referencia a la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien asegura haber realizado importantes servicios para España y que engordó su patrimonio en 30 millones de euros por ello, según publicó Interviú.
Ese texto hace una referencia velada a la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría. De la vicepresidenta del Gobierno depende el Centro Nacional de Inteligencia, al que el medio de Villarejo atribuye la información de El País sobre su patrimonio y con el que mantiene un enfrentamiento desde hace años por cuestiones competenciales, según las citadas fuentes, que se volvió encarnizado con el asunto del ‘pequeño Nicolás’.
Villarejo considera que el CNI, con la ayuda de su gran enemigo dentro de la Policía, el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, trató de implicarle de forma falsa en la trama alrededor del joven. Fuentes policiales dan por segura la destitución de Marcelino Martín, que ahora disfruta de unas vacaciones, tras su enfrentamiento con Villarejo. Y lo ponen como muestra del poder del comisario y del miedo que infunde en los responsables del Ministerio del Interior. Para abundar en esta tesis, recuerdan que el caído en desgracia, Martín Blas-Aranda, es un comisario vinculado históricamente al Partido Popular y que ya colaboraba con este cuando estaba en la oposición.
La irrupción pública del comisario Villarejo en la actualidad política se produjo días antes de que Mariano Rajoy decidiera que Ignacio González no iba a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, inmerso como está en una investigación judicial por el origen de su ático en Estepona (Málaga). Las primeras noticias al respecto surgieron hace ahora tres años, pero se reavivaron el 1 de marzo con la publicación de una nota interna escrita por el comisario a finales de 2011 en la que aseguraba que el presidente le había pedido que tapara el asunto. El asunto se agravó con la publicación de la grabación realizada en secreto. Ese es el arma que mandos policiales atribuyen al comisario Villarejo. “Los tiene grabados a todos. Tiene información de todos”, coinciden en señalar.