3.200 personas han sido sancionadas por su participación en las manifestaciones celebradas durante los años 2012 y 2013 en la calles de las ciudades españolas. Madrid, con gran diferencia, se lleva la palma en la estadística de multas y dinero reclamado. Según los datos obtenidos por eldiario.es de las delegaciones de Gobierno, el total de expedientes sancionadores fue de 3.249 y el dinero reclamado por el Ejecutivo alcanza la cifra de 587.432 euros.
La delegación de Gobierno madrileña, dirigida por Cristina Cifuentes, ha incoado el 43% de los expedientes a nivel nacional y reclama el 60% del dinero total impuesto a cobro en concepto de multas.
Los expedientes abiertos por el Gobierno se refieren a posibles incumplimientos en la Ley orgánica 1/1992 sobre protección de seguridad ciudadana. Se trata de sanciones relacionadas con defectos en la comunicación de las protestas a la Delegación de Gobierno.
En el caso de Madrid, las sanciones se multiplicaron en 2012 un 900% con respecto al año anterior. Fuentes de la Delegación de Gobierno explican que el número de manifestaciones no comunicadas en ese año fue de 734, una cifra muy superior a las 340 del 2011, lo que explicaría el incremento de expedientes sancionadores a los convocantes o a los asistentes a las mismas.
Detrás de Madrid, en número de sanciones se sitúa Andalucía, con un total de 789 expedientes y una imposición de multas por valor de 42.624 euros. A continuación, está Castilla-La Mancha con 374 expedientes y Valencia con 238.
Parte del dinero en multas, contabilizado por el Gobierno, está pendiente de cobro. Por ejemplo, de los 184.952 euros que Madrid impuso en multas en 2012, tan solo recaudó 75.461 durante el plazo voluntario de pago.
La información que se recopila en la siguiente tabla ha sido enviada por las delegaciones del Gobierno al Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado socialista Antonio Trevín. Los datos aportados recorren el periodo entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. Las comunidades de Valencia y Castilla y León han omitido en su comunicación la información relativa al dinero reclamado a los manifestantes.
En la tabla no figura información sobre Cataluña o País Vasco, al ser el gobierno de esas comunidades el competente en la materia, a través de sus policías autonómicas.
Encarecimiento de las multas
Los datos recogidos por esta redacción son previos al anuncio de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El nuevo texto legal prevé un encarecimiento notable de las sanciones. El nuevo texto legal plantea hasta 16 nuevos supuestos sancionables. En la actualidad, las multas van desde los 90 hasta los 300 euros para infracciones leves y pueden llegar hasta los 6.000 euros, en el caso de infracciones graves.
Con la nueva ley, esas sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros. Esa cifra es el máximo previsto para supuestos como la convocatoria de manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, a través de las redes sociales.