El Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear en julio la renovación del Constitucional

Se acabó el debate jurídico y se acabaron las tretas para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno ha decidido mover ficha y ha dado con la fórmula para que el máximo garante de la Carta Magna pueda ser renovado aun estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Será a través de una reforma legal que permitirá al máximo órgano de gobierno de los jueces nombrar a los magistrados aunque su mandato haya caducado.

El PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, de la que ya han informado a sus socios de coalición, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá al CGPJ renovar dos de los cuatro magistrados, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio. Los otros dos serán propuestos por el Gobierno en el primer Consejo de Ministros que se celebre tras el nombramiento que corresponde al Poder Judicial, cuyo mandato también expiró en 2018 y ha sido imposible renovar por el bloqueo del PP, que se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Con la normativa actual, se había suscitado un debate jurídico sobre si el Ejecutivo podía o no renovar a los togados que le corresponde si antes el CGPJ no cubría las vacantes de su cupo. Por eso la reforma planteada por los socialistas –que ha sido comunicada a la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra– autoriza al Consejo a realizar esos nombramientos estando en funciones.

Se trata de la modificación de un simple artículo de la ley del Poder Judicial, el 570 bis de la LO 6/1985, por lo que en La Moncloa calculan que el texto podría entrar en vigor el próximo julio, ya que se tramitará con carácter de urgencia y en lectura única para desbloquear la renovación del TC antes de que lleguen las vacaciones de agosto. Así, una vez que el Poder Judicial eligiera a sus dos representantes, la intención del Gobierno sería nombrar de inmediato a los dos que le corresponden, cuyos nombres aún no están decididos, según ha podido saber elDiario.es de fuentes gubernamentales.

Qué dicen las leyes

El artículo 159 de la Constitución establece, en su apartado primero, que el TC estará integrado por 12 miembros nombrados por el rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro, a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Pero, con el Consejo en funciones, había dudas sobre si podían elegir a los dos magistrados que les corresponde por mandato constitucional. Y es que la facultad para proponerlos se encuentra reconocida en el artículo 560.1.2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, un precepto que regula el conjunto de facultades que legalmente se le atribuyen a este órgano con carácter general. Sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de ley que registrarán este viernes los dos socios de la coalición de Gobierno se recuerda que la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, “ha introducido un nuevo artículo 570 bis con el propósito de restringir las facultades atribuidas con carácter general al Consejo General del Poder Judicial, una vez que finaliza el plazo para su renovación sin que hayan podido ser designados los nuevos vocales”. Y, entre las facultades que el Consejo deja de poder ejercer, se encuentra precisamente el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que por imperativo constitucional debe designar.

Es decir, el nuevo régimen que la Ley Orgánica 4/2021 establece para el Consejo General del Poder Judicial cuando este pasa a estar en funciones no contempla la facultad de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que obliga a esperar a la renovación del Consejo, que depende de la voluntad de acuerdo de un PP que se ha negado a renovarlo desde hace cuatro años. 

El Gobierno entiende que para evitar esta situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar. 

Casi cuatro años de bloqueo del PP

La Constitución establece que los magistrados se renuevan por tercios cada tres años, y los cuatro magistrados que le corresponden al Congreso fueron renovados ya el pasado 17 de noviembre de 2021. Unos meses después, en marzo también tomaron posesión los cuatro propuestos por el Senado. La posibilidad de una renovación de los bloques de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ por separado había generado incertidumbre en el propio tribunal de garantías y los sectores más conservadores de la judicatura, precisamente por la última reforma que limitó las competencias del órgano de los jueces mientras estuviera en funciones. Y desde el Ejecutivo se había culpado hasta ahora al PP de esta situación, ya que los populares mantienen el bloqueo a la renovación del Poder Judicial desde 2018 para imponer la mayoría conservadora en el CGPJ y también en el Constitucional, que en el último año ha tumbado la estrategia jurídica que impulsó el Gobierno de Sánchez para hacer frente a la pandemia: los dos decretos de alarma y el parón del Congreso durante los primeros meses, en respuesta a un recurso de VOX.

La cuestión no es baladí en tanto en cuanto el Constitucional tiene pendiente además pronunciarse sobre cuatro leyes relevantes desde el punto de vista ideológico como son la del aborto -que tiene pendiente desde hace más de una década-, la de eutanasia, la última de Educación y la que impide que el CGPJ realice nombramientos mientras está en funciones. Y no hay señales en el horizonte de que Alberto Núñez Feijóo vaya a retomar de inmediato las conversaciones que abrió con La Moncloa el pasado abril, cuando se reunió con Pedro Sánchez al ser proclamado presidente del partido y abordar algunos asuntos de Estado.

Tras aquella cita, Feijóo tardó casi 20 días en designar a uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, como interlocutor del Gobierno. Pero la negociación a día de hoy sigue paralizada. El PP dijo primero que todo lo hablado hasta entonces con la dirección de Pablo Casado, quien negociaba a través del consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, no le era válido y que había que reiniciar las conversaciones desde cero. Luego, negó que se sintiera impelido a llegar a un acuerdo por la fecha tope del 12 de junio, cuando caducaba el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional. Y, finalmente, pospuso el inicio hasta que se celebraran las elecciones andaluzas que tuvieron lugar el pasado domingo.

Nada ha cambiado por tanto en el PP con el cambio de liderazgo en lo que respecta al bloqueo institucional que mantuvo Pablo Casado, con quien el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo conversaciones en todo momento e incluso estuvo a punto de cerrar un acuerdo del que los populares se desmarcaron en el último momento por presiones políticas, judiciales y mediáticas. Feijóo va por el mismo camino, y de ahí el movimiento del Gobierno, después de haber tragado hace un año con el nombramiento, a propuesta del PP, de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional, a pesar de ser conocida su afinidad a dicho partido, cobrar a través de un despacho de abogados hasta un millón de euros de administraciones gobernadas por los populares y de haber infringido la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo.

Cuando la reforma entre en vigor, previsiblemente el próximo julio, la pelota estará ya en el tejado de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, que tendrá que nombrar de inmediato a dos magistrados para que el Gobierno haga lo propio con los que le atribuye la Constitución y se acabe con una situación de todo punto insostenible, además de con una flagrante anomalía democrática.