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En la rendición de cuentas de todo lo relativo a la seguridad de la Casa Real hay dos instituciones que chocan constantemente: el Gobierno, que rechaza dar cualquier detalle sobre los dispositivos que protegen a la familia real; y el Consejo de la Transparencia, que en multitud de ocasiones ha echado al traste los argumentos que usa el Ejecutivo para mantener oculta esa información. Sin embargo, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia ha tenido poco éxito en su intento por arrojar luz a una cuestión sepultada en la opacidad: el personal que el Ministerio del Interior destina a la jefatura del Estado y el coste que supone para las arcas públicas.
El Gobierno acumula resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que detalle cuestiones como el número de agentes de los que dispone la Casa del Rey, el presupuesto que se gasta en esa partida o el personal que acompaña al rey emérito y el coste en dietas que conlleva, según varias resoluciones analizadas por esta redacción. Todos esos datos permanecen en secreto, a pesar de que cada movimiento del rey tiene detrás un importante despliegue.
El Ministerio de Interior ha desoído una resolución de la institución que vela por el acceso a la información pública tras una solicitud de elDiario.es sobre el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en la Casa Real. El Consejo de Transparencia vio oportuno que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ofreciera esos datos argumentando, entre otras cosas, que no supone un riesgo para la seguridad pública, como defendía Interior: “No pidiéndose detalle alguno en cuanto a la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos, sino el mero número global, no ha quedado acreditado ni se alcanza a discernir en qué medida su conocimiento público puede revelar ”fortalezas y debilidades“, como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real”.
A pesar de que esa resolución desmonta los argumentos que había esgrimido el ministerio para denegar la petición, Interior se reafirmó en ellos aduciendo que la ley de secretos oficiales dice que tiene carácter “reservado” aquella información relativa a “las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades”. Por eso consideró que le ampara la ley de transparencia para ocultar el número de agentes destinados a Zarzuela y se negó a remitirlo.
Pero no solo desoía al Consejo de Transparencia en ese caso, sino que en otro anterior el organismo ya había desmontado el argumento de que es una información considerada reservada bajo la premisa de que, de ser así, debería existir “una previa declaración de secreto”, que en todo caso, señalaba, no se había aportado al procedimiento. “A falta de este requisito esencial, debe analizarse si dar la información solicitada atenta contra la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”, continuaba el Consejo en su resolución, que también rechazaba que ofrecer el presupuesto destinado a la protección de la Casa Real desde el año 2000, como exigía el peticionario, supusiera desvelar la dimensión de un dispositivo concreto, que era otra de las razones que daba Interior para rechazar la solicitud al considerar que podía supone un “peligro”.
“Concluir que dar un presupuesto sobre seguridad refleja la dimensión de seguridad de los miembros de la Casa Real y, en consecuencia, pudiera perjudicar su efectividad, no se corresponde con la naturaleza de la información (...) ni con el alcance amplio que ha de darse al derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, la interpretación restrictiva y debidamente justificada que ha de realizarse respecto de sus límites”, señala el Consejo de Transparencia, que se basa en una sentencia del Tribunal Supremo para su argumentación.
Otra de las alegaciones de Interior que Transparencia echa por tierra en varias de las resoluciones analizadas es que aportar información sobre los efectivos ponga en riesgo la protección de datos de carácter personal: “No se solicitan datos personales contenidos en documentos de la Administración o información que, eventualmente, pudiera desvelar información de carácter personal, sino datos presupuestarios de carácter económico que ninguna incidencia tienen en la esfera personal de los encargados de llevar a cabo las actuaciones de seguridad”.
Límites también de Presidencia
Pero no solo Interior trata de limitar la información sobre ese tipo de gastos. También la secretaría general de Presidencia, que es a quien corresponde dar la información sobre la jefatura del Estado que se solicita al amparo de la ley de 2013. En una resolución emitida en diciembre de 2020, el organismo obligaba al departamento que entonces pilotaba Félix Bolaños a remitir el presupuesto asignado para los viajes de la familia real desde el año 2000 así como el dedicado a la protección de sus miembros. Presidencia había usado idénticas explicaciones para denegar la información: que se trata de un asunto reservado y que puede “comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma”.
Lo mismo ocurre con la seguridad del rey emérito. El Ministerio del Interior se negó a concretar el número de escoltas que acompañan a Juan Carlos I en su estancia en Abu Dabi. elDiario.es reveló posteriormente que dispone de tres ayudantes de cámara cuyos salarios y dietas abona Patrimonio Nacional, pero se desconoce el personal de seguridad a su servicio. Además de escudarse de nuevo en el carácter reservado de los dispositivos policiales, calcó los pretextos de los otros casos en respuesta a una solicitud de esta redacción: “Implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección”.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente el recurso de un particular que pidió a Interior el gasto de la escolta de Juan Carlos de Borbón desde su abdicación, qué parte corresponde a dietas y el número de viajes realizados por el exjefe del Estado. El gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad insistió en el “peligro” que podía suponer hacer pública esa información para la persona en cuestión y “sus equipos de protección” y añadió: “No cabe disociar las concretas partidas presupuestarias destinadas a los distintos ámbitos en que dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen sus cometidos y no resulta factible además de ser impracticable”.
De nuevo el Consejo de Transparencia desdeñó las explicaciones de ese departamento y, en concreto, cargó contra el argumento de que no se pueden diferenciar los costes. “Al tratarse de un gasto efectuado que ha de imputarse a una partida concreta y ser objeto de los controles contables correspondientes, el mismo podría ser fácilmente identificable sin necesidad de un tratamiento específico o que desborde las capacidades del organismo”, sentenciaba en la resolución en la que instaba al departamento de Marlaska a dar los datos sobre el gasto que supone la escolta del exjefe del Estado y concretar qué parte responde a dietas. Lo que dejaba fuera era el número de viajes al extranjero al entender que requería de una “acción previa de reelaboración” (para hacer el listado) que queda fuera de las obligaciones que la ley de transparencia impone a las administraciones.
A pesar de las resoluciones favorables en la batalla por la transparencia en las cuentas de la jefatura del Estado, las instituciones hacen oídos sordos del Consejo de Transparencia, que no tiene capacidad de obligar a que se cumplan sus resoluciones. Es una laguna de la norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que deja en manos de los solicitantes de la información seguir la pelea en los tribunales, con el coste que ello supone.
Recientemente, el Consejo de Transparencia también ha instado a Interior a desvelar cuánto gasta en escoltas cada miembro del Gobierno en sus viajes privados. El ministerio denegó la petición de una ciudadana bajo el argumento de que es una información que tiene “carácter reservado” y que su “divulgación a personas no autorizadas” puede “generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma”, informa Europa Press. Transparencia considera que ese carácter reservado no abarca de modo genérico “a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Para ese organismo, no “cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma”. “Tampoco se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas”, remata esa resolución.